Artículos

Las ocupaciones de viviendas durante el gobierno de Salvador Allende. Posiciones enfrentadas y en diálogo entre el Gobierno, la CChC y los pobladores.

Housing occupations during the government of Salvador Allende. Opposed positions and in dialogue between the Government, the CChC and the residents.

Dr. Oscar Riquelme Gálvez

Universidad de Chile, Chile.

oscarriquelme@ug.uchile.cl

https://orcid.org/0000-0003-1741-072X

Recibido el 25 de diciembre del 2024     Aceptado el 25 de marzo del 2025

Páginas 245-278

Financiamiento:Se financió con recursos propios.

Conflictos de interés: Los autores declaran no presentar conflicto de interés.

Un adelanto exploratorio de este artículo fue presentado en las XIII Jornadas de Historia Social Popular de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Resumen: Esta investigación explora las tomas de viviendas como un problema habitacional y un mecanismo de presión ciudadana que experimentó la metrópoli de Santiago de Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Desde la historia urbana con foco en lo social, se describe y explica quiénes eran las personas detrás de las tomas y cuáles fueron sus principales características, pero también, se aborda cómo la institucionalidad afrontó dicho escenario. Gracias a la pesquisa de prensa y documentación institucional, se permite afirmar que estas movilizaciones, amparadas en un alto déficit habitacional y un aumento en las expectativas ciudadanas de desarrollo, hostilizaron al mercado habitacional e incomodaron al gobierno de Salvador Allende. Como consecuencia, la UP debió ejercer medidas coercitivas promocionando una ley contra el delito habitacional, aunque su real apuesta radicó en un ambicioso Plan Habitacional de acceso universal. No obstante, la elevada productividad de viviendas alcanzada en 1971 no se sostuvo en el tiempo y luego del paro patronal de octubre de 1972, las movilizaciones se reactivaron llevando a que ciertos grupos postergados accedieran a las infraestructuras formales de la ciudad por el mecanismo de la fuerza.

Palabras clave: Unidad Popular, CORVI, tomas de viviendas, mercado habitacional.

Abstract: This research explores housing seizures as a housing problem and a mechanism of citizen pressure that the metropolis of Santiago de Chile experienced during the UP government. From urban history with a focus on the social aspect, it describes and explains who the people behind the occupations were and what their main characteristics were, but it also addresses how the institutions faced this scenario. Thanks to the press investigation and institutional documentation, it is possible to affirm that these mobilizations, supported by a high housing deficit and an increase in citizen expectations of development, harassed the housing market and inconvenienced the government of Salvador Allende. As a consequence, the UP had to exercise coercive measures by promoting a law against housing crime, although its real commitment lay in an ambitious Housing Plan for universal access. However, the high housing productivity achieved in 1971 was not sustained over time and after the employers' strike of October 1972, the mobilizations were reactivated, leading to certain neglected groups accessing the city's formal infrastructure through the mechanism of force.

Keywords: Unidad Popular, CORVI, ocuppation of urban properties, housing market.

Introducción

En 1970, Santiago de Chile, capital de la nación, concentraba 3,1 millones de habitantes. Esto significaba concentrar casi un tercio de la población urbana del país. Su crecimiento escasamente planificado (recién en 1960 se publicó el primer Plan Regulador Intercomunal) ha tenido como costo asumir una forma urbana que se caracteriza por ser segregativa y desigual con los sectores de renta baja menos favorecidos del sistema. Es por eso por lo que fueron más pronunciados los problemas ligados a la falta de vivienda en la capital, que en otras ciudades del país^[1].

En consecuencia, este estudio trata sobre una de las consecuencias sociales que debió afrontar la institucionalidad frente a una amplitud de demandas en la materia, como lo fueron ciertas acciones urbanas que demandaban un mayor acceso a los servicios, tanto de la ciudad, como de la vivienda. Las “tomas colectivas de bienes urbanos” fueron un fenómeno que se pronunció durante este período, pero que debe ser entendido, no por una coyuntura política (el caso de la elección presidencial de 1970 es citado como una causa detonante del problema^[2]), sino más por una situación estructural de subdesarrollo y modernización urbana que experimenta el país, que tiene que ver más con la (in)estabilidad macroeconómica, escasez productiva de la oferta habitacional, además de las experiencias todavía prematuras en planificación urbana y de prefabricación industrializada que lideraba el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU) y sus corporaciones^[3]. En suma, las causas son multifactoriales.

El breve ciclo de amplias mudanzas en materia habitacional que representó el gobierno de Salvador Allende buscó ser integral y definitiva. El papel de las corporaciones con capacidad autónoma del fisco, pero dependientes del MINVU, como la Corporación de la Vivienda (CORVI), Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) y Corporación de Servicios Habitacionales (CORHABIT), fueron clave para enfrentar el problema de la escasez de oferta y designación de viviendas económicas^[4]. Principalmente, la CORMU se encargó de promover “soluciones en altura” de alta gama para sectores populares, mientras que la CORVI buscó “romper todos los récords en materia de construcción de viviendas en la historia del país”, como parte de los planes de dinamizar la economía y constituir la vivienda como un “derecho ciudadano”, en palabras de Hiram Quiroga, Vicepresidente de la CORVI en ese entonces^[5].

En ese contexto, esta investigación se interroga por cómo la institucionalidad afrontó las tomas de viviendas durante 1970-1973, y en qué medida los intereses institucionales se vieron tensionados, desde abajo, por una mayor profundidad de las reformas.

La acción de “tomar” colectivamente los bienes urbanos durante la Unidad Popular han sido poco estudiados por la historiografía chilena. Su relevancia queda ensombrecida por la amplia dimensión que tuvieron las tomas de predios no urbanizados. Pues, su particularidad subyace con relación a lo que se “toma” es una mercancía producida, que ha debido pasar primero por una cadena de procesos en el ámbito de la construcción habitacional:  adquisición del predio, contrato de obras con la constructora, obras de faena, terminaciones y urbanización. Asimismo, las tomas de viviendas se caracterizaron por desarrollarse durante las faenas de obras o antes que el beneficiario legal hiciera posesión material del bien producido. Por lo tanto, se piensa que un conjunto variado de actores, tanto de las capas bajas, como medias de la sociedad, se hizo participe de estas acciones que incomodaron y debieron ser resistidas, tanto por intereses poderosos, como por capas sociales similares.        

Vicente Espinoza alude a la figura del poblador como un actor que participó colectivamente en las tomas, no bajo un principio único, más bajo la reivindicación de ciertas demandas relacionadas con afrontar el problema de la vivienda^[6]. En esa línea, Mario Garcés considera que las tomas fueron el resultado “de la mayor movilización social sesentista”, que implicaron durante el gobierno de la Unidad Popular modificar las “relaciones de poder”^[7]. En esa línea, la geógrafa urbana Fabiana Valdoski Ribeiro cataloga esta acción como una “práctica socioespacial de resistencia”. En otras palabras, son luchas por el espacio que permiten visibilizar las contradicciones generadas por el capitalismo. Asimismo, se concibe como un tránsito en la apropiación colectiva de los bienes individuales, que, en palabras de la autora, “pasan a ser concebidos como bienes comunes, por los sectores rebelados de la sociedad”^[8]. En ese sentido, la resistencia como práctica emerge como sobrevivencia a las relaciones de propiedad y confronta la violencia simbólica (precariedad física, material y social) del espacio de las instituciones, de los tecnócratas, que se torna objeto e instrumento de acumulación del capital^[9].

Recientemente, el análisis que hicieron Emanuel Giannotti y Santiago Braithwaite de la prensa y los archivos ministeriales ha permitido identificar sobre 8.208 tomas de casas y departamentos en 81 poblaciones de Santiago entre septiembre de 1970 a septiembre de 1973^[10]. Se piensa que el trabajo recopilatorio realizado por los autores fue lo suficientemente completo, por lo que este estudio pretende, por un lado, profundizar en algunas experiencias específicas, y por otro, otorgar una dimensión analítica al sentido de ocupación de la propiedad y resistencia al modelo de mercado habitacional que imperó en el periodo.  

Así pues, el enfoque que emplea este estudio es la historia urbana, con foco en los rasgos sociales e institucionales del proceso. Para ello, este estudio se divide en tres momentos: en primer lugar, se explican los rasgos característicos que tuvieron las tomas de viviendas durante 1970 y 1971, con énfasis en la respuesta inicial que ejerció el gremio constructor; en segundo lugar, se describen y analizan los métodos que utilizó la Unidad Popular para contener el problema entre 1970 y 1971; por último, se explora y analiza el periodo de desborde e incapacidad de contención que presentó el problema durante el último año de la Unidad Popular. La pesquisa de los periódicos, “El Mercurio” y “El Siglo”, en la Biblioteca Nacional de Chile permite resolver parte de las tensiones que se enuncian. Para contrastar las noticias y reportajes encontrados, se consultó el Centro de Documentación del MINVU, la revista de arquitectura, “AUCA”, de la Universidad de Chile, la “Revista de la Construcción” de la Cámara Chilena de la Construcción, el fondo CORVI del Archivo Nacional de la Administración y los “Indiciadores Económicos y Sociales” publicados por el Banco Central de Chile.  

1970-1971: Las tomas de vivienda y la respuesta del mercado habitacional en los primeros meses de la Unidad Popular

A inicios de la década de los setenta el problema de la marginalidad o déficit habitacional era de la más alta preocupación pública e intelectual. Se entendía como tal “a todos aquellos grupos sociales que carecen de condiciones habitacionales mínimas compatibles con una convivencia humana satisfactoria”, según definía en ese entonces, el sociólogo Manuel Atal^[11]. La deficiente y deteriorada calidad de las viviendas, como también la falta de las mismas, hizo de las extensas periferias de Santiago el espacio predilecto para el emplazamiento informal de los grupos marginados^[12]. Fue en estos espacios donde el Estado debió conjugar una serie de políticas económicas de vivienda social, que durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva tuvieron por denominación “Operación Sitio”, coexistiendo la tecnocracia de la planificación y la construcción formal en conjunto con la informalidad y transgresión de la propiedad. El crecimiento de esta marginalidad habitacional puede ser atribuido como consecuencia de la modernización demográfica que experimentaba el país^[13]. Una alta tasa de crecimiento vegetativo, lo que se acentuaba con la inmigración acelerada del campo a la ciudad, elevaban la demanda habitacional a niveles históricos (ver Gráfico 1), tensionando la capacidad productiva y la infraestructura armónica de la metrópoli. Pues, se estimaba en 1970 que la proporción de la población urbana había alcanzado el 76%^[14]. Además, esto traía aparejada otras consecuencias. El mercado habitacional se encontraba poco regulado. Noticias de escándalos con los precios de los arriendos y subarriendos de viviendas eran frecuentes en la prensa. El 3 de marzo de 1970, en el marco de una investigación por evasión tributaria, La Nación denunciaba a propietarios que acumulaban una importante cantidad de viviendas para el alquiler. Propietarios con hasta 50 departamentos en Santiago y Valparaíso se podían encontrar^[15].

Por otra parte, las instituciones públicas también presentaban ciertas dificultades, principalmente de índole presupuestaria. La Corporación de Servicios Habitacionales (CORHABIT), informaba en junio de 1971, que, de 250 mil asignatarios, 140 mil se encontraban morosos con los pagos de dividendos, lo que afectaba, en cierta medida, la capacidad de financiar la construcción de hasta 8 mil nuevas casas^[16]. Un estudio de la CEPAL, “El Desarrollo Económico de América latina en la Postguerra”, informaba que “el 50% de la población chilena tiene un ingreso de 140 dólares anuales, contra un promedio nacional de 453 dólares y un ingreso del estrato superior, correspondiente al 2% de la población, de 3.102 dólares”. Descomponiendo el sector de los bajos ingresos se constata la existencia de un 32% de población nacional que tiene una renta media de 85 dólares, “nivel absolutamente marginal con respecto al acceso al mercado interno”. El estudio concluye que, con estos niveles de ingreso, las inversiones del presupuesto familiar “se limitan a la alimentación y el vestuario mínimos, quedando un saldo insignificante para destinar a habitación”, lo que deja “fuera de toda posibilidad de ahorro para vivienda”^[17]. Estas razones, entre otras, explican el desbordante déficit habitacional que afrontaba el país.

Es importante señalar que el déficit habitacional en Chile fue un problema que se fue recrudeciendo, en concordancia con el crecimiento desbordante de la población urbana. Durante el gobierno de Jorge Alessandri las unidades de déficit alcanzaron las 382.932 para 1960, aumentando a 550.000 unidades en 1965, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, e incrementando a 592.324 unidades cuando comenzó el gobierno de Salvador Allende (Gráfico 1). En primera instancia, esto significa que el esfuerzo de las entidades públicas por ser proactivas en la contención del déficit (formación de nuevas instituciones e instrumentos de planificación y aumento en el nivel de cobertura de viviendas sociales), fue en todo momento insuficiente.

Gráfico 1. Déficit habitacional y cobertura de viviendas durante el último estadio del ciclo desarrollista chileno.

Gráfico creado por el autor a partir de los datos del Banco Central de Chile, en Banco Central de Chile. 2001. Indicadores económicos y sociales en Chile. 1960-2000. Santiago: Banco Central de Chile. Datos del déficit en, “La realidad habitacional en Chile”, Revista A.U.C.A., 1965, N°1, Universidad de Chile, 42; “60 mil viviendas”, Revista A.U.C.A., 1972, N°23, Universidad de Chile, 40. El dato de 1975 es una proyección proporcionada por el Departamento Asuntos Sociales de la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos en el “Seminario Regional Prefabricación de Viviendas en Altura”, del 29 de mayo al 3 de junio de 1972. N°69.002.22, M665 s c.1, Centro de Documentación MINVU.

La cobertura de viviendas no fue constante, alcanzando peaks de productividad en 1965 (36.486), 1968 (32.730) y 1971 (76.079), pero experimentó abruptas oscilaciones en la oferta social entre los años restantes. En segunda instancia, el déficit habitacional fue un problema que heredó cada gobierno de la larga década de reformas, pero las consecuencias del déficit, que se fueron recrudeciendo, pasando de las tomas de terrenos a las tomas de viviendas, fue un fenómeno que comenzó en 1968 con el gobierno de Eduardo Frei Montalva (ver Tabla 1).

Las ocupaciones de poblaciones y edificios comenzaron durante la segunda mitad del gobierno democratacristiano con solo 7 acciones, disminuyendo a 3 en 1969, pero aumentando considerablemente a 122 en 1970, último año de gobierno y comienzo de la Unidad Popular en el poder. Es durante este mismo año que comienzan a registrarse también las primeras ocupaciones de poblaciones y edificios con el uso de la violencia (Tabla 1). Para Mario Garcés, con el trienio 1967-1970 y la coyuntura electoral de 1969-1970, “todas las movilizaciones de base se incrementaron”. En ese sentido, la Unidad Popular fue el resultado de esta “mayor movilización social sesentista”, mientras que las tomas fueron resultado de la masificación y expansión que tuvieron los “repertorios de acción” de los pobladores, permitiéndoles modificar ciertas “relaciones de poder”^[18].

Tabla 1. Predios urbanos e inmuebles tomados ilegalmente durante 1968-1971.

Fuente: Elaboración del autor a partir de “339 industrias ocupadas ilegalmente en 1971”, El Mercurio, 1 de julio de 1971.

La comuna de Maipú, ubicada al sur poniente de la capital, fue una de las tantas que experimentó el fenómeno de las tomas de viviendas. En la Población “Villa México”, funcionarios del personal de auxiliares de servicio y de enfermería del Hospital San Borja se tomaron 64 viviendas al mediodía del sábado 10 de octubre de 1970. La población, de 2.112 unidades, y ubicada tras los terrenos de la FISA en Cerrillos, había sido construida por la Corporación de la Vivienda con la participación de empresas constructoras de primera categoría, tales como Sergio May Colvin, Santiago Marinovic, Bronfman hnos., Nahmias Hnos., y Antares Ltda., entre 1968-1969^[19]. La toma se efectuó después de una tentativa similar hasta la noche del viernes en la Población “La Faena”, donde el intento fue infructuoso debido a la presencia de carabineros. Los 64 funcionarios, en su mayoría mujeres, llegaron al sector N°5 de “Villa México”, que se encontraba sin habitar -desde hacía varios meses- 338 viviendas tipo 138 y A. “No las entregan porque los funcionarios de CORVI y el agente de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, Roberto León Alquinta, están a la espera de completar puntaje para sus compradores” señaló Sergio Alarcón, uno de los ocupantes^[20]. Nótese que los ocupantes no son pobladores del sector informal, sino sectores incorporados a la institucionalidad y el mercado. Sin embargo, el déficit habitacional afectaba a diversas capas sociales. Por ende, estas acciones deben entenderse en el marco de la desesperación social.

Las motivaciones esgrimidas eran diversas. Algunos sujetos allegados en las casas de sus parientes, otros, “notificados para desalojar sus viviendas” con la amenaza de demolición, también, cansados de esperar una solución a su problema habitacional pagando arriendos abusivos. “Ganamos 780 escudos mensuales y nos cobran de arriendo 500, tenemos que dejar de comer por cumplir con el arriendo, llevamos años ahorrando, todo tenemos libreta CORVI y nos hemos cansado de tramitaciones”, dice Natividad Garrido, que al entrar a la casa que se tomó se hizo un profundo corte con los restos de vidrios de una ventana. Marta Salazar, que trabajaba para el Servicio Nacional de Salud desde 1940 afirmó al diario El Siglo: “Nunca he podido de hacerme de una casita, ahora que tengo esto no salgo de aquí por ninguna parte”. Patricia González, otra ocupante (junto a su madre y dos hermanos), afirma que gana “E°700 mensuales y debe trabajar horas extras para poder mantener a su familia”. Pagaba E°480 mensuales en la casa que habitaba en calle Gay, pero fue notificada que debía abandonar la casa. Esto fue motivo suficiente como para impulsarla a tomarse una de las viviendas de Villa México. El periódico El Siglo informaba que carabineros vigilaba el sector en dos furgones, pero no recibió órdenes de proceder. Los ocupantes fueron recibidos en solidaridad de todos los funcionarios del Hospital San Borja e informaron al periódico que intentaban “resistir como sea la orden de lanzamiento que puede salir de un momento a otro”^[21].

Lo cierto es que, inclusive adquirir una propiedad pública era difícil, considerando los insuficientes ingresos de los sectores populares y medios. Solamente en Villa México, un departamento tipo “1020-A” ascendía a un valor de E°59.670, mientras que una casa tipo “132” tenía un costo de E°39.921, inferior al del departamento, pero una casa tipo “A”, de mayor metraje, tenía un costo superior, de E°69.610^[22].    

En la Subdelegación San José de Chuchunco, de la misma comuna, fueron pobladores informales y obreros jóvenes principalmente los que se tomaron por completo el sector H2 de la Población San José de Chuchunco, de la CORVI, entre el 22 de octubre de 1979 y el 8 de marzo de 1971. La población estaba compuesta de 20 colectivos 1010-A (320 departamentos). El Sector H2 era uno de los sectores de mayor plusvalía inmobiliaria del barrio. Cada departamento tenía un valor de mercado de E°65.030^[23]. La CORVI no pudo vender departamento alguno y tampoco logró recuperar la inversión. El historiador Oscar Riquelme Gálvez, que ha estudiado el proceso de construcción de esta población estima que las pérdidas para la CORVI alcanzaron los E°13.800.190,4 (un sexto aproximadamente de lo que costó el total de la población de 3.004 viviendas), sin considerar los costos en daños de los bloques y uso de agua potable^[24].

Igualmente, la Población Villa Moderna, de Maipú, experimentó una ocupación de 37 propiedades por “personas de diferente situación económica” el 12 de noviembre de 1970. Los propietarios legales, compuestos por obreros y empleados, formaron un Comité y recurrieron tanto a la justicia ordinaria como a las autoridades del Ministerio de la Vivienda y a la Subsecretaria del Interior. Señalaron al diario El Mercurio, que entre los ocupantes se logró individualizar al contador Alfredo Araya, dueño de un establecimiento comercial, a un profesor de la Universidad Técnica del Estado y a un taxista que era propietario de dos automóviles de arriendo. El Comité se hizo parte de una demanda entablada por la empresa constructora, que fue presentada ante el 7°Juzgado del Crimen, pero acusaron que el Magistrado no concurrió a realizar una visita ocular al terreno como ellos lo solicitaron y que las autoridades del Ministerio de la Vivienda y la Subsecretaria del Interior no emitieron “pronunciamiento sobre una petición de otorgar la fuerza pública para efectuar el desalojo”. “Nosotros somos personas de recursos económicos modestos, que estamos pagando arriendo y que ahora tenemos que cancelar también los dividendos correspondientes a las Asociaciones de Ahorro y Préstamos que nos cursaron las operaciones para adquirir las casas que están ocupadas”, explicó el presidente del comité de propietarios de las viviendas. El 8 de marzo de 1971 los propietarios se proponían retomar las viviendas con apoyo policial^[25]. Como puede notarse en este caso y en los otros anteriores, las tomas de viviendas fueron resistidas y afectadas por grupos civiles, de capas sociales similares.  

En la periferia sur oriente de la capital, en la comuna de La Granja, la mayoría de las familias que ocuparon ilegalmente la Población Laura Gossen el 15 de noviembre de 1970, aspiraron a regularizar su situación a través de la CORVI, por considerar que este tipo de situación se encontraba “más de acuerdo a los recursos económicos de que disponen para obtener la asignación de habitaciones”. Las viviendas fueron ocupadas cuando aún estaban en proceso de construcción; cuando no tenían las instalaciones de agua, luz, alcantarillado y otros elementos. Pero como la Empresa Austral de Construcciones, que edificó las viviendas, no tenía compradores y ocupó fondos del impuesto del 5% habitacional, los que legalmente le correspondía administrar a la CORVI, la delegación de pobladores integrada por Jorge Carrasco López, Leocado Salgado Peña, Guillermo Allan Ross y Armando Valde, hicieron la solicitud de asignación a la corporación pública, lo que fue acogida por la Unidad Popular a mediados de 1971^[26].

En otras situaciones, las tomas también se encontraron con mayor resistencia.  En la Población Santa Isabel situada en Avenida El Parrón a la altura del N°1396, se produjo un enfrentamiento a las dos de la madrugada del 26 de enero de 1971 cuando los 12 rondines que cuidaban el grupo habitacional en construcción sorprendieron a 60 personas dentro del recinto, “armados de piedras, palos y todo tipo de objetos contundentes”, “cuyo objetivo era el de afincarse en las casas”. El grupo de “los sin casa” penetró cortando alambradas. Sin embargo, la ocupación ilegal se frustró cuando los cuidadores utilizaron sus armas de fuego contra los usurpadores, que emprendieron la retirada dejando en el lugar a Nelson González Ramos, de 31 años, quien sufrió heridas de mediana gravedad por el disparo de una escopeta. Pese a la acción de los cuidadores, los arquitectos avaluaron en más de 30.000 escudos los deterioros de las casas. Ante esta situación se dispuso vigilancia policial para impedir un nuevo intento. La firma constructora ENACO llegó a informar que no era la primera vez que se atentaba contra poblaciones de esta empresa. El 17 de noviembre de 1970, un comité de taxistas se apropió de 261 bungalows, y tres días después, el 20 del mismo mes, se intentó la ocupación de veinte casas situadas en la cuadra 1900 de Avenida El Parrón. “Estas razones obligaron a ENACO a reforzar la dotación de cuidadores armados en las diferentes poblaciones que están en construcción”^[27].

Así las cosas, los intereses poderosos buscaron defenderse. Por ejemplo, con la situación creada a 284 familias de la Población ENACO, tomada el 17 de noviembre de 1970, la firma constructora ENACO presentó una demanda judicial contra los ocupantes ilegales. Según dirigentes del Comando Provincial de Pobladores en Situación Irregular, fueron despachadas 192 órdenes de aprehensión desde el Primer Juzgado del Crimen de San Miguel^[28]. En enero de 1971, la CChC reiteraba la situación de las viviendas tomadas, que se encontraban todavía sin ser restituidas.

Una encuesta efectuada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a 19 empresas señaló que, al 24 de noviembre, 149 chalets, 1.224 bungalows y 2.315 departamentos habían sido ocupados ilegalmente. De esas 3.888 viviendas, 1.655 estaban asignadas a sus dueños, 624 no lo estaban, 45 se habían vendido, 99 se encontraban comprometidas, 781 se ofrecían a la venta y 674 no eran determinadas. Según denunciaba el gremio constructor, el problema se estaba descontrolando con rapidez. Solo en el mes de octubre, entre el 5 y el 11, se registraron 188 tomas, pero entre el 12 y el 18 la cifra se había multiplicado a 1.024 viviendas. Y al 30 se habían agregado 704 más. Mientras que, durante noviembre, el mes se inició con la ocupación de 1.044 unidades y al 22 del mes se añadieron otras 928^[29]. Estas tomas afectaban tanto a las viviendas que encargaba el ente público (CORVI), como las que fabricaba el sector privado (inmobiliarias y constructoras).

Frente a la ocupación ilegal de poblaciones terminadas o en proceso de construcción, la respuesta de la CChC no se hizo esperar. El gremio constructor se sentía tensionado, no solo por las intenciones de la Unidad Popular de potenciar la Ejecución Directa, sino también con las acciones de resistencia urbana que ejercían los sujetos populares que, usando la expresión de David Harvey (2012), dañaban las “formas de acumulación de capital” que utilizaba el empresariado^[30]. Por ello, el 1 de diciembre de 1970, la CChC declaraba una postura que buscaba asociar un frente común entre el sector privado y el Gobierno Popular:

“1. Que desde el primer momento en que estos hechos comenzaron a producirse, se ha mantenido en permanente contacto con los señores Ministro y Subsecretario del Interior y señores Ministros de la Vivienda y del Trabajo, quienes han coincidido en la gravedad que reviste el problema y en la necesidad de adoptar las medidas conducentes a ponerle término.

2. Que si bien es cierto que el país afronta un apremiante déficit habitacional, su solución sólo puede lograrse dentro de normas que respeten legítimos derechos y merced al esfuerzo y sacrificio de quienes aspiran a poseer una vivienda.

3. Que la situación creada implica [...] un grave perjuicio económico para el Estado y las empresas que han construido o tienen a su cargo la ejecución de las viviendas ocupadas y un estado general de incertidumbre dentro del gremio respecto a las posibilidades futuras de poder continuar sus actividades, las que precisan de elementales garantías para poder desenvolverse y aportar su indispensable concurso al cumplimiento de los programas habitacionales que el Gobierno se tiene trazados”^[31].

Arsenio Alcalde, presidente de la CChC, denunció el mismo día de la declaración, que “más de 5.700 viviendas habían sido ocupadas ilegalmente durante los últimos meses, hasta el 24 de noviembre”. De las 5.700 viviendas ocupadas, más de 1.700 pertenecían al sector privado, mientras que los 4.000 restantes pertenecían al sector público, principalmente de la CORVI, que debía entregar a Cajas de Previsión para que, a su vez, sean repartidas entre sus imponentes. Alcalde consideraba que los intentos del Gobierno de solucionar el problema por “medio de la persuasión no han rendido sus frutos”. De hecho, informaba que las viviendas invadidas “siguen en poder de quienes se han apropiado de ellas, impidiendo su entrega a los legítimos asignatarios o paralizando la construcción de las que se encuentran inconclusas”. Con esto, el presidente del gremio constructor concluía que “si cualquier grupo de personas se convence de que es más fácil tomarse una población en construcción, en lugar de cumplir con los requisitos mínimos, estaremos borrando todo un sistema de prioridades y derechos basado en el esfuerzo de cada familia”^[32]. En ese sentido, a ojos del mercado, eran los pobladores y no el gobierno, quienes estaban poniendo en riesgo la estructura del sistema.

Al 9 de marzo de 1971, la CChC tras encuestar a las constructoras afiliadas al gremio, informó que todavía se encontraban 4.348 viviendas ocupadas. De ellas, 3.262 pertenecían al sector público y 1.086, al privado. También entregó noticias de otras ocupaciones ilegales en la ciudad de Arica^[33].

Figura 1. Campaña de la Cámara Chilena de la Construcción contras las ocupaciones de vivienda.

Fuente: Recorte en Revista de la Construcción, 1971, N°105.

El Mercurio era quien mejor expresaba la posición del mercado habitacional y el gremio constructor. Calificaba las tomas de viviendas como “amenazas a la propiedad urbana” y consideraba que la situación era “gravemente dañosa para el avance del plan habitacional”. También, advertía de un riesgo a la seguridad de las constructoras habitacionales, lo que impedía el funcionamiento de la actividad económica, el aumento del número de viviendas y la rehabilitación del contingente de trabajo que normalmente se agrupa en las faenas constructoras, como en las industrias proveedores de materiales. Con esto, comenzaron los primeros llamados para la puesta en urgencia al envío de una ley al Congreso que enfrentara “los delitos habitacionales” y en la necesidad de que la ejecución de las sentencias judiciales se lleve “a efecto con el auxilio de la fuerza pública”^[34].  

La respuesta de la Unidad Popular a las tomas de vivienda durante el ciclo primaveral

A pesar de las denuncias de inacción, el gobierno sí respondió desde un comienzo. La situación era considerada de tal gravedad que el Primer Mandatario debió intervenir. El 9 de diciembre de 1970, Allende visitó las periferias de Santiago para hablar directamente con los pobladores. En la Villa Salvador Allende se refirió:

“Con el compañero Ministro [Carlos Cortés] hemos visitado muchas poblaciones y ésta nos parece bastante buena. Es un avance indiscutible que no lo niego y es una buena obra del Gobierno anterior, si no es excesivo lo que tengan que pagar. En Santiago hay miles de gentes que están viviendo en las condiciones más dramáticas, en el barro en invierno y en el polvo en verano, sin agua ni luz y sin pozos sépticos y este problema no se puede solucionar de la noche a la mañana, y por eso nos ha preocupado mucho la reacción, que nos explicamos pero que no justificamos, que gente sin casa se haya tomado viviendas levantadas con el sacrifico económico de otros trabajadores de modesta situación. Por eso fui a la Villa Kennedy y les dije que no se podía proceder así y que debían entender que nosotros no usaríamos la fuerza pública sino la fuerza moral. Y la prensa nos criticó por eso. Pero es distinto tomarse un sitio eriazo a tomarse una casa construida por un empleado u obrero. Porque la toma de sitios eriazos, esa la vamos a legalizar para que no haya un sitio eriazo o desocupado que quede sin ocupar”^[35].

No se trataba en esta oportunidad de una toma de casas construidas por obreros o empleados, sino de viviendas levantadas por la CORVI que estaban prontas a ser asignadas a otros sectores de baja renta, que participaban del sistema de cuotas. Sobre esto, el Primer Mandatario respondió:

“Deduzco que esta población ha sido tomada por ustedes, y el Ministro me ha manifestado que se ha hecho una encuesta, o sea, que contamos con las informaciones al respecto. [...] Si esta población estaba asignada deben respetar a sus compañeros. Y apelo a su conciencia de clase, porque tengo la certeza de que ningún hombre o mujer de la Unidad Popular dejará de entender eso que estamos planteando. Si hay aquí alguno que tenga vivienda y que de “vivo” ha llegado a la ocupación, que desocupe luego la vivienda, porque luego será tarde. No volverá a su otra casa sino que a la cárcel. Una actitud de ese tipo es antihumana, contraria a la clase obrera e impropia de un trabajador. Que esto quede claro y están notificados. El que esté jugando sucio va a ir a la cárcel no por orden del Ministro sino que mía”^[36].

En ese sentido, el gobierno culpaba a los pobres urbanos afectados por la desesperación y los acusaba de no tener conciencia de clase, pero también sospechaba de ciertos sectores de la clase media, principalmente, funcionarios de gobierno a los que calificaba en su conjunto, en palabras del Ministro del Interior, José Tohá, de “contrarrevolucionarios”^[37]. El 20 de diciembre, el Vicepresidente de CORHABIT, Nicolás Pozo, inició un sumario interno en la institución a fin de establecer las responsabilidades de algunos altos funcionarios que estuvieron participando directamente en la toma ilegal de predios y viviendas en construcción^[38]. El sumario fue ampliado a todo el MINVU, lo que tuvo como resultado la denuncia en la Cámara del Senado, en la Sesión 43.a. del miércoles 3 de marzo de 1971, de otros 113 funcionarios de la CORVI^[39].

Frente a esto, la Subsecretaría del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo manifestó el 4 de diciembre de 1970, que “con el objeto de impedir la repetición de ocupaciones ilegales, el Gobierno está procurando la aprobación legislativa de un proyecto de ley, mediante el cual se sanciona con penas de presidio a las personas que participen en la ejecución de tales actos ya sea como instigadores, colaboradores u ocupantes”. Esta era la primera vez que el Ejecutivo mencionaba la intención de proponer un proyecto de ley que otorgue “pena de presidio para los instigadores de ocupaciones”. “Que, sin perjuicio de su política de absoluta persuasión, que persigue el objetivo de lograr, por la vía de la comprensión y el diálogo, la colaboración de los pobladores a los planes habitacionales del Gobierno, la autoridad encargada del mantenimiento del orden público y del resguardo de los derechos ciudadanos no trepidará en hacer uso de todos los medios que la ley le franquea para impedir que, por vía de la fuerza, se conculquen los derechos de los modestos pobladores que están procurando reglamentariamente la solución de su problema habitacional”^[40]. El envío de este proyecto de ley no se hizo efectivo hasta el 4 de febrero de 1971. Lo siguiente es una parte del texto del proyecto de ley:

“Artículo 1°-Agrégase el siguiente artículo 458 bis al Código Penal: “Si en los casos de los dos artículos anteriores se tratare de ocupaciones de inmuebles perpetradas por grupos numerosos de personas. Se impondrá la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio a los que, induciendo a los ocupantes hubieren promovido o sostenido la ocupación, y a los cabecillas principales de ésta, siempre que el hecho tuviere caracteres de especial gravedad, sea por el daño o la alarma social causados, sea por el ánimo de enriquecimiento u otros motivos antisociales que haya determinado a estos últimos, lo que calificará el juez. Estará exento de responsabilidad criminal el que, habiendo intervenido en la ocupación de un inmueble, se allane a abandonarlo dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento de la autoridad, sin haber causado daño alguno. El abandono voluntario del inmueble ocupado, hecho con posterioridad a este plazo, constituirá una circunstancia atenuante de responsabilidad criminal muy calificada”.

Artículo 2°: Agregase el siguiente n°12 al artículo 18 del Código de Procedimiento Penal: “La usurpación prevista y sancionada por los artículos 457, 458 y 458 bis del Código Penal”.

Artículo 3°: “El funcionario de cualquiera de las instituciones de previsión social, asociaciones de ahorro y préstamos o corporaciones que se relaciones con el Gobierno por intermedio del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo que alterare, adulterare o fingiere, en favor de terceros, el cumplimiento de requisitos, legales o reglamentarios, para la obtención de beneficios habitacionales que otorgan estas entidades, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados”^[41].    

Esta era la respuesta de la Unidad Popular a las acciones urbanas de los pobladores. También era una respuesta institucional a una acción que antes no había sido tratada. La UP dejaba en claro que existiría una defensa al orden institucional y a la propiedad urbana, inclusive para los nuevos beneficiarios del sistema (pobres urbanos que estuviesen incorporados a las libretas CORVI, de ahorro). Aunque, debido a las bajas sanciones, debe considerarse este castigo penal como un acto disuasorio y de singularizar a los principales instigadores, más que de real sanción ejemplificadora. Ante esto, el Ejecutivo señalaba que “los problemas sociales no se resuelven con el fácil recurso de la represalia”, prefiriendo abordar los arduos conflictos que generan las ocupaciones ilegales de inmuebles mediante un “paciente esfuerzo de persuasión y discusión”^[42]. La UP jamás renunciaría al diálogo.

No obstante, a partir de mayo de 1971, la Unidad Popular “comenzó a utilizar la fuerza policial para reprimir las ocupaciones”^[43]. En paralelo, el gobierno continuó la ofensiva en materia legislativa. El Subsecretario de Vivienda, Marcos Álvarez García, visitó el día 11 de mayo a Salvador Allende, con el objeto de entregarle un memorándum sobre la aplicación de diversas medidas administrativas destinadas a poner término a las “tomas de sitios y viviendas en construcción”. Las referidas normas fueron también discutidas por los Subsecretarios de Vivienda e Interior con dirigentes de la Central Única de Trabajadores y de los comités de pobladores. En consecuencia, el Congreso Nacional despachó el proyecto de ley que establecía el “Delito Habitacional”^[44].

Finalmente, para finales de junio, el Senado aprobó en general la iniciativa del proyecto de ley del Ejecutivo que sanciona la toma de predios, casas y departamentos, y acordó enviarla para su segundo informe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El Senado apeló a otorgarle “más precisión y expedición en la aplicación de las sanciones”. Pues, tal como fue enviada por el Ejecutivo, “pecaba de vaga y general y corría el peligro de convertirse en un “simple volador de luces””^[45]. Según un informe entregado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por la Dirección General de Carabineros, las ocupaciones ilegales registradas a la fecha de junio durante el año 1971 llegaban a 2.657, lo que, sumado a las tomas del año anterior, ascendía a un total de 173 poblaciones^[46].

No obstante, la Unidad Popular cuando llegó al poder, lo asumió con un programa de 40 medidas, entre las cuales, de la 19 a la 22 (“Casa, luz, agua potable para todos”; “No más cuotas reajustables CORVI”; “Arriendos a precios fijos”; “Sitios eriazos ¡No! Poblaciones ¡Si!”), pronosticaron un plan de desarrollo habitacional como apuesta institucional de contención a la cuestión de la vivienda y la ciudad^[47].

A pesar de que estas promesas de campaña comenzaron siendo meros anuncios, tempranamente el 14 de diciembre de 1970, la directiva de la Cámara Chilena de la Construcción presidida por Arsenio Alcalde, concertó una reunión con Salvador Allende para entregarle “un plan a diez años plazo que permitiría construir 70.000 viviendas anuales”. En la reunión, analizaron, además, la “recuperación relativa” que comenzó a experimentar el sector constructor y la preocupación por las tomas de viviendas. Sumado a lo anterior, Alcalde expresó que, “como resultado de las garantías o respaldo dado por el Gobierno, está retornando la confianza hacia el sistema de ahorro y préstamo para la compra de viviendas”^[48]. Así, con un mercado habitacional y un gremio constructor apaciguado, la Unidad Popular anunciaba días después de la citada reunión la solución definitiva al déficit habitacional y las consecuencias sociales que ello conllevaba.

El 19 de diciembre, en un acto de pobladores celebrado en el Teatro Caupolicán se anunció la construcción de 85 a 100 mil nuevas viviendas para 1971 y la eliminación del sistema de reajustabilidad de los dividendos CORVI. La actividad fue liderada por el Ministro de la Vivienda y Urbanismo, Carlos Cortés, y estuvo acompañado del Ministro del Interior, José Tohá; el Subsecretario de la Vivienda, Marcos Álvarez; la diputada Laura Allende, además de Jefes de Servicios dependientes del Ministerio y jefes de la Comisión Nacional de la Vivienda. En el acto, Carlos Cortés refirió a la necesidad de la urbanización inmediata de las poblaciones y que habrá atención preferente para los “sin casa”. Manifestó que 85 mil familias vivían en campamentos para ese entonces, pero que la CORVI ya estaba ejecutando los planos de loteos y urbanización de los sitios ocupados. “Dentro de los próximos 90 días -dijo- ya habrá soluciones concretas y muchas en vías de iniciación en el terreno mismo”. El Ministro en parte de su intervención, solicitó la colaboración amplia de los pobladores señalando que estos deben atenerse a las órdenes del Gobierno. “Los que están interesados en crearnos problemas -señaló- dicen que vamos a regalarles las casas el próximo mes, que vamos a traer casas para todos, regaladas por la Unión Soviética, o que vamos a traer una máquina para hacer casas como quien hace talonarios de rifa”^[49].

Así pues, el Plan Nacional de Viviendas fue implementado con carácter de “emergencia” por el imperativo de resolver el drama de los 500.000 chilenos marginados y sin techo. Se consideraba también necesario reemplazar la llamada Operación Sitio que inauguró el gobierno anterior, por el otorgamiento de predios familiares con urbanización completa, con viviendas en extensión y en altura, a partir de una superficie mínima edificada de 36 m2, con dotación de cocina y servicios sanitarios y con la incorporación además de mobiliario adecuado^[50].

Tabla 2. Plan MINVU 1971 original. Las metas fueron reducidas en enero a 83.699.  

Fundamentos y estructura del Plan Habitacional, Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Corporación de la Vivienda, enero 1971. Centro de Documentación, MINVU.

Cuatro meses después, el MINVU se encontraba pactando con el empresariado una entente público-privada para la ejecución de más de 20.000 viviendas sociales, como parte de su Programa de Emergencia Habitacional, lo que para el presidente de la CChC significaba que la situación se encontraba “más o menos” estable para el “futuro de la construcción”. Esta entente puede enmarcarse en el periodo de “primavera” política que experimentó la Unidad Popular^[51]. Empero, el gremio constructor reiteraba la situación de las más de 5.000 viviendas ocupadas^[52].

Aun cuando los contratos por administración delegada calmaron la situación entre el MINVU y el sector privado. La intención de la Unidad Popular por crear tres áreas de coexistencia de la actividad económica (social, mixta y privada) dentro de los márgenes legales e institucionales, renovó las tensiones de la frágil relación con el gremio constructor. Dos situaciones ponían en jaque esta frágil entente público-privada. Por un lado, la ocupación de los diversos establecimientos y plantas madereras de Empresas Ralco S.A. a fines de junio, por un grupo de su personal, “sin tener conflictos laborales de ninguna especie -e instigado por elementos extraños- aduciendo como única explicación su deseo de que la industria sea estatizada”. Y por otro, las declaraciones del MIR que aludían a “las ocupaciones” de viviendas y fábricas como táctica “para movilizar a las masas”^[53].

Para el 7 de septiembre de 1971, el oficialismo anunciaba que sesenta y cinco mil viviendas, de las 100 mil programadas, ya se encontraban en construcción. Tal anuncio era concebido como el primer balance en materia habitacional de los primeros 10 meses de gobierno de la Unidad Popular. Con foco en los sectores de renta baja, la CORVI ejecutó más de la mitad de este esfuerzo, mientras que la CORMU ejercía un despliegue menor, pero amparado en conjuntos habitacionales de alta complejidad técnica (ver Tabla 3). “Jamás gobierno alguno había logrado en tan poco tiempo realizar una labor de tal magnitud”, se afirmaba en la prensa oficialista. El informe de “Indicadores económicos y sociales en Chile” publicado con posterioridad por el Banco Central permiten corroborar esta información^[54]. Sin embargo, se consideraba que los gobiernos anteriores “no construyeron más allá de 20 o 25 mil unidades al año, a pesar de que sólo por concepto vegetativo de la población se necesitan levantar anualmente alrededor de 50 mil casas. Es decir, en el mejor año habitacional de Frei [Montalva] -1968- sólo se edificaron casas para cubrir esta necesidad, pero nunca para ir disminuyendo el déficit de arrastre”^[55]. Como pudo verse al comienzo de este capítulo (Gráfico 1), la Unidad Popular tampoco pudo controlar dicho déficit, pero en dicho mes de septiembre el entusiasmo también parecía una posibilidad realista. Pues, con estos resultados iniciales, el gobierno declaraba haber logrado contener las tomas. Es más, la CORHABIT regularizó la situación de 1.828 familias “sin casa”^[56]. Para Emanuel Giannotti y Santiago Braithwaite, el segundo semestre de 1971 se caracterizó por una “disminución del conflicto” en materia de ocupación habitacional^[57]. De esta forma, a través de la CORVI, la CORMU y la CORHABIT, la UP resolvió de forma práctica e institucional la cuestión del “derecho a la vivienda”, que fue promocionado en el Programa de Gobierno y era exigido por los pobladores^[58].

Tabla 3. Construcción Habitacional Pública durante 1971/1972 (al 30 de noviembre de 1972).

Elaborado a partir de “Ministerio de la Vivienda y Urbanismo”, El Siglo, 24 de febrero de 1973.

Es importante señalar que el gobierno de Salvador Allende, en materia habitacional, no cuestionó el sentido de la propiedad privada sobre los bienes inmobiliarios. De hecho, este objetivo ni siquiera se planteó en el programa de gobierno^[59]. Es más, la reforzó con la entrega de 36.808 unidades nuevas y 86.656 obras en construcción durante los primeros dos años de gobierno (ver Tabla 2), lo que le otorgó a la propiedad urbana una legitimidad social con los sectores de baja renta. En cambio, el gobierno de la UP buscó cambiar la estructura cultural que se tenía sobre la vivienda. Que dejase de ser visto como una mera mercancía para ser un servicio que se accede por derecho universal, aunque la fórmula siguió siendo una solución heredada de los anteriores gobiernos con rasgos nuevos de socialdemocracia (distribución social y administración estatal). En este sentido, el programa fue reformista y continuó siendo paternalista y altamente tecnocrático, a pesar del profundo acercamiento con los sectores menos favorecidos de la sociedad.

1972-1973: Las tomas de vivienda durante el ciclo invernal de la Unidad Popular y la imposibilidad de la contención 

Para 1972, el gobierno de Salvador Allende había completado varios de los trabajos de urbanización en las 540 poblaciones que estaba construyendo, por lo que varias de las viviendas ya estaban siendo entregadas a sus beneficiarios^[60]. Por ejemplo, en la comuna de Renca, 250 familias que vivían en el campamento “Primero de Mayo”, dejaron sus “humildes mejoras” por los nuevos departamentos que la CORMU les construyó en un sector adyacente al campamento. “¡Cómo no vamos a estar felices con nuestras futuras viviendas!”- exclamó Marí Gallardo, una de las pobladoras beneficiadas por los programas públicos del gobierno. El conjunto habitacional fue construido con equipamiento comunitario. “Mis niñas -dice Gallardo- son las más felices con la plaza de juegos infantiles”. Sumado a lo anterior, los pobladores fueron contratados por la corporación estatal para participar en las obras de la faena, lo que contribuyó a disminuir la cesantía y solucionar su problema habitacional. Esto le permitió incorporar a las bases obreras en los proyectos institucionales. “La mayoría de nuestros compañeros -afirmaba María Gallardo- trabaja en la construcción de los departamentos. Antes, todos estaban cesantes. Ahora son ellos los que construyen sus casas… nuestras casas”^[61].

Sin embargo, a pesar de los altos niveles de productividad en el área habitacional, el Estado no logró controlar el déficit. Ante la baja oferta de viviendas en el mercado, la CORMU buscó poner “atajo a los abusos cometidos” en el alquiler. En el caso de las Torres de Remodelación San Borja, por ejemplo, los departamentos eran puestos en arriendo en sumas mensuales entre los 10 y 12 mil escudos. Se denunciaba que estos precios excedían, por lo menos, “cuatro veces el valor del dividendo que debe pagar el propietario a la CORMU”. También, “algunos inescrupulosos adquirentes ofrecen vender los derechos para la adquisición de sus respectivos departamentos, en precios del orden de los 800 mil escudos, en circunstancias que los están comprando o han adquirido en 300 mil escudos, [...] debido a que la CORMU ha vendido o procede vender estos departamentos a precios que están por debajo de su valor comercial, en cumplimiento de su interés de solucionar el problema habitacional de los sectores de ingresos modestos o medios sin obtener lucro de ninguna especie para la institución”. En vista de estos hechos, la Junta Directiva de la Corporación de Mejoramiento Urbano acordó establecer sanciones a los responsables: “Las congelaciones de dividendos con que CORMU haya favorecido a los adquirentes, no se celebrará, en su caso, el contrato de compraventa definitivo prometido, sin perjuicio de la aplicación de cláusula penales establecida en el respectivo contrato de compraventa”. Además, en el caso de cesiones de derechos que se hayan hecho a través del Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos (SINAP), la CORMU solicitó a la respectiva Asociación “que no adjudique ningún departamento cuyo adquirente haya incurrido en alguna de las irregularidades antes anotadas^[62]. Sin duda, estos casos de especulación contribuyeron a presionar la crisis que experimentaba la oferta habitacional, que se acrecentó cuando el Estado comenzó a disminuir su capacidad productiva^[63].  

Ante esta situación, fuerzas políticas como el MIR, buscaron presionar al gobierno de la Unidad Popular por sus propios medios. El lunes 22 de mayo de 1972, se intentaron tomar las oficinas de la Delegación de Santiago de CORHABIT, ubicada en Moneda 727, con 30 a 40 de sus integrantes. Esta entidad era importante para la materia habitacional porque se encargaba de la designación de las viviendas que el Estado estaba construyendo. Pero el intento fracasó debido a las medidas de seguridad realizadas por los funcionarios de la corporación. La acción fue calificada por el diario El Siglo como un acto de “provocación”, denunciando, que “los provocadores laboran en el Centro de Producción Santa Adriana que CORHABIT mantiene en Callejón Lo Ovalle con Panamericana, sitio que está tomado por 60 de los 180 trabajadores que laboran allí”^[64]. En tal sentido, estas acciones muestran los límites del proyecto reformista institucional, de origen tecnocrático, que era presionado, desde abajo, por propuestas de mayor presión a las reformas urbanas y habitacionales.      

Por otro lado, en septiembre de 1972 se dieron movimientos de reacción y defensa de la propiedad por parte de las capas sociales más acomodadas de Santiago. En un vasto sector rural que comprende La Pintana, Mapuhue, Las Rosas y La Florida, se instalaron juntas de vigilancia, rondas diurnas y nocturnas, bloqueos de caminos y guardias permanentes durante la noche, con el fin de evitar que pobladores se apoderen por el uso de la fuerza de las casas, huertos y parcelas de esos lugares. Inclusive, el Ministro de Obras Públicas, Pascual Barraza, que vivía en La Pintana, pidió refuerzos policiales a los destacamentos de Carabineros que patrullaban “incesantemente los lugares mencionados, especialmente durante la noche”^[65]. El domingo 10 de septiembre, El Mercurio informaba refiriéndose a los pobladores como un “grupo de extremistas” y miembros de “Comités Sin Casas”, que, en La Pintana, “lograron apoderarse de una vivienda, pero fueron desalojados por los vecinos”. En la cooperativa Mapuhue fueron sorprendidos otros dos. Estos hechos fueron denunciados por juntas de vecinos y cooperativas a Carabineros y a la Gobernación del Departamento Pedro Aguirre Cerda. Previamente, estas entidades habían celebrado sucesivas reuniones con el objeto de trazar planes y organizar la defensa de sus viviendas y terrenos. Como medida inmediata, los vecinos “bloquearon las entradas de los caminos interiores de Mapuhue y Las Rosas, a la altura de los paraderos 39 y 40, Santa Rosa y otro tanto hicieron con las rutas de acceso a las poblaciones”. Al mismo tiempo, se organizaron “Comités de Vigilancia” y se estableció el sistema de rondas nocturnas permanentes y con relevos cada dos o tres horas. Un dirigente de la Cooperativa de Mapuhue, dijo: “La rápida reacción de las comunidades ha neutralizado la acción extremista, pero señaló que las medidas dispuestas se mantendrán hasta que el peligro haya cesado”. En ese aspecto, estos enfrentamientos entre diferentes capas sociales de la capital pueden ser definidos como parte de la lucha de clases que se estaba desarrollando en el escenario urbano.

Para entonces, según Giannotti y Braithwaite, las tomas de viviendas se desplazan hacia las comunas del sector oriente de Santiago con una participación significativa de los sectores medios^[66]. En suma, las tomas afectaban a comunas de bajos ingresos (Conchalí, San Bernardo, San Miguel), ingresos medios bajos (Maipú), ingresos medios (Ñuñoa, Santiago Centro) y de ingresos altos (Providencia, Las Condes y La Reina).

Sumado a lo anterior, la situación se agudizó en octubre una vez que la Cámara Chilena de la Construcción se declaró en rebeldía apoyando el paro patronal y rompió relaciones con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a partir del día 13. Esta acción del sector privado dañó de manera irreversible el desempeño del sector económico constructor y paralizó los planes habitacionales del gobierno, lo que clausuró la vía institucional por hegemonizar las soluciones al problema de la falta de vivienda. Si bien, informes del Banco Central de Chile permiten constatar que, durante 1973, el gobierno de Salvador Allende continuó los esfuerzos por ejecutar su programa habitacional con la iniciación de 20.000 nuevas unidades, la cantidad y la calidad de las mismas era insuficiente. Asimismo, la Planta K.P.D. de edificación de paneles de hormigón que donó la Unión Soviética al gobierno chileno recién se estaba instalando y la ejecución de su primera obra habitacional, en “Estero Viejo” de Quilpué, solo otorgaba una cobertura superior a las 500 unidades, lo que igualmente era insuficiente para controlar el déficit^[67]. En ese contexto, la desesperación por la necesidad de una habitación y la falta de capacidad de respuesta por el Gobierno Popular, hicieron que las tomas de viviendas resurgieran en el último trimestre de 1972 como un mecanismo de acción para los grupos sociales de menor renta.

Además, la situación de polarización política que se dio durante este periodo incentivó que las tomas de viviendas también fueran aprovechadas por los partidos de oposición con el objeto de desestabilizar las instituciones del oficialismo, según denunció el periódico El Siglo. Entre las 3:00 y las 3:39 horas de la madrugada del miércoles 24 de enero de 1973, cientos de familias dirigidas por democratacristianos llegaron en siete micros a las inmediaciones de la Población Jaime Eyzaguirre, de Ñuñoa, con la intención de ocupar “seis bloques de la obra en construcción”, que levantaba la Corporación de la Vivienda, pero fueron “desalojados por los trabajadores y Carabineros, horas más tarde, quedando cerca de 200 individuos detenidos y cuantiosos daños en los departamentos”^[68]. La secuencia de la toma fue la siguiente: los cabecillas de la toma echaron abajo los cierros de concreto y madera y penetraron a la fuerza a los bloques 38, 39, 40, 41, 54 y 55. De inmediato los cuidadores de las obras hicieron sonar la alarma y a los pocos instantes, cientos de trabajadores que habitaban en un campamento vecino, llegaron para conminar al desalojo de los departamentos. Los ocupantes ilegales respondieron con piedras y palos, originándose un enfrentamiento que pudo alcanzar graves proporciones a no ser por la pronta intervención de Carabineros. Según un recuento de los daños entregados por dirigentes del Comité de Obras se quebraron más de 150 vidrios, fueron despedazadas 43 puertas e inutilizadas cerca de cincuenta chapas. Además, fueron prácticamente desmanteladas las oficinas de la administración del departamento técnico de la obra.

Luis Leiva, presidente del Comité de Obra, señaló a El Siglo que, en los departamentos que alcanzaron a ser ocupados fue encontrada “abundante propaganda de candidatos del PDC”, entre ellos la del parlamentario Musalem y el expresidente Frei Montalva^[69]. En una puerta junto al afiche de Musalem había un cartón con la siguiente suscripción: “Familia Lira, Grupo 6”. Esto indica que al mismo tiempo de la toma se les iba asignando el departamento. Leiva declaró que la acción se repetía por tercera vez y agregó, en una actitud que visibiliza hasta qué punto alcanzaron las tensiones entre los sectores de baja renta por la obtención de una habitación: “Los trabajadores de la obra Jaime Eyzaguirre vamos a defender la estabilidad de trabajo cada vez que surjan amenazas. Los departamentos que estamos haciendo son para beneficio de la clase trabajadora y tenemos trabajo gracias a que el Gobierno está haciendo estas viviendas. Por eso nosotros les decimos que seremos los propios trabajadores los que desalojaremos a los que se tomen los departamentos”.  

Figura 2. Chapas rotas y restos de puertas quedaron del intento de ocupación de los departamentos en la obra Jaime Eyzaguirre de Ñuñoa. El Partido Demócrata Cristiano fue una parte instigadora de estas acciones.

Fuente: Recorte de El Siglo, 27 de enero de 1973.

Figura 3: Obras paralizadas en la Población Jaime Eyzaguirre de Ñuñoa. Las obras de faena se encuentran paralizadas durante gran parte de 1973, tanto por las tomas, como por los paros patronales.

Fuente: Recorte de El Siglo, 16 de agosto de 1973.

A pesar de que los obreros de la faena repelieron la acción de los pobladores, un mes más tarde, sábado 24 de febrero, se generó una nueva intentona de toma. En esta ocasión lograron tomarse algunos bloques. En cuanto a los ocupantes, las viviendas en construcción generalmente se encontraban inconclusas, sin obras de terminación ni urbanización, lo que significa que se encontraban sin servicios de agua, alcantarillado y luz eléctrica, asumiendo los riesgos de tener un habitar en una infraestructura habitacional formal y tecnológicamente avanzada, pero sometidos a graves epidemias como consecuencias de la falta de conexiones de servicios urbanos imprescindibles. Por otra parte, las viviendas públicas originalmente estuvieron destinadas a los cotizantes de las Fuerzas Armadas y a la Caja de Empleados Particulares, por lo que los asignatarios que acataron las reglamentaciones vigentes debían postergar sus aspiraciones con la demora en la entrega de sus viviendas o experimentar la reubicación de sus asignaciones. En CORHABIT se inició una investigación por la posible participación de funcionarios de esa institución en los hechos señalados^[70]. La CORVI, por otro lado, debió afrontar la incertidumbre de reasignar nuevas inversiones para asegurar el fin de las obras, lo que era problemático en un contexto de amplio déficit presupuestario^[71].

Claramente, esta situación, que la Unidad Popular pareció controlar durante su periodo primaveral a raíz del éxito inicial de su programa habitacional, volvía a aparecer como un incómodo problema. Es más, el miércoles 4 de abril de 1973, el Presidente de la República, Salvador Allende, denunció por cadena de radios y televisión la “irresponsable escalada de tomas”, dirigiéndose en la noche al país, para señalar que: “en conocimiento de un plan de tomas de industrias, empresas distribuidoras estatales y privadas y otras, el Gobierno ha adoptado las medidas para impedir esta situación”. El diario El Siglo informaba el llamado de Allende “a la responsabilidad de la clase trabajadora, para que no se dejen arrastrar en esta acción irresponsable, cuyos únicos perjudicados será el pueblo” (N°7.372). Pero para tales fechas, ya nada podía hacerse. La fórmula del diálogo que el gobierno trazó en los primeros meses de su mandato ya no era efectiva.

En consecuencia, en materia habitacional, el gobierno buscó en todo momento el camino institucional y como pudo verse, Allende también trazó un camino reformista y legalista, más que revolucionario rupturista de las instituciones. Inclusive, aún luego de afrontar una intentona golpista de una facción de los militares el 29 de junio y resistir la renovada ofensiva del paro patronal durante agosto, el camino del diálogo se trató de mantener dentro del MINVU. A raíz del paro camionero, las principales rutas de abastecimiento de materiales de construcción quedarían bloqueadas, dejando en riesgo de paralización la construcción de 90 mil viviendas, la que incluía la población Jaime Eyzaguirre de Ñuñoa^[72]. El Ministro de la Vivienda y Urbanismo, Aníbal Palma Fourcade, en un intento por controlar la situación, denunció el martes 21 de agosto, que:

“La ansiedad provocada por el paro criminal de los transportistas en los sectores poblacionales está provocando una situación que el Ministerio de la Vivienda ha debido encarar con firmeza y decisión, a objeto de evitar las tomas de poblaciones en construcción. En las últimas horas, grupos de pobladores sin casa, muchos de los cuales tienen asignadas sus viviendas en proceso de terminación, han promovido movimientos de “tomas” que el Ministerio está dispuesto a evitar mediante el diálogo con los interesados, señalando a éstos lo graves perjuicios que una actitud de esta naturaleza, implica”^[73].

Aníbal Palma señaló sobre el particular que el MINVU “no tolerará estos procedimientos que no se justifican, aun cuando las necesidades constituyan una emergencia imperiosa”. Empero, el llamado a tomar “tomar conciencia” en los pobladores y a remarcar comunicacionalmente, como si de una estrategia pedagógica se tratase, que las tomas de viviendas en construcción “provocan un daño mayor que lo que ellos imaginan”. Por estas razones, el Ministro fue terminante en expresar que “no tolerará, en ningún caso, que algunos pobladores sin conciencia perjudiquen a sus hermanos de clase y, en consecuencias, reprimirá en forma cualquier movimiento destinado a “tomar” viviendas en construcción y en proceso de terminación”^[74].

Así las cosas, en los momentos de máxima tensión y a solo semanas del Golpe de Estado, el Gobierno apeló como retórica a la supremacía del diálogo y la persuasión como estrategias. Los pobladores aprovecharon esta debilidad para tensionar la institucionalidad y el mercado, con el objeto de presionar el acceso a la vida urbana y a la habitación formal, que a la mayoría de los sectores de baja renta se les privaba. De esta manera, las medidas de resistencia podrían considerarse también como actos de sabotaje a la estructura capitalista del mercado habitacional y a la forma misma del consumo de la vivienda como un servicio y como propiedad. El Golpe de Estado del 11 de septiembre terminó con estas tensiones, pero también acabó con el discurso que la Unidad Popular promovió durante todo su mandato: el acceso universal a la vivienda como un derecho y un deber del Estado que debe facilitar.

Reflexiones finales sobre los límites de un sistema y la propiedad

La experiencia de las tomas de viviendas durante la Unidad Popular demostró que, en todo momento, el discurso político del acceso universal de la vivienda como un derecho social, no pudo encontrarse con la realidad del bajo desempeño económico de un país periférico y subdesarrollado. Para cuando la Unidad Popular asumió en el poder, el país se encontraba en un momento crítico de modernización e industrialización del sector constructor. La prefabricación “integral” y “pesada” era el sistema predilecto para contener el alza desbordante de la demanda habitacional y así el gobierno progresista lo entendió. La Unidad Popular y Salvador Allende, en especial, alimentaron amplias expectativas de desarrollo y equidad para los diferentes grupos sociales. Durante el primer año del Gobierno Popular, las metas cumplidas del Programa Habitacional parecieron acercarse por primera y única vez a las metas propuestas. Qué el ritmo de producción no pudiese sostenerse en el tiempo evidenció los límites que presentaba el sector económico constructor y la institucionalidad como todo un sistema. Es decir, el régimen de propiedad no era posible (tampoco lo es hoy) para todos los grupos sociales.

En ese sentido, el problema habitacional no solo afectó a las capas más populares de la ciudad. Es más, los grupos que participaron en las tomas colectivas de bienes urbanos procedieron de capas socio económicas diversas. Los actores eran más que sectores informales o desempleados. También participaron sectores que estaban incorporados al mercado y a la institucionalidad, entre ellos, obreros jóvenes y funcionarios públicos con un grado de pobreza material distinta a la de los pobladores que participaban en las tomas de terrenos no urbanizados. Esto permite comprender porque se apuntaba a tomar por la fuerza mercancías producidas (viviendas) y no bienes sin producir (predios). Que funcionarios de las corporaciones habitacionales participaran en estas acciones evidencia la extrema gravedad social que tuvo la cuestión de la vivienda. En ese sentido, las tomas de viviendas y departamentos pueden entenderse como una forma de resistencia al mercado para sectores bajos y medios. Pero también, fueron una forma de resistencia un tanto problemática en la medida que implicaron problemas y dificultades para el gobierno de la UP.

Por otra parte, el gobierno de Salvador Allende no actuó con pasividad frente al delito habitacional. Por un lado, fomento un proyecto de ley que buscaba sancionar penalmente dicho acto. Por otro, puso en práctica un ambicioso programa habitacional con amplio enfoque integral que permitió, por un tiempo, contener el alza de las tomas de viviendas en la capital. Desafortunadamente, esta medida se fue agotando y las tomas se reanudaron cuando las condiciones macroeconómicas y políticas se hicieron incontenibles. No obstante, hay elementos que deben ser rescatados. La búsqueda por cambiar el paradigma de la vivienda como objeto de consumo fue una de sus principales características. También la participación del Estado como empresa habitacional. Para las actuales autoridades e instituciones que están a cargo de elaborar medidas para afrontar el amplio déficit que padece el país, esta experiencia relatada deja un amplio horizonte de expectativas.  

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