Las uvas envenenadas y la sombra del intervencionismo norteamericano sobre la transición.

The poisoned grapes and the shadow of U.S. interventionism over the democratic transition.

Recibido el 10 de marzo del 2024 Aceptado el 13 de diciembre del 2024

Páginas 26-51

Financiamiento: Proyecto ANILLO “Mestizo cultural heritage and appreciation of the local culture. Forgotten lessons from the cold war”. ANID. Código ATE 220008.

Conflictos de interés: Los autores declaran no presentar conflicto de interés.

Resumen: El presente trabajo trata de la crisis que tuvo lugar en marzo de 1989, pocos meses después de la victoria del NO en el plebiscito nacional de 1988, cuando en EE.UU. se destapó el caso de uvas chilenas contaminadas con cianuro. Desde el régimen militar, la derecha y la prensa oficialista se alimentaron respuestas que aludían, entre otras posibilidades, a un complot basado en las dinámicas de los conflictos políticos de la época: a un acto de terrorismo comunista o a una acción de EE.UU., cuyo fin era ejercer presión sobre Pinochet para que no tratara de bloquear el proceso de transición. Sin pretender dar una respuesta definitiva al misterio del envenenamiento, el foco de este artículo está en las polémicas que generó, en la manera en cómo los actores políticos chilenos (desde el gobierno hasta las fuerzas de la oposición), sin saber lo que realmente había detrás del caso, actuaron en base por la percepción o la suposición de que pudiera haber habido algo de cierto en la hipótesis de un complot, leyendo la crisis en función de sus fines políticos. En este sentido el caso pasó a ser ilustrativo de dinámicas internacionales que acompañaron el proceso político local.

Palabras clave: Uvas envenenadas, Estados Unidos, Régimen militar, Guerra fría.

Abstract: This paper deals with the crisis that took place in March 1989, a few months after the 1988 Chilean national plebiscite, when in the United States was uncovered the case of Chilean grapes contaminated with cyanide. The military regime, the political right and the official press responded alluding, among other possibilities, to a plot based on the political conflicts of the time: an act of communist terrorism or an action by the United States, whose purpose was to exert pressure on Pinochet so that he would not try to block the transition process. Without pretending to give a definitive answer to the poisoning mystery, the focus of this article is on the controversies that it generated. Chilean political actors (from the government to the opposition forces) acted on the perception that there might have been some truth in the hypothesis of a plot, without knowing what was really behind the case. At the same time, they read the crisis in terms of their political ends. In this sense, the case became illustrative of the international dynamics that accompanied the local political process.

El presente trabajo trata de un episodio que aconteció en un contexto de Guerra Fría “tardía”, desarrollándose justo pocos meses antes de que cayera el muro de Berlín y que el breve siglo XX^[3], con sus contiendas ideológicas, llegara a su etapa final. En Chile había tenido lugar, en octubre de 1988, el plebiscito nacional que, con la victoria del NO, obligaba al dictador General Augusto Pinochet a abandonar el cargo presidencial tras la realización de elecciones democráticas, agendadas para finales de 1989. Pese a oponer muchas resistencias, Pinochet se había visto obligado a reconocer el resultado, también como efecto de las presiones internacionales, en particular del mismo gobierno norteamericano, interesado en que se produjera una transición pacífica y ordenada. Fue justo pocos meses después del plebiscito, en marzo de 1989, cuando el Dictador aún mantenía el cargo presidencial, que se destapó en EE.UU. el caso del hallazgo de uvas chilenas contaminadas con cianuro, previas unas llamadas recibidas por la Embajada en que un anónimo reivindicaba haber envenenado frutas de exportación. Según la transcripción publicada, la persona que realizó la llamada la motivó como presión hacia el gobierno para que arreglara la unidad de fomento, afirmando pertenecer a una organización “muy bien preparada”^[4]. Tras la decisión de decretar el embargo de toda la fruta chilena, se produjo un accidente diplomático cuyos efectos perduraron durante años. El peso de la política repercutió en el asunto, dando paso a conjeturas distintas y enfrentadas, que condicionaron y resignificaron sus alcances^[5]. Se generaron respuestas que aludían, entre otras posibilidades, a un acto de terrorismo de los comunistas o a una voluntad política de ejercer presión por parte de Washington para que Pinochet no tratara de bloquear el proceso.

En este artículo, sin pretender dar una respuesta definitiva al misterio, el foco está en las polémicas que despertó dentro del contexto del momento, en la manera en cómo los actores involucrados, sin saber lo que realmente había detrás del caso, lo usaron o leyeron con fines políticos, o incluso en cómo sus acciones fueron influidas por la percepción o la suposición de que pudiera haber habido algo de cierto en la hipótesis de algún tipo de complot. En este sentido el caso pasó a ser ilustrativo de dinámicas internacionales que acompañaron el proceso político local. También asumió un significado adicional al involucrar un sector de punta del modelo económico que constituía el principal logro que la dictadura podía esgrimir frente al mundo: logro que, desde Washington, se esperaba preservar y consolidar, tras la transición a la democracia, pero que también, era más vulnerable frente a decisiones de la superpotencia.

En el primer apartado se presentarán los antecedentes generales del caso y de su solución, así como las dudas y suposiciones que se generaron en ese momento. En el segundo, se analizarán de manera específica las lecturas que apuntaron a una explicación política del acontecido, reconduciéndolo a un caso de “terrorismo químico” o a una “canallada” de EE.UU. En el tercero, se considerarán las polémicas que involucraron a la oposición al régimen. En el cuarto, se contemplarán los antecedentes que tenemos a nuestra disposición para avanzar conjeturas respecto al papel realmente jugado por EE.UU. en todo el asunto. En las conclusiones se realizarán algunas reflexiones sobre los distintos ribetes políticos de la crisis que se desencadenó en esos días. Este trabajo se basa principalmente en el material de prensa relativo a algunos de los principales diarios partidarios del régimen (La Segunda, La Tercera y El Mercurio), en la documentación desclasificada del Departamento de Estado disponible línea, en el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de Chile que investigó el caso (1990-1991) y en la bastante escasa bibliografía secundaria que le ha prestado atención.

El 13 de marzo de 1989, la Food and Drug Administration (FDA) anunció públicamente el hallazgo de una pequeña dosis de cianuro en dos granos de uvas chilenas que mostraban señales de haber sido pinchados, y que pertenecían a un cargamento de aproximadamente 300.000 cajas de uvas transportadas a bordo del buque "Almeria Star", que había zarpado de Valparaíso y en ese momento estaba fondeado en el puerto de Filadelfia. En las semanas anteriores habían llegado dos llamadas anónimas a la Embajada norteamericana en Santiago, en las que se amenazaba contaminar uvas destinadas al mercado de EE.UU. y Japón^[6]. Aunque se comprobó que no se trataba de una dosis letal, se procedió a la retención de la fruta chilena, su retiro del mercado y a la advertencia a la población de evitar su consumo, medida a la cual se sumaron Canadá, Japón y algunos países europeos. En ese momento Chile se encontraba en una fase de interregno. Pocos meses antes se había producido la victoria del NO en el plebiscito y el país, con el general Pinochet aún al mando, estaba a la espera de la realización de las primeras elecciones democráticas.

Para entender cabalmente el impacto de la noticia del embargo, conviene recordar que, en los años anteriores, la administración de Ronald Reagan había acompañado el proceso chileno con constantes presiones hacia el régimen, para que éste accediera a una transición pacífica a la democracia. La lentitud mostrada por este último en avanzar en tal dirección y su reiterado uso de métodos represivos impulsó, desde mediados de los ochenta, un giro hacia una posición más crítica e intervencionista^[7]. En la fase pre-plebiscito, en particular, Washington insistió para que se garantizaran las condiciones para un voto transparente, temiendo que Pinochet buscara aferrarse al poder, polarizando al país y dañando los intereses de EE.UU. en la región^[8]. E incluso una vez lograda la derrota del dictador en las urnas, el Departamento de Estado seguía vigilando sobre la conclusión del proceso, preocupado de que Pinochet pudiese intentar alguna maniobra. Mientras tanto, cuando estalló el caso de las uvas envenenadas, Bush había llegado a la Casa Blanca y el quien anteriormente había sido el Embajador en Washington, Hernán Felipe Errazuriz, era el nuevo canciller chileno.

Por otra parte, cabe considerar la relevancia económica y el valor simbólico del sector afectado por la crisis. Chile, que aun a comienzos de los ochenta era un país mono-exportador, a fines de esa misma década veía a la exportación de fruta fresca consolidarse como segundo rubro de sus exportaciones, de las cuales el mercado norteamericano representaba el principal receptor^[9]. Por esa razón, el embargo causó un daño de proporciones (aproximadamente entre 300 y 400 millones de dólares^[10]), poniendo a la luz la fragilidad de sus exportaciones de fruta frente a las decisiones norteamericanas. Más aún, cabe recalcar que el sector vitivinícola representaba una punta de lanza para el prestigio del éxito económico chileno en EE.UU., donde en los años anteriores se había buscado sistemáticamente generar un impacto positivo, a nivel de imagen-país, entre los consumidores^[11]. El gobierno chileno responsabilizó inmediatamente al terrorismo izquierdista de haber “cocinado” el caso, pero fueron muchas las voces, dentro del régimen, que culparon a los EE.UU. por la decisión del embargo o hasta vieron la mano de la superpotencia detrás de lo acontecido. En los medios y en la población se instaló un clima de virulenta animosidad anti-yanqui, con manifestaciones frente a la Embajada durante las cuales fue lanzada uvas dentro del edificio. Desde la misión se informaba al Departamento de Estado que esta:

“se vio directamente afectada por una serie de manifestaciones y amenazas telefónicas contra sus instalaciones y personal. El gobierno de Chile brindó un excelente apoyo policial, al mismo tiempo que pareció alentar algunos aspectos de esta reacción en sus mismos pronunciamientos públicos”^[12].

En esos días, mientras que unos varios personajes de la farándula, como la Miss Universo Cecilia Bolocco, se hacían fotografiar comiendo racimos de uva chilena, y los dirigentes de la derechista UDI (Unión Demócrata Independiente) llamaban a una “jornada frutera”, con reparto masivo y gratuito de frutas en los colegios, hogares de ancianos, y otros lugares públicos^[13], el mercado chileno se vio saturado por frutas de primera calidad, normalmente destinada a la exportación. En la prensa, mientras La Tercera cubrió la crisis con mucho contenido polémico, en El Mercurio la información fue, significativamente, bastante más limitada y cautelosa en los tonos. Lo que reflejaba el dualismo de la misma reacción gubernamental. Al margen de las declaraciones públicas, la cancillería, con el beneplácito del mismo dictador, buscó una solución concreta al problema, apegándose pragmáticamente a normas y canales diplomáticos. Mientras la Corte de Apelaciones de Valparaíso designó a un ministro instructor a cargo de las investigaciones sobre el caso, el canciller Hernán Felipe Errázuriz, el ministro de agricultura Jaime De la Sotta, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y los productores del sector frutícola llevaron a cabo una acción coordinada para defender la posición y los intereses del país, en que el principal argumento fue la desproporción del embargo respecto a la amenaza que implicaba el hallazgo. Estos esfuerzos lograron que fuese levantado el embargo a partir del 21 de marzo.

Existen trabajos que han analizado desde distintos ámbitos disciplinarios el manejo técnico del problema y las incongruencias que se hallaron en las decisiones tomadas por la FDA, así como los esfuerzos chilenos en vista de una posible indemnización, que se extendieron durante años e involucraron a los mismos gobiernos de la Concertación^[14]. Conviene considerar brevemente los elementos que generaron y siguen generando dudas hasta el día de hoy. En primer lugar, se detectaron anomalías en la conducta de distintas entidades (la Embajada, la Aduana y de la FDA): se saltaron los protocolos necesarios para manejar información de esa sensibilidad y, al parecer, no se consultó el Departamento de Estado respecto a un asunto que presentaba evidentes implicancias de Política exterior^[15]. En segundo lugar, las investigaciones conducidas en Chile y EE.UU. mostraron la existencia de varias inconsistencias. Llamaba la atención una reacción tan extrema puesto que la dosis estaba lejos de ser letal (3,1 microgramos por baya, siendo una dosis fatal de aproximadamente 200 miligramos para un adulto) y se cuestionó la plausibilidad que la FDA hubiese realizado el muestreo al azar, para hallar dos granos de uva entre tantas cajas^[16]. Los experimentos conducidos posteriormente además mostraron que esa dosis de cianuro se evapora rápidamente, descartando que las uvas hubiesen sido envenenadas en Chile y sugiriendo su contaminación en los mismos laboratorios de la FDA. A estas conclusiones llegó una comisión especial del Congreso en Chile en 1991, en cuyo informe se hablaba de “mala fe manifiesta” de las autoridades de EE.UU.^[17].

Se formularon distintas hipótesis respecto a lo acontecido. Se manejó, desde un inicio, incluso dentro del gobierno, la posibilidad de una maniobra de productores norteamericanos, que temían la competencia chilena durante las pocas semanas de otoño en que los respectivos productos coincidían en el mercado de EE.UU.^[18]. Según Alejandro Hernández, uno de los uno de los técnicos chilenos encargados por el Gobierno de Chile para supervisar la eliminación de la uva chilena en Estados Unidos:

"Los americanos decían haber demostrado que las uvas tenían cianuro, y que esa uva había que botarla. Ellos admitieron que un técnico chileno fuera a comprobar que la uva finalmente se botaría al mar, y así fue. Tuvimos que botar al mar toneladas y toneladas de fruta chilena, allí en la bahía de Filadelfia. Después, se supo que la razón detrás de esta acción fue el interés para favorecer a la fruta americana. Después de esa experiencia, yo estoy convencido que todo este caso fue inventado por Estados Unidos para favorecer a los productores de fruta americanos"^[19].

Otra hipótesis ha apuntado a una sobrerreacción de parte de las autoridades especializadas de EE.UU., temerosas de cometer algún tipo de omisión respecto a un tema que era extremadamente sensible, debido a que la posibilidad de un acto terrorista era un tema de interés nacional particularmente presente en esos años^[20]. Puede además haber pesado la preocupación del comisionado de la FDA Frank Young para no perder su cargo, puesto que recién en enero se había producido la asunción de Bush como presidente^[21]. Sin embargo, las hipótesis que asumieron mayor visibilidad a nivel público fueron las que vieron detrás de todo un acto de índole política.

Desde el gobierno, desde un inicio, se apuntó a ver detrás del acontecido la mano del principal enemigo ideológico del régimen. En un discurso transmitido por cadena nacional en radio y televisión, el 13 de marzo, el ministro del Interior Carlos Cáceres afirmó que se trataba de “terrorismo amparado por el Partido Comunista” (PC), anunciando investigaciones y medidas de seguridad^[22]. Pinochet, tras instruir a Errazuriz para sus gestiones, públicamente habló de "terrorismo químico" expresión de un plan urdido en contra de las exportaciones y de la economía chilena por el marxismo internacional^[23]. Y, siempre en esa línea, el 16 de marzo, el ministro secretario general del gobierno Miguel Ángel Poduje se refirió a un “plan fruta” maquinado por el PC para afectar a los intereses económicos nacionales desarticulando las exportaciones del sector. Una acusación con que, a la luz del daño causado a los empleados del sector, se buscaba desacreditar el compromiso del partido con los intereses de la clase trabajadora^[24]. Fueron detenidos varios integrantes de la “jefatura del Frente Militar” comunista en la quinta región y se mostró un instructivo en que dicho Frente planeaba acciones desestabilizadas, que incluían el uso de elementos químicos en los puertos y en los packings^[25]. Por su parte, el PC protestó por su inocencia, condenando un acto que dañaba los intereses de los trabajadores^[26]. En palabras de uno de los militantes detenidos:

“...lo primero que dijo Pinochet es que se nos tenía que buscar vivos o muertos, luego fue bajando y, de hecho, pasó mucho tiempo del envenenamiento de la uva, incluso después hablábamos con los abogados: oye vamos a mandar a hacer una demanda contra Pinocho por esto. No, al final se descubrió que la uva la habían envenenado, un grano de uva, con cianuro en Estados Unidos"^[27].

Respecto a las lecturas que se refirieron a las culpas de las autoridades de este último país en todo el asunto, es preciso considerar distintos matices. La paradoja es que la pista del “terrorismo químico” podría incluso haberse pensado, en un principio, como una señal a Washington respecto de la necesidad de medidas de fuerza, en línea con las justificaciones esgrimidas a lo largo de los años por el régimen a sus interlocutores del gobierno estadounidense: los terroristas, ahora, llegaban incluso a envenenar a ciudadanos norteamericanos. Sin embargo, en este caso, la misma posición de EE.UU. quedaba envuelta en la ambivalencia. Hubo quienes denunciaron esencialmente la decisión de decretar el embargo, considerada torpe, apresurada y egoísta, una acción que hacía el juego de los terroristas, demostrando la eficacia de sus acciones: en esta postura se manifestaron el principal diario del país, El Mercurio, que adoptó tonos muy moderados, y varios representantes del mismo gobierno militar, incluyendo al mismo Pinochet. Bien distinta fue la interpretación de quienes vieron la posibilidad que EE.UU. estuviese aprovechando consciente y maquiavélicamente un incidente creado por los comunistas, con el fin de dar una señal a Pinochet respecto a la necesidad de no echar atrás el retorno a la democracia. El caso más emblemático fue el del comandante en jefe de la Armada y miembro de la junta militar de gobierno, Almirante José Toribio Merino, quien declaró que “esto es una de las tantas canalladas que nos ha hecho Estados Unidos”, que “creen que somos un país bananero”, si bien especificó que tal “canallada” estaba “cocinada desde aquí por los comunistas”^[28]. Otro miembro de la junta, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Fernando Matthei, habló de “una nueva y feroz bofetada del gobierno norteamericano. Un agresión económica y política como no se ha visto en la historia del mundo”^[29]. Y una lectura análoga la sugirió el diario La Segunda, el 16 de marzo, publicando el télex con que el Secretario de Estado James Baker alertaba a otros países aliados del envenenamiento de las uvas: lo que se consideraba la demostración de su intención de dañar a Chile^[30]. EE.UU. no solo habría sobrereaccionado, haciendo el juego de los comunistas, sino que estaba usando el caso contra el régimen^[31].

Entre los empresarios, particularmente dura fue la posición de Ricardo Claro quien, a través de su grupo, era dueño de la viña Santa Rita y accionista en el sector del transporte de las uvas. Indignado por la decisión del embargo y por la de alertar a otros países respecto al peligro que constituiría la fruta chilena, llegó a renunciar al directorio del Instituto chileno-norteamericano y pidió que Chile demandara a EE.UU. en la Corte internacional de la Haya^[32]. El mismo Claro fue el que formuló de manera abierta otra hipótesis, es decir que el gobierno de Washington hubiese sido desde un inicio el responsable de toda la situación. Algunos días después, el 21 de marzo, aludió derechamente a esta posibilidad en una entrevista radial:

“Toda la acción reciente en torno de la fruta chilena no es sino una conspiración montada por agentes del gobierno de los Estados Unidos para causar ruina y destrucción en la economía chilena, en el sector geográficamente más amplio, en el sector en que más trabajadores y empresarios participan, en el sector que más afecta a los bancos, en el sector que -después del cobre- aporta más dólares al país. Por dos uvas, que los agentes norteamericanos contaminaron con una leve dosis de cianuro, que no era capaz de provocarle trastorno a persona alguna, se produce un proceso de crucifixión del pueblo chileno”^[33].

Como prueba de sus argumentos, Claro contó que un diplomático estadounidense en Chile le habría preguntado, anteriormente, por el efecto tendría en Chile una suspensión de las exportaciones a Estados Unidos^[34]. Según Ascanio Cavallo, la teoría que “el envenenamiento ha sido una forma de advertencia sobre la continuidad de la transición” había encontrado ya desde los primeros días cierta resonancia en “una parte el gobierno y especialmente los militares”, para luego recibir aún más credibilidad a la luz de los estudios que apuntaban a que el envenenamiento se había producido en EE.UU.^[35]. De hecho, en la tarde del mismo día en que habló de una “canallada”, Merino había aludido a que:

“Puede haber habido una contaminación de uva intencionalmente hecha aquí, pero entre 30 millones de cajones de uva, para ir a abrir un cajón que tiene la fruta contaminada, tiene que haber una conexión indudable entre el fulano que abrió el cajón en Filadelfia, o los dos o tres cajones, y los que la contaminaron aquí”^[36].

Tras las afirmaciones de Claro, el general director de Carabineros Rodolfo Stange emitió un juicio que le otorgaba bastante plausibilidad, al afirmar públicamente que el empresario “parece que está muy bien informado, tiene bastante analizado el problema y por lo tanto dejemos que desarrolle lo que él dijo que iba a hacer”^[37]. De todos modos, pese a estas declaraciones de otros integrantes de la junta, Pinochet al parecer “nunca compró la tesis acerca de una conspiración en su contra”^[38]. El dictador, que en los primeros días había condenado la medida del embargo, posteriormente se refirió al clima anti-norteamericano que se había instalado en el país en esos días, tratando de bajar el tono a las polémicas y facilitar las gestiones diplomáticas de la cancillería:

“He reflexionado sobre esto y pienso que es injusto. posiblemente, haya justicia al estimar que la medida norteamericana fue muy dura. Pero también hay que darse cuenta que el Gobierno norteamericano tiene la obligación de resguardar la salud de su población”^[39].

Por lo general, la crisis tuvo el efecto de unir en una campaña de defensa de los intereses nacionales los distintos partidos y partes sociales, sin por ello dejar de ser leída en clave polémica. Los mismos comunistas condenaron el acto por violar los derechos de los trabajadores y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) protestó contra los despidos masivos en el sector afectado por la crisis, ofreciendo al mismo tiempo al ministro del interior Cáceres sus oficios para usar sus contactos internacionales en favor del levantamiento del embargo^[40]. La postura del régimen, en realidad, estaba pensada para una polémica hacia distintos frentes. La campaña de defensa del interés nacional contra la “agresión externa” (del comunismo internacional o del imperialismo yanqui) debe también ser interpretada como un recurso con que este trató de generar consenso frente a la oposición, con vista a las próximas elecciones^[41]. Al lado de las acusaciones contra los comunistas, proliferaron de hecho declaraciones que apuntaban a estigmatizar los efectos de la “campaña anti-chilena” llevada adelante en el exterior por los grupos políticos que habían confluido en la Concertación^[42]. Poduje denunció la “responsabilidad moral de muchas personas que han pedido claramente, a través de viajes y contactos en el extranjero, un boicot al comercio exterior chileno”^[43]. Álvaro Bardón, presidente del Banco del Estado, culpó a los opositores, “que permanentemente han estado haciendo lobby, antesala para que se tomen medidas políticas contra Chile”, así como a los sectores “de izquierda” dentro del Departamento de Estado^[44]. El mismo Pinochet, al expresar comprensión hacia la medida del embargo, afirmó de manera bastante incongruente que la oposición usaba sus contactos en EE.UU. para obtener medidas contra la economía chilena:

“¿fue por culpa de los norteamericanos? No, mis amigos. Fue por culpa de los otros, de aquellos que están actuando de forma artera contra nuestro país, de aquellos que son vendepatria. ¿Cuántos no han ido a Estados Unidos a implorar, a llorar y contar historias, para que no nos den créditos?”^[45].

Para neutralizar toda acusación de vendepatrias, las fuerzas de la Concertación optaron por mostrarse abanderadas del “interés permanente del país por encima de las serias divergencias internas entre el régimen autoritario y los sectores democráticos” y criticaron la medida norteamericana como desproporcionada, si bien de manera diplomática: una delegación guiada por Patricio Aylwin se entrevistó con el Embajador Gillespie, cuyas razones Aylwin consideró “muy razonables”^[46]. A mismo tiempo, este sector buscó aprovechar políticamente la situación, al notar cómo la crisis ponía a la luz “la fragilidad del modelo exportador” que constituía el orgullo del régimen^[47]. El incidente ponía en evidencia que el milagro económico de la dictadura no se sustentaba sin tomar en cuenta el contexto internacional y que la falta de legitimidad del régimen en el exterior terminaba siendo un problema para el país^[48]. Una posición que el entonces vicepresidente de la UDI Joaquín Lavín estigmatizó como instrumentalización y “uso político”^[49]. Por otra parte, cuando la clase dirigente concertacionista heredó el caso una vez en el gobierno, trató de solucionar pragmáticamente el asunto^[50]. Con el tiempo, visualizando la imposibilidad de una indemnización, sus representantes llegaron a la conclusión que las posibilidades que se abrían para el futuro en el mercado norteamericano aconsejaban aceptar un arreglo^[51]. Como relata Mariano Fernández, quien como Subsecretario de Relaciones Exteriores fue el comisionado del Gobierno de Chile para el cierre del caso:

"Tras una década de negociaciones, logramos dar un cierre al caso que, al fin y al cabo, fue igualmente beneficioso para Chile, pues abrió las puertas para la fruta chilena y todos nuestros productos, y llevó a la firma del tratado de libre comercio con los Estados Unidos”^[52].

Y es muy posible que, en dar ese paso, no se perdiera de vista la consideración implícita que, si había sido una “canallada”, esta había sido ejercida en favor del retorno a la democracia. Pero hay otro aspecto que marcó las polémicas entre bandos políticos. Ya en los días de la crisis, el presidente del PAIS (Partido Amplio de Izquierda Socialista), Luis Maira vio en el embargo una contrapartida a la insatisfactoria colaboración del régimen en el caso del asesinato del ex canciller y embajador de Allende en EE.UU. Orlando Letelier, asesinato en Washington en septiembre de 1976, junto con su asistente norteamericana, por agentes de la DINA:

“Como la política internacional es compleja, no sería descartable la posibilidad de nexos indirectos entre una y otra decisión. Los gobiernos que son reacios a respetar determinados derechos y valores de la conducta internacional reciben muchas sanciones indirectas”^[53].

En los hechos, las dos cuestiones terminaron cruzándose de manera reiterada. Por ejemplo, en un encuentro entre el Subsecretario de Estado y el Embajador de Chile Octavio Errazuriz, en mayo de 1989, fueron deliberadamente puestas en la misma mesa de discusión:

“Nuestro propósito en esta reunión es el de subrayar nuestro continuo apoyo al proceso de transición democrática, destacar que actuamos con responsabilidad y que hemos cooperado plenamente con el gobierno chileno en la reciente crisis de la fruta, y señalar nuestra preocupación por la falta de avances en el caso del asesinato de Letelier”^[54].

Tras la asunción de Aylwin, los dos casos representaron las principales dificultades que había que superar en la búsqueda de relaciones privilegiadas con EE.UU.^[55], y volvieron a acoplarse cuando la derecha protestó contra la disponibilidad mostrada por el gobierno concertacionista para acoger los acuerdos que establecían una compensación ex gratia a EE.UU. para el caso Letelier^[56]. En septiembre de 1990 el canciller Enrique Silva Cimma informaba al respecto el Embajador:

“El escándalo por las uvas envenenadas y las órdenes de comercialización ha enrarecido el ambiente tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado en lo que respecta a las relaciones con los Estados Unidos. (Silva Cimma) cree que cualquiera de las dos Cámaras podría negarse de plano a ratificar el acuerdo firmado el 11 de junio, que activaría una comisión internacional para determinar la compensación para los miembros de las familias Letelier y Moffitt. Como mínimo, habría un agrio debate e intentos de vincular con el asunto Letelier/Moffitt el de una compensación para los fruticultores”^[57].

Lo que puntualmente fue solicitado por senadores de la derecha, quienes pidieron que el mismo mecanismo fuera aplicado al caso de la uva, mientras el secretario general de la UDI Joaquín Lavín polemizaba respecto a cómo EE.UU. "es muy bueno aplicando presión, pero cuando tienen ellos la responsabilidad, no la aceptan”. La misma Embajada notaba como, de esa forma, la derecha podía sacar provecho de comparar la distinta disposición del gobierno Aylwin en los dos asuntos, “apelando al nacionalismo chileno y explotando las sensibilidades chilenas frente a Estados Unidos”^[58].

No obstante los muchos elementos que parecen sugerir que, en alguna medida, los EE.UU. hayan fabricado o por lo menos aprovechado el caso como una medida de presión hacia el régimen, las fuentes norteamericanas a disposición, por lo menos las relativas a la Embajada en Santiago, descartarían responsabilidades culposas. De hecho, para la Embajada el incidente dañaba la estrategia seguida hasta ese momento para facilitar una transición pacífica y generaba además un daño al modelo económico que los EE.UU. querían defender y preservar. Según el Deputy Chief of Mission, George Jones, el incidente “fue desafortunado”:

“Pensábamos que acabábamos de establecer las mejores relaciones posibles entre Estados Unidos y Chile y de sentar las bases para la salida de Pinochet y esto nos golpea en la cara” (...) “Sin duda, esto afectó nuestras relaciones con la derecha chilena y la comunidad empresarial. Había tanta sospecha de que lo hacíamos por razones políticas y yo mismo me harté de hablar, al igual que otros, pero no sirvió de nada”^[59].

La documentación desclasificada muestra además que en la Embajada se instaló un clima de alerta. En el mismo tiempo en que era blanco de las protestas nacionalistas, la misión informaba respecto de la existencia de amenazas de acciones terroristas contra su sede, insistiendo en reforzar las medidas de seguridad. Entre estas amenazas cabe mencionar una, particularmente curiosa, respecto de alguna posible acción de grupos izquierdistas en protesta contra el embargo:

“el responsable de la seguridad (RSO, Regional Security Office) habló con una fuente que afirma tener contactos en la CNI del gobierno de Chile, quien le advirtió que terroristas de izquierdas están planeando una acción espectacular contra personal o instalaciones del gobierno de Estados Unidos, o contra una empresa privada estadounidense, en represalia por la decisión del gobierno de Estados Unidos de detener temporalmente la importación de fruta chilena. El RSO ha alertado a otros elementos de la misión que están tratando de verificar esta información a través de fuentes separadas” ^[60].

No se halló nada de concreto. La documentación relativa a los meses siguientes aporta nuevos interesantes antecedentes. En junio la Embajada recibió tres nuevas llamadas. La operadora reconoció la voz y en la misión no quedó duda que se trataba del mismo individuo que había llamado en marzo. Este, de manera incongruente, confusa y agresiva, anunció nuevas acciones contra los norteamericanos, como envenenar vino y poner bombas en aviones para Miami:

“El interlocutor estaba en estado de confusión y desorientado. Parecía estar intentando tocar todo tema que pudiera causar alarma y atraer la atención. No somos psiquiatras, pero el hombre nos parece un verdadero loco. Sus delirios sobre personalidades de la televisión nos parecen especialmente reveladores”^[61].

En las siguientes llamadas, el personaje se identificó como “Misión Imposible”^[62]. Pidió que la Embajada convocara una conferencia de prensa para dar a conocer sus amenazas, “amenazando con envenenar a los estadounidenses presentes en Chile comenzando por los mormones y luego todos aquellos que viajan como turistas a Chile”^[63]. Si bien se tomaron resguardos y se advirtieron a las autoridades chilenas, a las cuales se entregó un cassette con la grabación de las llamadas, se decidió no dar publicidad a la noticia, considerando que las polémicas sobre el caso ya habían desvanecido: discreción que fue valorada por el gobierno chileno^[64].

La hipótesis de que todo haya sido producto de la acción de un mitómano contradeciría toda conclusión que el envenenamiento se haya producido en EE.UU. Por otra parte, dejaría pendiente un análisis de lo que el acto de amenaza suscitó, es decir las respuestas de la FDA y del Departamento de Estado. Independiente de cuál fuese la autoría del supuesto envenenamiento: ¿por qué el Departamento de Estado permitió que se desarrollara la crisis sin considerar los costos o beneficios políticos que podía suscitar respecto de una situación tan delicada como la que estaba atravesando Chile? Consideraciones que, por lo demás, aplicarían a otras hipótesis (la de un acto terrorista, la de un complot de productores californianos o de una sobrerreacción de la FDA). A este respecto, además, debe contemplarse la posibilidad que la Embajada no manejara toda la información respecto a lo que se “cocinaba” en el Departamento de Estado o en la CIA.

El hecho es que la tesis de un complot o de una “canallada” encaja con muchos de los antecedentes a disposición relativos a la política norteamericana hacia Chile: lo que podría haber generado, por lo menos, la legítima sospecha del régimen, en la medida en que este manejaba tales antecedentes. Ya en la fase anterior al plebiscito, en Washington se había empezado a contemplar con más insistencia, si bien con muchos cuidados, la posibilidad de usar el arma económica, incluso en relación al sector agroalimentario^[65]. Paralelamente, se estaba buscando la colaboración con otros países, sobre todo europeos (de los cuales se temía la competencia en las oportunidades de inversión en Chile), para que participaran de un esfuerzo conjunto en favor de la transición^[66]. Ambos elementos podrían relacionarse con el embargo de las uvas y la presión ejercida por Washington hacia otros gobiernos en esa instancia^[67]. También sabemos que, una vez realizado el plebiscito, esas armas seguían siendo contempladas, en caso de que Pinochet hubiese intentado agarrarse al poder^[68]. Quedaba además abierto el caso Letelier, caso respecto del cual Washington no había contado con una significativa colaboración chilena y que tocaba una cuerda sensible^[69]. Respecto al tópico, también es interesante la opinión de Mariano Fernández, quien visualiza la posibilidad que una acción de productores norteamericanos haya sido aprovechada para la administración Bush para ejercer presión sobre Chile:

“Mi impresión final de este caso, fue que aquí hubo un doble interés por parte de los Estados Unidos. Por una parte, aquí existió un interés muy fuerte, por parte de los productores de uva de California, para frenar la penetración de la uva chilena, que les estaba dando una competencia muy fuerte a la uva americana. Pero, por otro lado, sin duda el gobierno de Estados Unidos aprovechó esta oportunidad para enviar un mensaje al Gobierno de Chile, que no iba a tolerar una interrupción al proceso de transición a la democracia. Hubo una coincidencia entre los productores americanos y el gobierno de Estados Unidos"^[70]

Tampoco es descartable otra hipótesis que, involucrando al mundo empresarial chileno y norteamericano, encajaría con una decisión de índole esencialmente político. EE.UU. podría haber escogido la uva justamente como nudo central en la colaboración económica entre los dos países, para mostrar la dependencia que el éxito del “modelo” tenía respecto a las decisiones y la disposición del gobierno, de los inversores y del mercado norteamericano. Este tipo de acción podría haber sido calculada incluso como una presión hacia los empresarios chilenos, con el fin de convencerlos que una transición democrática era necesaria para que sus intereses económicos pudieran prosperar. Tal hipótesis no es descartable, pese a presentar sin duda ribetes bastante problemáticos. Como expresó Fermandois:

“es difícil pensar que EE.UU. iba a dañar de manera planificada a una economía que consideraba ejemplar, y que funcionaba en lo referente a la fruta, como complementaria a intereses norteamericanos también poderosos”^[71].

Además, se debería tomar acto que, en la medida en que se hubiese buscado presionar al empresariado chileno, el efecto que se obtuvo fue exactamente el opuesto^[72]. Finalmente, para entender el caso y las suposiciones que despertó, debe considerarse la exasperación de Washington hacia el dictador de un pequeño país del cono sur, que estaba haciendo caso omiso de los costos de ignorar el contexto internacional y las presiones de la principal potencia mundial. Un problema que aparece reiteradamente en la documentación desclasificada relativa a los años anteriores y que fue clave en endurecer la postura norteamericana. Emblemático lo que el canciller Miguel Schweitzer le dijo al Embajador James Theberge en febrero 1983, respecto de la actitud de Pinochet:

“El presidente sabía por experiencia que la crítica y la hostilidad extranjera, incluso de un país tan poderoso como Estados Unidos, no era muy importante (...) lo que pasa en Chile, no en el exterior, es lo crucial para la supervivencia del régimen”^[73].

En este sentido, sería posible leer, en el caso de las uvas, un mensaje con que se apuntaba a mostrarle al régimen su dependencia del contexto internacional y la capacidad de EE.UU. para hacerle daño con poco esfuerzo, justo en el ámbito que constituía su principal logro y razón de orgullo.

Aún quedan dudas sobre la autoría del supuesto envenenamiento e, independiente de ello, permanecen interrogantes sobre la manera en que la administración Bush actuó para gestionar el caso. Las polémicas que este suscitó en Chile expresaron de manera significativa el nudo de las conexiones internacionales que se tejían en torno al proceso político interno. En un escenario marcado por extrema incertidumbre, en que la mayoría de los actores involucrados no tenían una información clara respecto al origen y al significado de lo acontecido, todos se basaron en suposiciones, algunas verosímiles, otras menos, para orientar sus declaraciones y sus acciones, resignificando los hechos en función de sus fines políticos. A nivel de política interna, se puede percibir el intento de generar cohesión interna por parte de un régimen que enfrentaba con preocupación el escenario de las venideras elecciones de diciembre, con la perspectiva de perder definitivamente el poder. La referencia a la pista terrorista y el argumento antiimperialista se fundamentaban ambos en esta exigencia de crear consenso y daban voz a un discurso instalado en la propaganda pinochetista, es decir el recurso a llamados a la defensa del país contra complotes inspirados por poderes foráneos y sus aliados chilenos. El fin era el de poner en tela de juicio a la oposición moderada y sus vínculos internacionales, usando la retórica de la “campaña anti-chilena” y aludiendo a las medidas de boicots que habían sido impulsadas en esos años. La oposición, enfrentada a tales acusaciones, optó por moldear su respuesta de manera tal de refrendar su amor de patria, pero sin renunciar a sacar, a su vez, provecho del incidente, mostrando la debilidad internacional del régimen.

En el caso de un complot de los comunistas se esgrimía un argumento que el gobierno militar había reiteradamente usado en su relación con los norteamericanos, para justificar las medidas de fuerza respecto al peligro representado por el Frente Patriótico. Si bien, en este caso se culpaba a EE.UU. de haber caído en la trampa, haciéndole el juego a los extremistas, es plausible que esa interpretación pudiese apuntar inicialmente a generar en Washington cierta comprensión para la situación del régimen, con vista a eventuales medidas de emergencia. Por otra parte, quedarían muchas dudas respecto de lo que podría haber perseguido el Frente, u otro grupo insurgente, con una acción que iba a afectar, de manera impredecible, la relación entre dictadura y Washington (y quedaría abierta la interrogante respecto a su capacidad de predecir el error de la FDA sobre el cianuro)^[74]. Además, era predecible que el resultado podía haber sido justamente el de darle al régimen un argumento para fortalecer su base de consenso. En realidad, la demostración que las uvas no se contaminaron en Chile y varios indicios de una conducta culposa de parte norteamericana desacreditaron la pista terrorista, apuntando a la hipótesis de una “canallada”.

Respecto a esta hipótesis, por otra parte, deben considerarse distintos factores. Es improbable que el régimen hubiese escogido esa estrategia, considerando los efectos que podía producir y la posible respuesta de la superpotencia, si no hubiese efectivamente sospechado. En realidad, existían elementos concretos para alimentar esa sospecha, que se fundamentaban en las presiones recibidas hasta ese momento y reflejaban de manera coherente opciones que se manejaban en Washington respecto a cómo tratar a la dictadura chilena. No obstante, el mismo Pinochet, el canciller Errazuriz y otros grupos dentro del gobierno prefirieron equilibrar el efecto de la campaña anti-norteamericana y buscar, al margen de las polémicas, una solución pragmática: una opción que tal vez reflejaba cierto escepticismo respecto a que se tratara realmente de una “canallada”, pero que también consideraba la debilidad de la posición chilena en el asunto.

Por lo que concierne el papel realmente jugado por EE.UU., se pueden avanzar dos posibles interpretaciones, completamente opuestas: una apuntaría a que se trató justamente de una maniobra para ejercer presión sobre Pinochet y otra, en cambio, sugeriría que el incidente creó más bien un elemento de disturbio para la estrategia norteamericana hacia la transición chilena y la continuidad del modelo neoliberal. Varias hipótesis que se manejaron entonces o que salieron a la luz posteriormente (que se tratara de un complot de productores californianos, de una sobrerreacción de la FDA, e incluso de la acción de un mitómano), presentan todas ciertos elementos de verosimilitud. Por ejemplo, es una explicación bastante plausible la que hacía hincapié en la prioridad representada por la seguridad nacional de EE.UU. (contra un acto terrorista que amenazaba la salud de la población), respecto a toda consideración relativa a la situación de Chile. Sin embargo, esta y las otras hipótesis antes mencionadas dejan abiertas muchas interrogantes, quedando la impresión que el incidente podría no haberse producido o manejado con mayor cuidado, y que sin duda se habría solucionado de manera distinta, si el gobierno de EE.UU. hubiese tenido la voluntad de que así fuera.

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[5] Sobre las relaciones exteriores del régimen militar y los desafíos que las marcaron en esta fase, ver, entre muchos otros: Joaquín Fermandois, Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial, 1900-2004 (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005), 425-486; Heraldo Muñoz, Las relaciones exteriores del Gobierno Militar Chileno (Santiago: Ediciones del Ornitorrinco, 1986); Raúl Bernal-Meza, Historia de las Relaciones Internacionales de Chile, 1810-2020 (Santiago: RIL Editores), 2020, 438-450.

[7] Morris Morley, Chris McGillion, Reagan and Pinochet. The struggle over U.S. policy toward Chile (Cambridge: Cambridge University Press, 2015); Pablo Rubio Apiolaza, Por los ojos del águila: la transición democrática chilena vista desde el gobierno de los Estados Unidos, 1981-1994 (Santiago, Catalonia, 2022). Ver también Pablo Rubio Apiolaza, “Los Estados y la transición a la democracia en Chile. Lecturas e influencias entre 1985 y 1988”, Documentos de Trabajo IELAT 120 (2019), 4-41.

[9] Las exportaciones en este rubro alcanzaron en 1988 un significativo 8,3%, correspondiente a 582 millones de dólares. Ver Eduardo Engel, “Uvas envenenadas, vacas locas y proteccionismo” (Documentos de trabajo, Centro de Economía Aplicada, Universidad de Chile, N°9, 1996), 94. Como destaca Heidi Tinsman, “las exportaciones de uva chilena a Estados Unidos se dispararon de 15.000 a más de 350.000 toneladas” entre el golpe y el retorno a la democracia, constituyendo “casi toda la uva que se consume en Estados Unidos entre enero y abril”. Ver Heidi Tinsman, Se compraron el modelo. Consumo, uva y la dinámica transnacional: Estados Unidos y Chile durante la Guerra Fría (Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2016), 18.

[10] El informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados afirma que no era posible tener una estimación cierta, pero que los daños calculables eran de aproximadamente 330 millones. Cámara de Diputados de Chile, Informe de la Comisión Especial que investiga el caso de las uvas contaminadas con cianuro (Cámara de Diputados de Chile, 1991), 65, https://archivopatrimonial.uahurtado.cl/uploads/r/archivo-institucional-universidad-alberto-hurtado/1/6/1/161f1de798feff901d3810f5704035bea5a0d178a8ddb1cc51a4cc31f2a62e48/91-1888.pdf (consultada el 27 de julio de 2024).

[11] Tinsman, Se compraron el modelo, 220-260. Sin pasar por alto que, desde las primeras décadas del siglo, la modernización del sector se había basado en la transferencia de métodos productivos desarrollados en California. Una tendencia que se vio potenciada con la implementación de las reformas neoliberales por parte de la Dictadura. Ver Tinsman, 91-105.

[14] Engel, “Uvas envenenadas, vacas locas y proteccionismo”; M. Isabel Seguel Silva, “La crisis de las uvas chilenas (1989). Un estudio de caso de la política exterior de Estados Unidos” (tesis para optar al Magíster en Estudios Internacionales, Universidad de Chile, 2015); Claudio Rammsy García, “La Crisis de las Uvas Envenenadas” (Estudios de Casos, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile, N°20, 1998).

[16] Cámara de Diputados, 39: “Se podría afirmar, con cierto grado de certeza, por testimonios entregados en la Comisión y por los documentos de que se dispuso, que el FDA tenía, con anterioridad, conocimiento de que en un determinado barco, con una etiqueta definida, iba una partida de uva entre la cual se encontrarían granos contaminados con cianuro, cargamento que al arribar al puerto de Filadelfia, habría sido revisado en forma especial, encaminado en un determinado sentido que permitiera, en definitiva, detectar esas bayas”.

[23] Tomás Molina, “Uvas envenenadas: A 30 años de la denuncia que puso en jaque al agro y tensionó la relación con EE.UU.”, EMOL, 15 de febrero de 2019,

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/02/15/937898/Caso-uvas-envenenadas.html (consultada el 17 de junio de 2024); Morley y McGillion, 288. Al inaugurar la feria agrícola y ganadera de Loncoche, Pinochet afirmó: “no bastó a los señores opositores, que el año 1986 fallaron en el intento de asesinar al Presidente, introducir armas para generar una guerra civil y aislarnos internacionalmente. ellos, con la mano oscura del terrorismo, encontraron un nuevo procedimiento para trata de destruir a Chile. La simple amenaza de envenenar nuestros productos hortofrutícolas fue suficiente para que se instaurar en el mundo una nueva clase de terrorismo: el terrorismo económico”. Ver “Envenenamiento de la uva es terrorismo económico”, La Tercera, 18 de marzo de 1989, 7.

[25] “Gobierno entregó antecedentes sobre instructivos del “Plan Fruta” del PC”, La Segunda, 15 de marzo de 1989, 7; Patricio Mardones, “Terrorismo y matonismo”, La Segunda, 17 de marzo de 1989, 16. Mardones se refiere a esto y al hecho que el instructivo fue publicado por La Segunda. Ricardo Ayala, jefe de planta de la empresa empaquetadora Agrícola y Frutera Curacaví (FRUTEC), de dónde había salido el embarque, recuerda que: “En la planta de FRUTEC se revisaron más de 80 mil cajas que estaban guardadas en los frigoríficos listas para su exportación. Todo estaba en orden, excepto una caja, que tenía dibujada, en uno de sus costados, una metralleta con las siglas FPMR, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo armado que buscaba derrocar a Augusto Pinochet, y que en 1986 realizó un atentado en su contra. La situación encendió todas las alarmas en la planta. Un joven que trabajaba de ayudante era el autor del dibujo. “Declaró que estaba aburrido y dibujó la metralleta por hacer algo. Obviamente no tenía vinculación alguna con el Frente”. Sebastián Albuquerque, “Dos granos entre millones de cajas”, Visión Frutícola, 10 de septiembre de 2020, https://www.visionfruticola.com/2020/09/dos-granos-entre-millones-de-cajas/ (consultada el 17 de junio de 2024).

[30] “Télex del Secretario de Estado norteamericano fue enviado fue enviado a compradores de uva chilena en otros países y continentes”, La Segunda, 16 de marzo de 1989, 5. La Segunda publicaba al lado del télex la desmentida del Embajador Gillespie: “Embajador norteamericano niega acciones de su país sobre la fruta chilena en otros países”, La Segunda, 16 de marzo de 1989, 4.

[32] Entrevista de María Isabel Díez, “El gobierno chileno debiera demandar al de Estados Unidos ante la Corte Internacional de La Haya”, La Segunda, 17 de marzo de 1989, 18-19. Ver también, Departamento de Estado de EE.UU., “Monthly Status Report-March 1989”.

[35] Mientras que, según este mismo autor, “otra parte del gabinete, que no halla evidencias suficientes de una maniobra política, cree que se trata de una conspiración económica”. Ver Ascanio Cavallo, Los Hombres De La Transición (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1992), 65.

[46] “La Concertación calificó de precipitadas y excesivas las medidas aprobadas por EE.UU.”, La Segunda, 17 de marzo de 1989, 15. Ver también “Repudio generalizado de políticos, empresarios y trabajadores por acto criminal y monstruoso”, La Segunda, 14 de marzo de 1989, 6-7; “Amplio repudio concita acción contra uva chilena”, El Mercurio, 15 de marzo, C4; “Boicot frutero provocó reencuentro político”, La Tercera, 17 de marzo de 1989, 10.

[51] Respecto a las directrices de la política exterior chilena después del retorno a la democracia, ver Mario Artaza y César Ross, coords., La Política Exterior de Chile, 1990-2009. Del aislamiento a la integración global (Santiago: RIL Editores-USACH, 2012). En particular, respecto a las relaciones con EE.UU., ver Joaquín Fermandois, “De país problemático a Nación preferida”, en Artaza y Ross, 471-499.

[53] “Amplio repudio concita acción contra uva chilena”, El Mercurio, 15 de marzo, C4; ver también “Repudio generalizado de políticos, empresarios y trabajadores por acto criminal y monstruoso”, La Segunda, 14 de marzo de 1989, 6-7; “Fabiola Letelier se refiere a eventual relación entre los casos de la fruta y Letelier”, La Segunda, 28 de marzo de 1989, 2.

[54] Departamento de Estado de EE.UU., “Your Meeting with Chilean Ambassador Octavio Errazuriz on May 19 at 3:00 in your office (Briefing Memorandum to the Deputy Secretary, from Michael G. Kozak, Bureau of Inter-American Affairs)”, Chile Declassification Project, 17 de mayo de 1989, https://foia.state.gov/Search/Collections.aspx (consultada el 22 de agosto de 2024).

[57] Departamento de Estado de EE.UU., “Letelier/Moffitt Case: Grape Issue Intrudes”, Chile Declassification Project, 12 de septiembre de 1990, https://foia.state.gov/Search/Collections.aspx (consultada el 21 de agosto de 2024).

[58] Departamento de Estado de EE.UU., “Letelier/Moffitt: Harsh Criticism From The Right Over Senate Approval Of Compensation”, Chile Declassification Project, 10 de julio de 1991, https://foia.state.gov/Search/Collections.aspx (consultada el 21 de agosto de 2024).

[60] Departamento de Estado de EE.UU., “Monthly Status Report-March 1989”.

También apareció la pista que atribuía el envenenamiento de las uvas a un grupo israelí cuyo objetivo era amedrentar a EE.UU. para protestar contra su apertura a encuentros con líderes de la OLP.

[62] Departamento de Estado de EE.UU., “Anonymous caller to the Chancery threatens to poison resident Americans in Chile”, Chile Declassification Project, 15 de junio de 1989, https://foia.state.gov/Search/Collections.aspx (consultada el 14 de agosto de 2024).

[64] Departamento de Estado de EE.UU., “Threats of terrorist acts in Chile (Memorandum for Brent Scowcroft)”, Chile Declassification Project, 30 de junio de 1989, https://foia.state.gov/Search/Collections.aspx (consultada el 14 de agosto de 2024).

[67] Esta relación parece poco probable en el caso de Japón, país que mantuvo relaciones cordiales y ajenas a consideraciones políticas con el régimen militar chileno (si bien cabe recordar que Tokyo había recibido una alerta específica de envenenamiento). Ver César Ross, Chile y Japón, 1973-1989: de la incertidumbre a la alianza estratégica (Santiago: LOM-Universidad de Santiago de Chile, 2007).

[69] El mismo hecho que se volviera a plantear este asunto al embajador Errázuriz en mayo, mientras se conversaba de alcanzar un acuerdo sobre el caso de la uva, podría haber llevado a los chilenos a suponer que existía un nexo. Y no es excluible que fuese justamente esa la intención norteamericana.

[73] Departamento de Estado de EE.UU., “New Chilean Foreign Minister on US-Chilean relations and related matters”, Chile Declassification Project, 2 de febrero de 1983, https://foia.state.gov/Search/Collections.aspx

(consultada el 6 de agosto de 2022). Ver también Morley y McGillion, 48.

[74] La atribución del atentado a los comunistas por parte del régimen puede incluso haber sido contraproducente para la posición chilena, dando argumentos válidos a los EE.UU. para negarse a una indemnización. Ver Rammsy García, 24.