Notes on a Historiographical Approach to U.S. Declassified Documents on Cold War Chile (1968–1990).

Antonia Fonck Larraín

Financiamiento: Financiado con la Beca de Doctorado Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Chile.

Conflictos de interés: Los autores declaran no presentar conflicto de interés.

Este artículo fue escrito en el marco de mi tesis doctoral en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, aún en curso.

Este artículo ofrece una aproximación historiográfica a los documentos desclasificados de Estados Unidos relacionados con Chile entre 1968 y 1990. Explora cómo la desclasificación de estos documentos ha sido utilizada tanto para revelar como para ocultar información crucial, moldeando la narrativa sobre la intervención estadounidense en Chile durante la Guerra Fría. A través de un análisis detallado, se discuten las dinámicas entre la documentación desclasificada y la memoria histórica chilena, destacando el papel que estos documentos han jugado en la construcción de la historia contemporánea de Chile y en los debates sobre responsabilidad y justicia transicional. El artículo también propone una metodología para interpretar estos documentos, considerando tanto la información revelada como los silencios que persisten en las áreas censuradas.

Palabras clave: Desclasificación, Intervención estadounidense, Memoria histórica, Guerra Fría, Chile.

Declassification and Memory: The Impact of U.S. Intervention in Chile during the Cold War (1969-1990)

This article provides a historiographical approach to the declassified U.S. documents related to Chile from 1968 to 1990. It explores how the declassification of these documents has been used both to reveal and to obscure crucial information, shaping the narrative of U.S. intervention in Chile during the Cold War. Through detailed analysis, the dynamics between declassified documentation and Chilean historical memory are discussed, highlighting the role these documents have played in the construction of Chile's contemporary history and in debates on responsibility and transitional justice. The article also proposes a methodology for interpreting these documents, considering both the information disclosed and the silences that persist in the redacted areas.

Key word: Declassification, U.S. Intervention, Historical memory, Cold War, Chile.

Introducción

El concepto documento desclasificado tiene un significado insigne en el Chile contemporáneo. Es sinónimo de lo oculto, lo negado y lo revelado. Si bien se refiere a un acto administrativo, ha logrado posicionarse como la representación de un conflicto y catalizador de denuncias, así como también de explicaciones imposibles. En el siguiente artículo se busca aproximar a una lectura metodológica a la desclasificación de documentos históricos diplomáticos de Estados Unidos con respecto a Chile entre los años 1968 y 1990, tanto desde la sociedad como desde su historiografía. Se busca compartir con la comunidad de investigación las formas de acceso a la documentación, la historia de la fuente, las tensiones políticas que le habitan y una propuesta de claves de lectura para la operación historiográfica.

La relación que tiene Estados Unidos con su documentación diplomática no tiene paralelos. No solo tienen un sistema para gestionar, organizar, clasificar, preservar, digitalizar y publicar la documentación, sus instituciones tienen el mandato de dejar registro y un sistema de publicación continua: la desclasificación. Esta puede ser solicitada por los mecanismos de transparencia o bien hacerse pública como proceso orgánico de una democracia que se auto-regula mediante la obligación de la transparencia, en diálogo con todo lo que quiere ocultar. Este claroscuro ha implicado mucha documentación censurada, pero también mucha información registrada y publicada, convirtiéndose en un archivo histórico formidable, sobre todo para países -como Chile- que padecieron tener un fuerte vínculo internacional con la potencia y con un registro institucional local vulnerado por una dictadura.

Conocer la historia de estos documentos nos permite apropiarnos de nuestra memoria y las huellas de la historia. Considerando los vacíos y la fragmentación de nuestra documentación histórica, herencia de la dictadura, la historiografía no debiese esperar la anual desclasificación de documentación seleccionada en el contexto de las conmemoraciones del golpe de estado de 1973 y las conversaciones sobre la intervención. No si existe una página web, -foia.gov- con una herramienta de búsqueda y más de 18 mil documentos publicados, referidos al proceso de toma de decisión y los vínculos entre Chile y Estados Unidos entre 1969 y 1990.

Este trabajo no sólo busca presentar una historia de la documentación desclasificada estadounidense con respecto a Chile y dar a conocer la base de datos. También busca proponer una clave de lectura histórica y sus posibilidades para la historiografía. En una burocracia como la de Estados Unidos, donde existe la obligación y la voluntad de dejar registro de sus acciones en el exterior, se cuelan las maneras de vivir o pensar de quienes las escribieron. Mi propuesta es volver a leer la documentación diplomática, ajustando el foco y buscando en sus rastros espacios de comprensión que no solo refieran a la intervención. En una época como la dictadura, cuyos registros institucionales están desperdigados, fueron eliminados, o nunca escritos, se puede tener evidencia por parte de diplomáticos y burócratas estadounidenses cuyo oficio era descifrar una cultura política para poder actuar sobre ella.

Los documentos desclasificados consisten en telegramas, transcripciones de reuniones, cartas, memorándums, informes de inteligencia de distintas agencias, resúmenes de información y otras variaciones de la huella que dejó el Departamento de Estado al conducir las relaciones con Chile. Incluyen comunicación con los distintos actores de política exterior, tanto la diplomacia como la comunidad de inteligencia, militar y la injerencia del ejecutivo. La clave de búsqueda en la base de datos es “Chile” y el criterio de fecha 1969 hasta 1990, considerando como hito el periodo de la elección presidencial de Salvador Allende y el regreso a la democracia al asumir el presidente Patricio Aylwin. El resultado son 18.852 entradas ordenadas por fecha, clasificadas por el emisor y receptor, junto con un vínculo descargable en formato PDF.^[1]

Estos registros han vivido diferentes instancias de desclasificación y publicación, generalmente asociados a la coyuntura de conmemoración en Chile o de conflicto interno de la política estadounidense. Por ejemplo, el escándalo de Watergate, las conmemoraciones del golpe de Estado de 1973, la detención de Augusto Pinochet en Londres o los 40 años de asesinato a Orlando Letelier y Ronni Moffitt. La desclasificación ha sido respuesta a estos eventos, pero también han seguido un camino regular de clasificación y desclasificación. Sin embargo, la masividad de documentación publicada sobre Chile tiene razón en que los documentos han actuado como vehículo de lo que el investigador Peter Kornbluh ha calificado como la diplomacia de la desclasificación.^[2]

Si bien la referencia a esta documentación ha sido constante, lo que ha permanecido ausente es un análisis de su naturaleza. No es que existan más documentos sobre Chile que otros países, sobre todo considerando los vínculos de Estados Unidos, las intervenciones militares y las relaciones complejas de Guerra Fría. También la desclasificación es una constante en una democracia que se ha calibrado mediante la exigencia de la transparencia, aspecto por el cual las instituciones que actúan en el nombre de las y los ciudadanos deben dejar registro, conservar y eventualmente publicar.

Sin embargo, con el caso Chile se generó un fenómeno particular, que explica la razón de que tengamos disponibles más de 18 mil documentos. Esto debido a que la intervención estadounidense en la elección, gobierno y la usurpación del poder a la Unidad Popular por parte de las Fuerzas Armadas, tomó un significado internacional en un contexto donde Salvador Allende y Augusto Pinochet se fueron materializando como como la utopía y anti-utopía, donde sus devenires e imágenes proyectadas se transformaron en un espejo, desde donde los distintos modelos se miraron y midieron.^[3] En este proceso, se conceptualizó a la a Estados Unidos como el culpable del atentado de la democracia chilena y la instalación de la dictadura, por lo que la denuncia por la desclasificación de la evidencia de esta culpabilidad se ha transformado en una constante, considerando a Chile como un país que le falta mucho en el proceso de memoria, verdad y justicia transicional.^[4]

Por lo mismo se ha ido construyendo la idea de que Estados Unidos guarda en sus archivos tachados la clave secreta del derrocamiento y la instalación de la dictadura. Hasta el día de hoy -y especialmente notorio en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado el año 2023- se sigue utilizando como recurso político la presión para desclasificar documentos que llevan más de dos décadas publicados, como si en ellos estuviese el pedazo de información precisa que nos permitiera comprender todo lo que nos ha pasado en los últimos 70 años. Es este impulso el que ha guiado la clasificación y desclasificación de los documentos diplomáticos estadounidenses sobre Chile entre los años 1968 y 1991, determinando la conversación publica y, por ende, las preguntas historiográficas realizadas a la fuente.

Se pueden identificar 3 hitos significativos de publicación de estos documentos: 1. La investigación del Comité Church del Congreso estadounidenses y sus dos informes como publicados entre 1974 y 1976. 2. La desclasificación masiva del Chile Project por parte de la administración de Bill Clinton como respuesta a la detención de Augusto Pinochet en Londres y, por último; la publicación de los dos volúmenes de la serie Foreign Relations of the United States el 2014 y 2015 y 3. Además de estos hitos, de forma paralela y frecuente se ha dado lo que califico de desclasificación por goteo, que se refiere a la constante publicación de documentos, sea por conmemoración a fechas, presión diplomática, o a través de la utilización del mecanismo de transparencia, el Freedom of Information Act, activo desde el año 1967 que permite a los ciudadanos estadounidenses, mediante un proceso burocrático y con excusiones, solicitar la desclasificación de documentación. ^[5]

Este proceso no solo se explica por los conflictos de la memoria histórica en Chile, tiene profunda relación con las tensiones de la democracia estadounidense. Lo que de aquí en adelante llamaremos el Caso Chile, se refiere a la utilización de la intervención estadounidense y sus registros en Chile, como un medio para resolver conflictos internos por parte de las fuerzas políticas en pugna en la democracia estadounidense, respecto de la transparencia y de las acciones de la agencia de inteligencia tanto en el exterior como el interior. Frente a la pregunta de la ruptura de la democracia en Chile, diferentes personas e instituciones tomaron bando al respecto de la liberación de documentación con el fin de impactar la institucionalidad, sobre todo cuando cae el consenso de Guerra Fría.^[6]

Sitios historiográficos

En un plano general, la conversación sobre la reconstrucción histórica de las relaciones entre Chile y Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX se encuentra atravesada por el debate de la intervención estadounidense. En ese sentido, la documentación con su operación burocrática no está exenta de historicidad. La relación de la comunidad de investigación, las preguntas realizadas, respuestas y paradigmas es estrecha en el contexto de una sociedad en deuda con una memoria vulnerada. En ese escenario, la perspectiva de una democracia asesinada por Estados Unidos toma preponderancia en cuanto al contexto de intervención y las distintas estrategias utilizadas para afectar la política local en el contexto de Guerra Fría. Se ha ido construyendo una percepción que centra la responsabilidad y mirada en uno de los factores, difícil de desmentir considerando las censuras ejecutadas mediante tachas negras de información clasificada.

Históricamente se ha considerado esta censura como el espacio de verdad ocultada. Hay algo de verdad y algo de exceso considerando la información que desde 1976 está disponible. Está minuciosamente documentada la cantidad de millones invertidos en el apoyo a la Democracia Cristiana, el intento de golpe en 1970, la desestabilización a la Unidad Popular, el apoyo al golpe militar de 1973, los vínculos estrechos con la dictadura y su participación en su derrota. Esta información, sobre todo la del momento más sustancial de intervención -entre los años 1968 y 1973- , fue expuesto en los informes del Comité Church los años 1975 y 1976.

Considerando tres hitos de desclasificación, se podría indicar que se han ido completando cuadros y añadiendo detalles, sin embargo, el momento más sustancial de intervención y sus evidencias son públicas hace décadas. Llama la atención que libros posteriores al proceso de desclasificación, incluso publicados posterior al 2010 los sigan utilizando como principal -y en varios casos única- referencia.^[7] Sin buscar identificar toda la construcción historiográfica de la intervención de Estados Unidos en Chile, se pueden identificar dos líneas asociadas a la disponibilidad de documentación y los resultados de su trabajo. En primer lugar, como reacción y en una segunda instancia como oportunidad.

Durante los años 70 y principios de los 80, se debatió entre la perspectiva imperialista y la que responsabilizaba a los chilenos por sus actos. No sólo eran propuestas de comprensión histórica, también empezaron a aparecer memorias y testimonios con perspectivas discordantes. Por ejemplo, Armando Uribe, desde el exilio, afirmó que la supremacía política del imperialismo norteamericano había garantizado el éxito del golpe, al convertir los intereses privados en razones de Estado, presentando evidencia de la interferencia.^[8] El exembajador en Chile (1971- 1974) Nathaniel Davis, en su libro The Last Two Years of Allende, detalló su experiencia, reconociendo la influencia de EE.UU., pero advirtiendo que atribuir toda la responsabilidad a Estados Unidos reflejaba un etnocentrismo que exageraba su rol.^[9] Pero, según Davis, Estados Unidos era tan poderoso que influía en los eventos extranjeros tanto por su acción como por su inacción.

Desde la dependencia imperialista hasta la agencia interna, comenzaron a surgir textos que delimitaban el grado de intervención y su impacto en la política chilena. Gregory Treverton señaló que, a pesar de que no había evidencia de una injerencia directa en el golpe de 1973, no podían desvincular sus acciones del resultado final, lo que implicaba un alto grado de responsabilidad, aunque no hubiera lazos directos con el golpe.^[10] Mark Falcoff analizó cómo estas perspectivas se leyeron a través de la historia reciente, destacando que el debate sobre Chile se definió como ideológico.^[11] En su trabajo Chile y el mundo, 1970-1973, Joaquín Fermandois analizó cómo la política exterior de la Unidad Popular interactuó con el mundo.^[12] Señaló los riesgos de interpretar la política estadounidense como pura manipulación, negando la autonomía de los actores chilenos. Fermandois sostiene que la intervención de EE.UU. fue limitada a fondos y apoyo logístico a instituciones que actuaban extra constitucionalmente. Paul Sigmund también escribió sobre la perspectiva de acentuar la mirada en la responsabilidad que tendrían los chilenos en su quiebre democrático.^[13]

Más allá de las cifras presentadas y las visiones opuestas, lo esencial para entender esta época y su resultado historiográfico es reconocer su carácter reactivo. En resumen, la mayoría de las interpretaciones posteriores al golpe se enfocaron, naturalmente, en asignar responsabilidades, señalando a diferentes protagonistas. La idea predominante y mayormente aceptada fue culpar al norte, influenciada por el clima de la época y respaldada por el informe del Comité Church.

Después de la desclasificación masiva vivida el año 2000, la historiografía amplió miradas concentrándose en la oportunidad documental, pero en el contexto de la misma pregunta sobre la responsabilidad. Por destacar algunos trabajos, la académica Lubna Quershi narró las atrocidades cometidas por EE.UU. en un Chile indefenso, ignorando la agencia de los protagonistas chilenos y sobredimensionando los factores externos. Siguiendo esta línea, Luis Corvalán Márquez y Patricia Verdugo también publicaron trabajos en la época posicionando la intervención estadounidense como decisiva, dejando poco -o nada- margen de maniobra para los actores nacionales.^[14] Incluso Verdugo escribió: “Esta es, la triste historia de cómo el gobierno del país más poderoso del planeta provocó una tragedia en una pequeña nación de su mismo continente: Chile.”^[15] En contraste, autores como Kristian Gustafson, Joaquín Fermandois, Alfredo Riquelme y Sebastián Hurtado han buscado una perspectiva más amplia, incorporando la acción chilena en la narrativa y cuestionando la idea de un EE.UU. infalible.^[16] Tanya Harmer, por su parte, propone ver la Guerra Fría como un conflicto dinámico, reconociendo la autonomía de múltiples actores en la región. Con respecto a la intervención a fines de la dictadura de Augusto Pinochet destacan los importantes trabajos de Pablo Rubio, Peter Kornbluh, Victor Figueroa Clark y Diego Avaria Eyzaguirre.^[17]

Esta amplitud de preguntas y perspectivas al respecto de la responsabilidad han buscado comprensiones de las relaciones internacionales entre ambos países en la época, destacando nuevos actores y dinámicas, cuestionando categorías y periodizaciones. Sin embargo, considerando la masividad de la documentación y su riqueza en términos históricos, esta investigación propone que han sido subutilizados. El oficio diplomático implica un ejercicio de comprensión que se manifiesta en las discusiones ante decisiones y la creación constante de informes de inteligencia, propuestas de lectura y caminos donde, a nuestro parecer, se cuelan dimensiones de la cultura política estadounidense y, también, información relevante para quienes nos dedicamos al estudio de la historia del Chile contemporáneo. La masividad de documentación fruto de una cultura de registro y publicación y las circunstancias específicas del significado de Chile en Estados Unidos, permite que exista un posible archivo histórico sobre el Chile contemporáneo, accesible mediante cualquier herramienta de búsqueda en Internet.

De comités y desclasificaciones

En Chile quienes estén familiarizados con la pregunta de la intervención estadounidense conocen el Comité Church, creado por el senador demócrata John O. Pastore para investigar las operaciones federales de inteligencia en Estados Unidos y determinar la legalidad y ética de sus actividades, motivados por los escándalos de intervención en el exterior y la explosión del caso Watergate.^[18] Este sería el primer hito de publicación: el resultado de la investigación incluyó dos informes respecto a las operaciones encubiertas en Chile, por lo que desde 1976 tenemos bastante documentada las formas de intervención en Chile. La documentación posteriormente desclasificada ha podido agregar un contexto a las decisiones, discusiones, personas involucradas y la estructura burocrática detrás.

La historiografía de los estudios de las relaciones entre Chile y Estados Unidos ha ido cambiando de acentos a medida que las sociedades han transformado los suyos, pero hay una constante que se mantiene, la noción del asesinato de la democracia chilena por parte de Estados Unidos.^[19] Tras el golpe, se consolidó esta imagen de un imperio infalible que intervino en los asuntos internos de un país lejano, manejando su destino hacia un final trágico. Esta percepción fue alimentada tanto por las víctimas del golpe como por la sociedad estadounidense, que, indignada, buscó respuestas. El golpe de estado de 1973 fue vivido desde Estados Unidos como un caso más que confirmaba la necesidad de re-evaluar la injerencia de las agencias de inteligencia en la política exterior. Sumado al fracaso de la Guerra de Vietnam, el caso Watergate, la explosión cultural contra las formas de vida estadounidense y los movimientos de derechos civiles, la sociedad vivió un tipo de catarsis que fue solucionada a través de una investigación legislativa que abordó los conflictos de una nación hegemónica que había conducido la Guerra Fría sin rendir cuentas.

Esta lectura fue cuestionada por protagonistas de la época quienes, como es el caso del exembajador estadounidense en Chile, Edward Korry -1969-1971- se vieron perjudicados como chivos expiatorios de las acciones de la Casa Blanca de Richard Nixon y Henry Kissinger y la CIA. En una visita a Chile, invitado por el CEP en 1997, Korry se refirió al momento al Caso Chile, “(…) ese Chile ofrece claves extraordinarias de por qué los valores, término generalizado y común en el debate público estadounidense, casi siempre se sacrifican en función de intereses en conflicto.^[20] En su perspectiva, el congreso estadounidense había montado un gran espectáculo para resolver, a través de la imagen de Chile, la crisis de confianza con la comunidad de inteligencia y la acción en el exterior por parte de sus agencias y el ejecutivo.

El destacado historiador Joaquín Fermandois lleva décadas estudiando el campo de las relaciones internacionales, siendo uno de los próceres de la perspectiva global, con estudios de política exterior sin paralelos. Para él, la construcción de Chile como un caso en la política interna estadounidense es un ejemplo cómo una gran potencia expone sus motivaciones y políticas de manera pública, en medio de un sentimiento de culpa y denuncia por la falta de moralidad del gobierno.^[21]

Si bien Chile, el golpe de Estado de 1973 y posterior dictadura fue un catalizador del conflicto entre la sociedad estadounidense y su aparato de inteligencia, el proceso de revisión fue estructural, publicando 14 volúmenes de variados temas y un reporte final. La conclusión general fue que los abusos de la institucionalidad de inteligencia, tanto domésticos como internacionales, no eran responsabilidad de una presidencia, partido político o persona, sino más bien se habían desarrollado en conjunto con el establecimiento de Estados Unidos como superpotencia. El Comité adjuntó 96 recomendaciones para reajustar el rol de la inteligencia en el régimen del gobierno estadounidense, lo que dio paso a distintas iniciativas legislativas, por ejemplo, la Enmienda Huges-Ryan que estableció como el Congreso iba a ser informado y consultado previo a la delimitación e implementación de las acciones encubiertas.^[22]

Con respecto a los volúmenes donde aparece Chile, uno de ellos aborda de forma general los complots e intentos de asesinato de líderes extranjeros: Senate Report: Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders y el segundo es específicamente sobre el caso de Chile Staff Report: Covert Action in Chile, 1963-1973. En ellos están documentados los mecanismos de la intervención, la cantidad de dinero invertido y las principales actividades realizadas. El Comité Church no encontró evidencia de que Estados Unidos estuviese directamente involucrado en el golpe de Estado de 1973, ni que haya sido parte del proceso de decisión ni tampoco implicado en la planificación. Sin embargo, no cabe ninguna duda que el quiebre democrático si era algo deseable, y quienes lo buscaban iban a tener el apoyo de del gobierno estadounidense, lo que es significativo, brindándole un tipo de protección y legitimidad a cualquier intento de golpe. Este tipo de intervención es lo que el investigador Kristian Gustafsvon llamó, un intento hostil.^[23]

Durante las siguientes décadas, el Caso Chile tuvo esta documentación como principal fuente, determinando las preguntas que se le hacían, así como también las respuestas que la fuente entregaba. Todo esto cambió en octubre de 1998. La detención del dictador Augusto Pinochet en Londres significó una segunda fase de publicación información -esta vez de forma masiva- y la revitalización de la pregunta de la intervención. Un evento crucial que explica la correlación entre la detención y el proyecto de desclasificación más grandes que ha tenido EE. UU en su historia. Ello, a partir de la solicitud de Joan Garcés, abogado español y estrecho amigo de Salvador Allende, quién, utilizó un Tratado de Asistencia Mutua Legal (MLAT) firmado entre España y Estados Unidos para solicitar documentos que apoyaran la causa criminal contra el dictador un año antes de la detención.^[24]

Ante la solicitud de los abogados españoles, el Departamento de Estado envió unas cajas con documentos poco relevantes, incluyendo una caja con recortes de diarios chilenos.^[25] Sin embargo, fue la detención en Londres el momento de impacto que determinó la publicación de un memorándum del National Security Council denominado tasker^[26] dirigido los Departamentos de Estado, Justicia y Defensa, el NARA^[27] y la CIA, fechado el 11 de febrero de 1999, momento en el que nace el Chile Project. ^[28] En este, se solicitó cooperación, en nombre del presidente Bill Clinton, para compilar y revisar documentos que arrojen luz sobe abusos a los derechos humanos, terrorismo y otros actos de violencia política en Chile entre los años 1968 y 1978 -fechas que posteriormente serían extendidas- para, en sus palabras, asegurar una visión equilibrada.^[29] Las agencias fueron a sus respectivos archivos para buscar información y someterla a los criterios de la decisión de desclasificación, lo que -naturalmente- llevó a un conflicto con la institución más polémica en la comunidad de inteligencia: la CIA.

Ante la resistencia de la CIA por revelar formas de operación, el investigador Peter Kornbluh indicó, en su crítica pública, que los reportes del Comité Church ya habían revelado la intervención de Estados Unidos en Chile, razón por la cual no debería haber reparos en desclasificar, puesto que era información conocida desde mediados de los setenta.^[30] El trabajo del Comité había determinado: los gastos exactos en dólares de la CIA para sobornar y pagar propaganda “negra” que pudiese alterar las elecciones parlamentarias y presidenciales entre los años 1963 y 1973; detalles concretos del financiamiento encubierto por un total de 1.6 millones de dólares (dólares de 1970) al diario El Mercurio y evaluaciones internas de la CIA que comprobaban que pagos habrían desempeñado un papel importante en la preparación del escenario para el golpe militar. También la inserción de conspiradores dentro del ejército chileno para engañar e introducir información fabricada de la influencia cubana en Chile; planes de contingencia para un golpe incluyendo listas de arresto, mapas de instalaciones políticas de medios y económicas claves.^[31] En suma, en ambos reportes había quedado registrada una intervención evidente, con información disponible a unos pocos años de los hechos.

La publicación de la documentación se dio en 4 tramos o tranches.^[32] Para el primer tramo, el 30 de julio de 1999 se liberaron 5.800 documentos que abordaban los primeros cinco años de dictadura, desde el 11 de septiembre de 1973 a 1978. Un segundo tramo se publicó el 8 de octubre de 1999, los que cubrieron los años entre 1968 y 1973 con información sobre la política exterior estadounidense ante la elección y gobierno de Salvador Allende. En una tercera instancia, el 30 de junio del 2000, se liberaron aproximadamente 1.900 documentos que trataban específicamente los casos de los ciudadanos estadounidenses asesinados y desaparecidos durante la dictadura: Charles Horman, Frank Teruggi y Boris Weisfeiler.

El cuarto tramo fue el que levantó un conflicto propio a este tipo de ejercicios y la naturaleza de la convivencia entre las agencias de inteligencia y las políticas de la Casa Blanca: se pospuso la desclasificación de 16.000 documentos debido a la negativa del director de la CIA de ese entonces, George Tenet, quién se negó a publicar cualquier tipo de información sobre las operaciones clandestinas. Peter Kornbluh calificó la negativa de la CIA como un desafío directo a las órdenes presidenciales y al public’s right to know^[33]. El investigador del National Security Archive y director del Chile Documentation Project fue un actor fundamental en la publicación de estos documentos, enviando cartas a los directores de las agencias y revelando en prensa la situación que calificó como un secuestro de la historia al retener cables secretos, memorándums, minutas de reunión, reportes y presupuestos que documentan las operaciones clandestinas en Chile.^[34]

Finalmente, en noviembre del año 2000 se publicó el cuarto tramo, convirtiendo al Chile Project una de las mayores liberaciones masivas por orden executiva sobre cualquier país o asunto de política exterior estadounidense. Posteriormente, el 2016, el Presidente Barack Obama anunció un esfuerzo similar, el Argentina Declassification Project que terminó de publicarse el año 2019, con un corpus documental de aproximadamente 12 mil documentos.^[35]

Desde el año 2000 los documentos son parte de los National Archives, abiertos a la investigación de quien desee consultarlos, y están publicados en la página web del Departamento de Estado al menos desde el 2015. Es una base de datos raramente utilizada por parte de la academia y sociedad, en parte por falta de conocimiento en torno a su accesibilidad, y también porque no se ha concebido como un posible archivo con información crucial acerca de las prácticas de política chilena de la segunda mitad del siglo XX

Otra clave importante que explicaría la escasa utilización de estos documentos, además de las dinámicas del Caso Chile, podría tener relación con los silencios de las porciones no desclasificadas, comúnmente tachadas en negro. Sin embargo, a pesar de que hay información censurada, la burocracia encargada de la desclasificación tiene una serie de normas que la rigen. En conversaciones con una historiadora del Departamento de Estado, Sara Berndt, quién ha trabajado en la desclasificación de documentos referidos a Argentina, pude aproximarme al universo de codificación que permitiría aprovechar estos silencios y, de alguna forma, hacerlos hablar. ^[36] Son códigos manuscritos que responden a la Executive Order 12.958 publicada el 20 de abril de 1995, a través de la cual el Presidente Bill Clinton estableció un sistema uniforme para clasificar, conservar y desclasificar información de seguridad nacional.^[37] Todos los documentos que tengan más de 25 años de antigüedad o hayan sido determinados con valor histórico, serían automáticamente desclasificados.^[38] La parte fundamental para esta investigación son las exenciones a esa norma, lo que explicaría la permanencia de información clasificada, las tachas negras y los códigos correspondientes disponibles en la página web de los National Archives.^[39]

Foreign Relations of the United States

A pesar de que estos proyectos de desclasificación masiva son un fenómeno contemporáneo, el acto de publicar documentos de lo que Estados Unidos había realizado en el exterior nació junto a su democracia, lo que nos lleva a un tercer hito de desclasificación de la documentación diplomática respecto a Chile los años 2014 y 2015. Pero, para llegar a la publicación del volumen de la serie Foreign Relations of the United States sobre Chile la primera década de los 2000, tenemos que remontarnos a 1861.

Desde sus comienzos como república, la publicación de los documentos que registran la política exterior estadounidense ha respondido a una tensa negociación para determinar el balance entre la seguridad nacional y la trasparencia, el conocido people’s right to know.^[40] Junto al mensaje anual ante el Congreso norteamericano por parte del presidente Abraham Lincoln, en diciembre del año 1861, éste último entregó un conjunto de documentos que daban cuenta los problemas diplomáticos que había generado la Guerra Civil. Los tituló Papers Relating Foreign Affairs y contenían circulares, notas, instrucciones y despachos. También contenía un análisis detallado del desarrollo de la política exterior a lo largo del año, el cual había sido escrito por el Secretario de Estado, William Henry Seward. Según él, la publicación de estos documentos se basaba en la premisa de que el gobierno depende del apoyo del Congreso y del pueblo, un respaldo que sólo puede esperarse si se les mantenía: “exhaustiva y verazmente informados sobre la forma en que se ejecutan los poderes derivados de ellos”.^[41] Fue así como se convirtió en una publicación anual de volúmenes llamada Foreign Relations of the United States.

Casi de inmediato surgió un problema político que aún permanece: los documentos aseguran accountability^[42] pero, a la vez, entregan información que puede afectar la seguridad nacional. Esto se transformó en urgencia adentrándose al siglo XX, cuándo se comenzó a buscar un equilibrio entre la publicación y la trasparencia. Al publicar anualmente, un conflicto común era que ciertas revelaciones perjudicaban negociaciones activas y/o secretas que son propias del oficio diplomático. Incluso, esta política de descalasificación comenzó a tener un efecto en la relación directa con otros países, puesto que sus informantes o negociadores preferían no expresar opiniones o entregar información sensible ante la posibilidad de que fueran publicadas. Tampoco existían criterios establecidos de selección y existía la tentación, por parte del Ejecutivo, de utilizar la publicación como un recurso político.

Para subsanar estos riesgos, el año 1925 se llevó a cabo un proceso de reforma por parte del Secretario de Estado, Frank B. Kellog posicionando esta política como uno de los deberes más importantes del Departamento de Estado y sentando las bases que determinan el proceso de desclasificación hasta el día de hoy. Se estableció que los volúmenes debían publicar los documentos relacionados a las decisiones de política exterior relevantes que tomara el Departamento de Estado, junto con los eventos que contribuían a la formulación de cada decisión.^[43] Con el fin de asegurar la integridad histórica, la llamada Kellog order insistió en que no hubiese alteraciones en el texto. Si llegaban a haber censuras, se debía indicar claramente. Este fue el primer paso en un camino que buscó que las series de documentos se comprometieran con reflejar de manera fidedigna lo que el gobierno había realizado en el exterior en nombre de sus ciudadanos. ^[44]

Sin embargo, este esfuerzo se vio truncado después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría consolidó el miedo en la sociedad estadounidense y llevó a la creación de entidades como la CIA y el Consejo de Seguridad Nacional, que desempeñaron un papel crucial en los asuntos internacionales, influenciando el futuro de la publicación de documentación diplomática y priorizando la clasificación sobre la desclasificación. El clima de consenso frente a la amenaza del comunismo transformó la serie en una herramienta política, razón por la cual la serie fue mirada por desconfianza por el mundo académico, incluso se propuso que se descontinuara la serie por falta de veracidad.^[45]

El mandato del gobierno republicano de Ronald Reagan y la revigorización de la retórica de Guerra Fría agudizó el clima del secretismo. El académico Bartolomew H. Sparrow, escribió que por orden de Reagan la cantidad de archivos desclasificados se redujo significativamente: cerca de un 40% de los documentos recibidos y guardados en los archivos permanecían clasificados^[46]. El conflicto estalló el año 1990 cuando el presidente del Historical Advisory Committee, Warren Cohen -institución que supervisa la construcción de estos volúmenes- renunció tras la publicación del volumen sobre Irán, el cuál reflejaba, a su parecer, los problemas que tenía la burocracia al respecto de la responsabilidad histórica y transparencia de la información. El volumen en cuestión abordaba los años comprendidos entre 1952 y 1954, pero no mencionaba el derrocamiento del Primer Ministro iraní Mohammad Mosadegh.^[47] En defensa de la rigurosidad en el registro histórico, Cohen renunció a su puesto y, con este gesto, inició un debate para volver al origen de lo que había propuesto Kellog. Desde el Congreso se comenzó a trabajar en la Pell Amendment.

Esta enmienda buscó regularizar la selección y publicación de documentos, con el fin que se rigiera por los principios de objetividad y exactitud. Se aprobó la ley el 28 de octubre del año 1991^[48]. De esta forma, se inició lo que Peter L. Han llamó Glasnost in América.^[49] Se determinó que el Departamento de Estado sería el responsable de publicar las series FRUS, siendo este un registro completo, preciso y confiable que incluyera la documentación necesaria para proveer un registro comprensivo de las principales decisiones de política exterior de Estados Unidos, incluyendo los hechos que contribuyeron a la formulación de tales políticas.^[50] La Oficina del Historiador confeccionaría estos volúmenes, siendo revisado por un Comité Asesor de Documentación Diplomática^[51] que supervisara el proceso. Las otras agencias fueron mandatadas a cooperar proveyendo un acceso completo a la documentación relativa a las decisiones de política exterior, entregando copia de los archivos solicitados. Los límites de la desclasificación quedaron regidos por la Executive order que referenciamos anteriormente.

Esta historia de la desclasificación explica la razón por la que el año 2014 se publicó un volumen del Foreign Relation. Of the United States sobre Chile, convirtiéndose en el tercer hito de publicación de los documentos diplomáticos estadounidenses. Finalmente fueron dos los volúmenes publicados en 2014 y 2015, los que abordaban las decisiones de política exterior estadounidense desde el 20 de enero de 1969 hasta el 24 de septiembre de 1973, momento cuando la administración de Nixon reconoció diplomáticamente a la junta militar encabezada por Augusto Pinochet.^[52] El criterio principal de la recopilación de documentos fue seleccionar aquellos que reflejaran la actitud y las acciones tomadas. Muchos de estos documentos ya habían sido analizados y desclasificados previamente por el Comité Church y el Chile Declassification Project.

Los documentos fueron presentados en orden cronológico según los tiempos de Washington. Para reproducir con precisión el contenido, se incluyeron las notas al margen y otras adiciones originales, así como también se indican las porciones clasificadas, pero al estar transcritos, se señala entre paréntesis, prescindiendo de la tacha negra. Los editores tuvieron acceso completo a todos los registros y documentos del Departamento de Estado, las bibliotecas de los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford, otros registros de la Casa Blanca, la documentación de los departamentos involucrados en política exterior, las transcripciones de las conversaciones telefónicas de Kissinger y las grabaciones de Nixon en la Casa Blanca, los archivos de la CIA, los archivos personales de James Gardner y los documentos del INR. . En una investigación anterior de Magíster realicé un análisis exhaustivo de la documentación contenida en ambos volúmenes, en un ejercicio para considerar lo que esta información podía aportar a nuestra comprensión histórica del fenómeno de la intervención norteamericana. Los resultados se publicaron en un libro lanzado el año 2020 por la Editorial de la Universidad Alberto Hurtado: Miradas desclasificadas. El Chile de Salvador Allende en los documentos estadounidenses (1969-1973).^[53]

El Comité Church, el Chile Project y los volúmenes FRUS son resultado del fenómeno que en un inicio identificamos como el Caso Chile. La masividad de la desclasificación y el significado de Chile tiene más relación con los conflictos en Estados Unidos que una respuesta orgánica a la intervención en esos años. De ser así, considerando los casos que involucran incluso intervención militar en toda América Latina y el Caribe cabría la existencia de proyectos similares por cada país. Lo que sucedió en Chile fue significativo para Estados Unidos, pero no por una excepcionalidad propia, sino más bien por las preguntas y conflictos propios de una sociedad que fue superpotencia militar y económica en tiempos de la Guerra Fría y que convive con una tensión permanente entre lo público y lo secreto.

La conmemoración de los 50 años del golpe: la memoria y la desclasificación

En la sociedad chilena los documentos diplomáticos estadounidenses han hablado mucho más por sus silencios que por lo que informan. Estos silencios comúnmente aparecen como tachas negras, borrones y códigos. La materialidad de lo negado, exhibido en un espacio vacío, tiene especial significado para sociedad inmersa en procesos de justicia transicional, que aún sigue buscando información sobre detenidos desaparecidos y la permanente pregunta de la responsabilidad política mientras intenta procesar las responsabilidades criminales. ^[54]

Estos silencios no han pasado desapercibidos. La estética de la censura en el acto burocrático de desclasificar ha inspirado diversas exploraciones artísticas, como la obra de la artista chilena Voluspa Jarpa y sus trabajos con documentos desclasificados, lo que incluso la llevó a la Bienal de Arte de Venecia, el año 2019, representando a Chile con su obra “Altered Views”.^[55] Desde el 2005 ha trabajado en sus obras la “capacidad de la pintura contemporánea para referirse a los hechos históricos que nos afectan en la cotidianeidad” (Fig. 1 y 2). ^[56] Otro ejemplo es el del poeta Carlos Soto Román, que ha explorado la visualidad de los silencios como propuesta visual en su publicación Chile Project, que consiste en un sobre negro con hojas sueltas que muestran reproducciones intervenidas con borrones y tachaduras de documentos desclasificados en el año 2000, exacerbando la censura para manifestar lo que considera evidente y absurdo en los silencios burocráticos (Fig 3.).^[57]

La investigadora argentina Daniela Dorfman aborda el fenómeno de las manifestaciones artísticas respecto de los silencios en el contexto de las demandas de acceso a la documentación trasandina, referenciando en el título Denied in toto, herramienta administrativa para impedir la desclasificación de un documento en su totalidad. Su artículo analiza la obra de Román Soto, proponiendo que los documentos tachados, en su ser incompleto, llevan necesariamente a pensar en el problema de la construcción, acceso y destrucción de archivos. Dorfman escribe sobre la promesa del archivo y el acto performático de Estados que ponen en escena el ejercicio del poder. Lo ilustrativo de estas manifestaciones es comprender estos actos de denuncia como parte de la dinámica que subyace al acto administrativo y político -o diplomático según Kornbluh- de desclasificar documentos gubernamentales. Desde una verticalidad se asume la burocracia de la desclasificación como una de las estructuras de poder que media la relación entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Se podría indicar que una de las formas más generalizadas para aproximarse a estos documentos se ha realizado desde el arte y la memoria, más que desde una perspectiva historiográfica o académica.

En esta investigación he podido notar que la desclasificación y el fenómeno del Caso Chile han habitado más en el espacio de la memoria que en el de la historia. En el campo de la memoria los documentos desclasificados estadounidenses han jugado un rol activo en diversos escenarios: exposiciones, solicitudes diplomáticas, discursos políticos y algunas construcciones historiográficas. Las plataformas FOIA, FRUS y otros dispositivos que contienen los documentos, como el National Security Archive son poco conocidas por la comunidad académica y subutilizadas en comparación a la constante referencia al Comité Church. Lo mismo sucede con la prensa y los documentales sobre el tema, que constantemente se refieren a la desclasificación desde una lógica de lo que se ha ocultado, no lo que ya está publicado. ^[58] Un punto importante puede ser la barrera de lenguaje, pero considero que no explica el fenómeno en su totalidad.

Para poder sostener este argumento, nos apoyamos en la diferenciación que hace Pierre Norá entre los conceptos de historia y memoria. Mientras la memoria corresponde a lo vivido desde una perspectiva afectiva, la historia es una construcción crítica y, en ese proceso, desmitificadora del pasado. Entonces, lo sacralizado de la memoria es irrumpido por una historia que busca -algo de- objetividad y juicio crítico. En el oficio de la historiografía, en términos de la reconstrucción de coyunturas, estos documentos, considerando la masividad de información que contienen, parecieran no existir o solo ser utilizados en cuanto responden una sola pregunta: ¿Intervino Estados Unidos en Chile entre los años 1963 y 1990? La respuesta es sí y está profusamente documentada. De todas formas, considero que esto se ha sobredimensionado frente a las decisiones y responsabilidades políticas y criminales de los propios actores chilenos.

Desclasificación por goteo

En la desclasificación por goteo existe un genuino intento por integrar la documentación que registra la intervención estadounidense en la memoria de la sociedad chilena a través de diversas plataformas. Sin embargo, poco se ha hecho para incorporar la documentación a la labor historiográfica, considerando que, en una sencilla búsqueda en Internet a través del sitio web de la FOIA del Departamento de Estado, se encuentran disponibles aproximadamente 19 mil documentos en formato PDF, ordenados por fecha, nombre, remitente y receptor. Sara Berndt nos ha indicado que no se sabe exactamente la fecha en la cual se publicaron en el sitio web, pero el grueso documental ha estado disponible a público en los National Archives al menos desde el año 2000. El año 2010 Peter Kornbluh donó unas 2 mil páginas impresas al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y su respectiva base de datos, así como también en el año 2016 el gobierno de Barack Obama, a través de una visita del Director de Asuntos de Política Exterior David McKean, hizo entrega de una carpeta y discos de información de la investigación llevada a cabo para dilucidar el rol que jugó Augusto Pinochet en el atentado a Orlando Letelier el año 1976. Hoy, la sitio web de la base de datos FOIA del Departamento de Estado (foia.state.gov) alberga la mayoría de la documentación anteriormente mencionada.

Un ejemplo bastante contemporáneo y representativo del fenómeno documental Caso Chile fue la Solicitud de Resolución n°995 ingresada el 9 de agosto 2023 por el partido político chileno Convergencia Social en la Cámara de Diputados. Esta solicitud fue aprobada con 125 votos, 7 abstenciones y 2 votos en contra, en el punto más conflictivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973. Se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que exigiera a Estados Unidos la entrega de “los archivos secretos sobre la intervención estadounidense antes, durante y después del golpe de estado”. Como respuesta, el 25 de agosto, el Departamento de Estado y la Embajada estadounidense desclasificaron dos documentos del 8 y 11 de septiembre de 1973.^[59]

En este caso se trataba de resúmenes diarios enviados al presidente estadounidense. El primero da cuenta de las posibilidades de un golpe militar en base a información entregada desde Chile acerca de movimientos de miembros de la Marina, y el segundo corresponde al mismo día del golpe donde se informa que al movimiento de la Marina se había integrado el apoyo de otras unidades claves de las FF.AA. chilenas, pero manifestando la duda de si tendrían el suficiente apoyo de la oposición civil al gobierno de Salvador Allende.

Los informes se publicaron en el sitio web del Departamento de Estado y las redes sociales de la Embajada de EE.UU en Chile, sumado a un comunicado del Departamento de Estado que indicaba: “Junto con los miles de documentos desclasificados con anterioridad, la publicación de hoy demuestra nuestro compromiso duradero con la asociación entre Estados Unidos y Chile, que es consistente con nuestros esfuerzos por promover la democracia y los derechos humanos en nuestros propios países y alrededor del mundo.”^[60] Ambos corresponden a un Informe Diario de Presidencia, que, como indica su nombre, se le entregaba diariamente al presidente de Estados Unidos, en ese entonces Richard Nixon, para mantenerlo informado de los eventos más relevantes por parte de las agencias de inteligencia, principalmente la CIA.^[61]

A continuación, nos concentraremos en el documento del 8 de septiembre. Consiste en tres páginas: la portada, un índice temático y la tercera plana que contiene la información sobre Chile. (fig 4,). Es una práctica común la desclasificación de algunas páginas de informes, frecuentemente separadas acorde a la información de cada país mencionado. Las partes que permanecen borradas tienen un código de tacha a la derecha del escrito, en este caso, todas coinciden con el 3.3 (b)1. En base al índice de códigos de los National Archives, este indica que la información no se ha desclasificado porque “revela la identidad de una fuente humana confidencial, una fuente de inteligencia humana, una relación con un servicio de inteligencia o de seguridad de un gobierno extranjero o de una organización internacional, o una fuente de inteligencia no humana; o perjudicar la eficacia de un método de inteligencia actualmente en uso, disponible para su uso o en desarrollo.”^[62]

La naturaleza de este tipo de documentación, un President’s Daily Brief, es meramente informativa. Consiste en un resumen diario de información y análisis de alto nivel sobre los asuntos de seguridad nacional, elaborado especialmente para el presidente estadounidense y sus asesores más estrechos. Resulta interesante ver que el Departamento de Estado y la Embajada hayan elegido publicar este documento, considerando el contexto de su desclasificación y la incomodidad de una Embajada que representaba, en su momento, la política exterior de protección a los derechos humanos del presidente Joe Biden. No era sencillo aproximarse a la conmemoración de los 50 años del golpe, menos con la reactivación de la reiterada denuncia pública de la intervención estadounidense, esta vez proveniente desde la Cámara de Diputados de Chile.

Con respecto al contenido, destacamos estas palabras: possibility, no evidence, should, indications.^[63] Los cuatro conceptos aluden al carácter especulativo del mensaje. En ninguna parte del documento se toma ninguna decisión, tampoco se sugieren políticas, ideas o acciones. Eso no es extraño si se considera el origen del documento, un resumen diario para informar a la presidencia. Lo que es sugestivo -y materia de pura especulación- es que hayan desclasificado dos documentos irrelevantes en términos de evidencia de acción o inacción, pero que a la vez podría probar desconocimiento en cuanto a que, tres días antes del golpe de estado, Richard Nixon estaba leyendo información sobre las posibilidades, posteriores al 11 de septiembre, de que el Ejército se sumara a los planes de los oficiales navales chilenos. Más que considerar estos dos documentos como evidencia de intervención, pueden explicar mejor las dinámicas de la diplomacia de desclasificación en un contexto donde la información está al alcance de una simple búsqueda en Internet y una buena herramienta de traducción.

Método y claves de lectura

Esta investigación propone complejizar la clave de lectura de la documentación desclasificada, ampliando las preguntas, en una búsqueda por realzar la riqueza de la fuente, incluso tomando en consideración la cantidad de información censurada. El contraste de la situación archivística en Chile respecto con la documentación estadounidense disponible es abismal, principalmente por el estado de la documentación histórica relativa a los años de la dictadura militar.

Para poder explicar la forma de codificación, elegí 3 documentos que ilustran aspectos fundamentales a considerar a la hora de analizar. Más que interpretar el contenido del documento, quiero realizar una radiografía burocrática ilustrativa que retrate mi aproximación a la documentación y que permita a otros investigadores una lectura eficaz.

Partiremos con el ejemplo clásico de un documento altamente clasificado (Fig 5). Está fechado el 3 de octubre de 1986 y proviene de la CIA. Es un information report que dista de un informe de inteligencia en cuanto a que no ha sido evaluada por la burocracia determinada. Se asemeja más a un borrador informativo. En conversaciones con Sara Berndt concluimos que el código en la parte superior, a la derecha, sería un sistema antiguo de organización archivística. Al lado inferior izquierdo podemos ver el timbre de desclasificación y aprobación para publicación, fechado en julio del 2000. El tercer tramo fue publicado en junio, por lo que podemos inferir que fue parte del corpus documental que la CIA se negó a desclasificar hasta noviembre. En términos de inteligencia, el reporte analiza el dilema del aislamiento del Partido Comunista chileno ante la oposición moderada y fue enviado a varios departamentos y sus oficinas de inteligencia. Si bien la mayoría de los párrafos están tachados, hay información relevante al respecto de la visión de la CIA sobre la configuración de la política chilena y los conflictos internos.

Por otro lado, tenemos un ejemplo de documento completamente desclasificado (Fig 6). Es un Information Memorándum^[64] enviado por Elliot Abrams, Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos al Secretario del Departamento de Estado George Schultz. Se puede identificar el timbre del Chile Project con su código de caso (#s199900030), con las indicaciones manuscritas de aprobación para su publicación, desclasificado en su totalidad y sin exenciones. Otra porción manuscrita incluye a las personas a las que se le envió el memorándum, junto con instrucciones de retención. Este tipo de documento es muy valioso para esta investigación. Abrams realiza un análisis minucioso de la situación chilena y las proyecciones futuras de la dictadura militar, sugiriendo que amplifiquen esfuerzos para que Estados Unidos sea asociado con la democracia -concepto que está en permanente tensión en la coyuntura y esta tesis. Es importante a la vez considerar que los altos mandos tienen un ejército burocrático de investigadores y redactores, pero, si algo sabemos con seguridad es que, si aparece su nombre, es información aprobada y de la cual se hace responsable.

El documento anterior es llamado un oficial-informal (Fig 7.). Este tipo de documento consiste en una carta escrita desde un puesto en el extranjero dirigida al Departamento de Estado, enviada fuera de los canales ordinarios de comunicación (despachos, telegramas y aerogramas), manteniendo su característica oficial. La informalidad radicaría en la conducción alternativa y la consideración de que sería información que posteriormente sería entregada formalmente, pero que va en modo preliminar.^[65] Si vamos al timbre del Chile Project, podemos apreciar una selección manuscrita a Excise que significa que, por materias de seguridad nacional y, de acuerdo con las normas de excusión de la Executive Order 12.958^[66] que regía en ese entonces.

Se aprecian los códigos de eliminación NR y B1, los que podemos leer gracias a la página web de códigos de redacción del NARA.^[67] NR significa Not Responsive: si el documento habla de una situación que no tenga que ver con Chile, queda fuera de los objetivos del proyecto, por lo que no se desclasifica. B1 es de los códigos más recurrentes de clasificación dónde se utiliza para proteger la identidad de una fuente humana confidencial, fuente de inteligencia humana, relación con un servicio de inteligencia o seguridad de un gobierno extranjero u organización internacional, así como la protección de una fuente de inteligencia no humana. También permanece clasificada información que pudiese perjudicar la eficacia de un método de inteligencia actualmente en uso, disponible para su uso o en desarrollo.

Conocer la historia de los documentos desclasificados estadounidenses con respecto a Chile y su significado en ambas culturas políticas es un paso esencial para cualquier investigación que busque en ellos respuestas y comprensión histórica. La clave de lectura involucra conocer los códigos, las manchas, timbres, dejando un espacio para lo que es indescifrable o incomprensible. Las posibilidades se amplían puesto que no sólo se puede aprovechar la masividad del registro, la profundidad de las explicaciones, interpretaciones y tensiones, sino que también se puede significar el espacio de silencio, brindándole un lugar fundamental en la historiografía de la época, incluso si la pregunta histórica no tenga que ver con Estados Unidos, puesto que estos documentos registran de forma exhaustiva el ejercicio de comprensión de una sociedad y sus instituciones, dejando entrever formas de vida y experiencias del Chile de la época.

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[6] El concepto de caída del consenso, en la Guerra Fría, refiere al estallido estadounidense al respecto de la Guerra de Vietnam y el agotamiento de las justificaciones para que las agencias de inteligencia intervinieran en el extranjero. Este lo profundizo en Miradas desclasificadas. El Chile de Salvador Allende en los documentos estadounidenses. (1969-1973), libro de mi autoría. Véase: Antonia Fonck, Miradas desclasificadas. El Chile de Salvador Allende en los documentos estadounidenses. (1969-1973) (Santiago: Ediciones Alberto Hurtado, 2020).

[16] Kristian Gustafson, Hostile Intent: U.S. Covert Operations in Chile, 1964-1974 (Washington DC: Potomac Books, 2007); Harmer, Tanya, El gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana (Santiago de Chile: Ediciones UDP, 2013); Fermandois, «¿Peón o actor?, Chile en la Guerra Fría (1962-1973)»; Alfredo Riquelme y Tanya Harmer, «La Guerra Fría en Chile: los intrincados nexos entre lo nacional y lo global», en Chile y la guerra fría global (Santiago de Chile: RIL Editores – Instituto de Historia PUC, 2014); Sebastián Hurtado-Torres, The Gathering Storm. Eduardo Frei’s Revolution in Liberty and Chile’s Cold War (Cornell University Press, 2020); Pablo Rubio Apiolaza, Por los ojos del águila.La transición democrática chilena vista desde el gobierno de los Estados Unidos (1981-1994) (Catalonia, 2022).

[17] Rubio Apiolaza, Por los ojos del águila.La transición democrática chilena vista desde el gobierno de los Estados Unidos (1981-1994); Peter Kornbluh, The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability (New York: The New Press, 2003); Víctor Figueroa Clark, «The Forgotten History of the Chilean Transition: Armed Resistance against Pinochet and US Policy towards Chile in the 1980s», Journal of Latin American Studies 41, n.o 3 (2015): 491-520; Diego Avaria Eyzaguirre, «La administración Reagan y el plebiscito en Chile: La política de presión (1987-1989)», Estudios de Seguridad y Defensa (ANEPE), n.o 3 (junio de 2014): 205-234.

[18] Watergate fue un escándalo de espionaje a la oposición política de la administración del presidente Richard Nixon y su equipo de reelección. Cinco hombres instalaron micrófonos en la sede Watergate del Partido Demócrata haciendo pasar la operación como un robo. Finalmente, se descubrió que Nixon habría estado grabando a la oposición política, lo que llevó a su renuncia a la presidencia en agosto de 1974. La torpeza de la operación de inteligencia está muy bien retratada en la serie The White Plumbers, una sátira lanzada en agosto del 2023 por la plataforma de streaming HBO.

[29] Referirse a una visión equilibrada de la violencia política pareciera ser un guiño al mundo republicano en cuanto si se lograba demostrar actos terroristas, o violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Salvador Allende, fundamentaba la idea de que el golpe había sido un suceso inevitable y de defensa. No queda clara la posición de la administración al respecto y es mera especulación, pero lo creo posible e importante a destacar.

[37] La Executive Order 12.958, hoy 12.526 con pequeñas modificaciones. Las exenciones de la norma para desclasificación no fueron cambiadas y son las siguientes: (1) Revelar la identidad de una fuente humana confidencial, o una fuente de inteligencia humana, o revelar información sobre la aplicación de una fuente o método de inteligencia; (2) revelar información que ayudaría al desarrollo o uso de armas de destrucción masiva; (3) revelar información que perjudicaría a los sistemas o actividades criptológicos de EE.UU.; (4) revelar información que perjudicaría a la aplicación de tecnología punta dentro de un sistema de armas de EE.UU.; (5) revelar planes de guerra militares reales de EE.UU. que siguen en vigor; (6) revelar información, incluida información de gobiernos extranjeros, que perjudicaría de forma grave y demostrable las relaciones entre Estados Unidos y un gobierno extranjero, o socavaría de forma grave y demostrable las actividades diplomáticas en curso de Estados Unidos; (7) revelar información que perjudicaría de forma clara y demostrable la capacidad actual de los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos para proteger al Presidente, al Vicepresidente y a otros protegidos para los que se autorizan servicios de protección, en interés de la seguridad nacional; (8) revelar información que perjudicaría de forma grave y demostrable los planes actuales de preparación ante emergencias de seguridad nacional o revelaría vulnerabilidades actuales de sistemas, instalaciones, infraestructuras o proyectos relacionados con la seguridad nacional; o (9) infringir una ley, tratado o acuerdo internacional.

[38] En el United States Code número 2203, al respecto de la gestión y custodia de los expedientes presidenciales, aparece detallado el criterio del archivista al respecto del valor histórico. 44 U.S. Code § 2203. También es importante recalcar que la información podría permanecer clasificada si 1) Revela la identidad de una fuente humana confidencial, 2) Información que revele conceptos clave del diseño de armas de destrucción masiva, 3) información cuya exención haya sido especialmente solicitada por el jefe de un organismo y aprobada por el ISCAP.

[51] Este Comité Asesor, se compone por 9 miembros y un secretario ejecutivo. Los miembros son elegidos por el Secretario de Estado entre distinguidos académicos, seleccionados entre una lista de nominados por la Asociación Americana de Historia, la Organización de Historiadores Americanos, la Asociación de Ciencia Política, la Sociedad de Archivistas Americanos, la Sociedad Americana de Ley Internacional y la Sociedad de historiadores de Relaciones Internacionales Americanas. Cada miembro ejerce durante 3 años y no podía estar relacionado al gobierno.

[52]Adam Howard, James McElveen, y James Siekmeier, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, Volume XXI, Chile, 1969–1973 (Washington DC: United States Government Printing Office, 2014). Adam Howard, James McElveen, y James Siekmeier, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, Volume E–16, Documents on Chile, 1969–1973 (Washington DC: United States Government Printing Office, 2015).

[58] Un ejemplo sería el documental Operación Chile producido y transmitido por Chilevisión el martes 5 de septiembre del 2023 en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado. Si bien rescata aspectos interesantes del acontecimiento histórico de la intervención estadounidense, llama la atención la falta de conocimiento la naturaleza de esta documentación en un contexto de periodismo de investigación. Pongo como ejemplo la porción donde la periodista Macarena Pizzaro indica: “Cuando fueron escritos, nadie esperaba que alguna vez estos documentos fueran a ser públicos” y la constante referencia a información supuestamente oculta pero de conocimiento público a través de los tres hitos de publicación mencionados.

[61] Posteriormente la Embajada realizó un concurso público de financiamiento para un proyecto de selección, traducción y publicación de la documentación diplomática respecto a Chile. Consistía en dos etapas, el envío de un Statment of Interest y, posteriormente el envío de una propuesta. Finalmente, solo se realizó la primera etapa y, hasta la fecha, no se han entregado los resultados del proyecto ganador.

Apuntes de una aproximación historiográfica a los documentos desclasificados estadounidenses sobre el Chile de la Guerra Fría (1968-1990).