El Archivo nacional en la constitución del patrimonio documental colombiano, 1971-1992

The national archive in the constitution of Colombia's documentary heritage, 1971 - 1992

Christian Maldonado Badrán

Recibido el 24 de Julio del 2024 Aceptado el 3 de septiembre del 2024

Páginas 350-377

Financiamiento: La investigación fue autofinanciada por el autor.

Conflictos de interés: Los autores declaran no presentar conflicto de interés.

Este artículo es en parte resultado de la tesis doctoral “Los sentidos del Pasado: patrimonio e identidad cultural en Colombia, 1968 – 1997”. Esta tesis fue sustentada en julio de 2021 por uno de los autores en el doctorado en Historia y Estudios Humanísticos: Europa, América, Arte y Lenguas, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España.

Resumen
El presente artículo aborda la constitución del patrimonio documental colombiano entre los años setenta y noventa del siglo pasado, momento en el que en el país estaba tomando forma la política cultural patrimonial. Con fuentes primarias como documentos producidos por la Unesco y por instituciones colombianas, así como fuentes secundarias, se reconstruye la conformación del Archivo en tanto institución cultural portadora de memoria y sentidos de historia, prestando atención, por un lado, a los discursos y visiones que se esgrimieron sobre el valor histórico de los documentos y, por el otro, a la importancia del inmueble en tanto “cuerpo físico” en el que reposa la memoria escrita de la nación.

Palabras claves: Política cultural colombiana, Archivo Nacional, Archivo General de la Nación de Colombia, Patrimonio Documental.

This article deals with the constitution of the Colombian documentary heritage between the seventies and nineties of the last century, a time when the country's cultural heritage policy was taking shape. Using primary sources such as documents produced by Unesco and Colombian institutions, and secondary sources, it reconstructs the formation of the Archive as a cultural institution that carries memory and a sense of history, paying attention, on the one hand, to the discourses and visions that were put forward on the historical value of the documents and, on the other, to the importance of the building as a "physical body" in which the written memory of the nation rests.

Key words: Colombian cultural policy, National Archive, General Archive of the Nation, Documentary Heritage.

Entre los años 70 y 90 del siglo XX, Colombia comenzó a establecer una política cultural que fuera cimiento de la identidad nacional. Esta política se basó en el valor del patrimonio cultural como base de la identidad cultural, siguiendo las ideas de la Unesco en ese momento, que buscaba fomentar la creación de una sociedad global basada en el conocimiento y la colaboración a partir de la cultura, en tanto fundamento del entendimiento de la otredad.

A lo anterior se sumó el hecho de que el cambiante panorama internacional, con las independencias de las naciones africanas y asiáticas, abrió el escenario para que la Unesco se preguntara por el lugar que ocupaban en el panorama global los países que habían sido sujetos de control colonial y, en especial, en dónde radicaban sus signos de identidad. Estas preguntas sirvieron de catalizador de los discursos sobre patrimonio cultural como sustento de la identidad, los cuales calaron rápidamente en los países adscritos al sistema de las Naciones Unidas, convidando a cada una de las naciones a organizar sus políticas culturales.

En este contexto, uno de los proyectos que tuvo bastante resonancia en los distintos países, pero del que poco se ha dado cuenta, fue el que buscó constituir un sistema internacional de archivos y transferencia de la información, como un eslabón de la cooperación global. Para eso fue necesario que se conformaran políticas de archivos dentro de las políticas culturales, pues el cúmulo de documentos que constituían los archivos fueron valorados como portadores de pasado e historia, elemento fundamental en la reconstitución de las identidades culturales.

Para Colombia, los criterios dados en el programa global de archivos que fue desarrollado entre los años 70 y 80, sentaron las bases para la recuperación del patrimonio documental, inicialmente con la declaratoria y protección del conjunto de documento que hacían parte del Archivo Nacional, luego con la estructuración de una política en el tema y finalmente con la construcción de un inmueble en el cual resguardar, restaurar y poner al servicio de las personas el cúmulo de documentos históricos. En todo el camino estuvo la Unesco asesorando y dando su punto de vista respecto a las labores que llevaban a cabo los organismos encargados de diseñar e implementar la política cultural, algunas veces aprobando o desaprobando las estrategias esgrimidas por dichos organismos, que cobijaron bajo un mismo marco de interpretación a los documentos, en tanto archivos, con los bienes muebles e inmuebles y, por ende, bajo unos mismos criterios y estrategias de recuperación.

Lo anterior es importante porque permite entender el marco de interpretación y acción de los organismos e instituciones nacionales en diálogo con un contexto internacional, frente a lo que consideraban patrimonio cultural. Esto, a su vez, abre una ventana de análisis para comprender cuáles fueron los sentidos que se construyeron en torno al pasado nacional, en este caso, a partir de los archivos. De esta manera, el artículo desarrollado en las siguientes páginas pretende mostrar cuál fue el lugar dado al Archivo^[1] en la política cultural nacional. Lo analizamos como lugar físico y simbólico.

Para demostrar lo antes mencionado, el texto se ha dividido en cuatro partes. En la primera mostramos la manera en que la política cultural de Colombia fue pensada en términos patrimoniales, con un fuerte acento en los bienes materiales, sobre los cuales se construyeron discursos de identidad nacional. El apartado siguiente explora cómo en el marco de los discursos patrimoniales que fueron tomando más forma y fuerza, el Archivo adquirió gran relevancia en tanto conjunto de documentos portadores de memoria e historia nacional, de la mano, en todo momento, de la Unesco. Aquí se ponen en evidencia las relaciones de Colombia con los organismos internacionales y el grado de integración que tenía con estos. Por su parte, el tercer apartado da cuenta de los intentos del gobierno colombiano, en representación del Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) y del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), por darle forma física y material a la política de archivos con la consolidación de un inmueble para el archivo nacional. Finalmente, el apartado de cierre ofrece un análisis histórico – arquitectónico del inmueble que fue construido para albergar al Archivo, entendiendo esta última etapa como el resultado natural de la política en materia de archivos. A su vez, se hace un aporte al conocimiento del inmueble dentro de un contexto más amplio, más allá del análisis arquitectónico.^[2]

El patrimonio cultural en Colombia como política cultural generalizada, es decir, como una estructura de protección nacional, comenzó a tomar forma a partir de la segunda mitad del siglo XX en el momento en el que entonces Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) se dio a la tarea de establecer un marco normativo general para la protección de los bienes materiales. En su momento el CMN actuaba como una extensión de la Academia Colombiana de Historia (ACH), y las disposiciones de protección venían dadas por la historicidad que se expresaba en la noción de historia que sus miembros defendían y promovían^[3]. Sin embargo, hacia finales de los años 60, con la creación del Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura), la protección del patrimonio cultural del país cambiaría de manos, centralizándose principalmente en una sola institución.

Para los años 70, Colcultura mejoraría su estructura organizativa enfocada en la protección del patrimonio cultural, mientras que las conexiones que el Ministerio de Educación estableció con organizaciones internacionales ayudaron a promover la cultura y a establecer una política cultural nacional. Así, de a poco fue consolidándose una conciencia patrimonial dirigida desde el Estado, y con ella la política cultural, basada en el reconocimiento de los bienes materiales heredados del pasado como objetos-bienes portadores de identidad.

La política cultural fue fortaleciéndose con el tiempo hasta que, en los años 90, se convirtió en un pilar fundamental de la identidad nacional. En este caso, el CMN continuó teniendo un papel importante en la gestión y protección de los bienes culturales del país, adscritos a Colcultura. Este Consejo inició una tarea de supervisión de bienes patrimoniales en lugar de una tarea de gestión, ya que su enfoque se centró en la declaración de edificaciones y objetos (bienes materiales) como Monumentos Nacionales y en la autorización de restauraciones. También fungió como consultor para entidades que tenían interés en intervenir el patrimonio material, tanto de manera individual como conjunta, especialmente en caso de sectores o conjuntos urbanos de gran valor histórico.

Sus acciones cumplieron con la interpretación de la Ley 163 de 1959, lo que llevó a la creación de un discurso basado en sus disposiciones, que a su vez incluyó estrategias para preservar el patrimonio cultural colombiano. Entre estas, resaltan unos primeros inventarios y declaratorias de bienes materiales, especialmente inmuebles, los cuales eran realizados en “consejos cerrados”, reuniones privadas en las que el CMN actuaba en representación del Estado; prácticas propias de sistemas de gobierno centralistas que, como lo manifiesta García Canclini, se concentran principalmente en la administración y defensa de los bienes materiales en los que se materializan la historia patria y nacional.^[4] De esta manera, la centralidad del Estado y la valoración y protección de unos vestigios materiales del pasado van de la mano, en el sentido de que había una relación entre las nociones históricas construidas desde el centro del país por un grupo de individuos y la acción política (toma de decisiones) sobre los bienes que conformaban el patrimonio nacional.

Sin embargo, hubo algunos intentos por tener un mayor rango de acción nacional descentralizada que involucrara de forma participativa a las regiones y departamentos, a pesar de la centralidad de la política cultural patrimonial bajo el liderazgo de Colcultura. En primer lugar, a través de la normativa establecida por la Ley vigente en el momento, y a través del trabajo de promoción de la cultura, considerada como una cultura intangible. Esta tarea fue llevada a cabo por la oficina de promoción cultural y se centró en manifestaciones y expresiones populares que, aunque contribuyeron significativamente a la divulgación y promoción de los valores patrimoniales del país, eran menos relevantes en términos de materialidad.

A razón de lo anterior y a que Colcultura reconocía la importancia del patrimonio intangible, poniéndose en concordancia con los discursos promovidos por Unesco, la realidad fue que el patrimonio material se constituyó como la base de la política cultural. En la práctica, los edificios, los sectores urbanos y los objetos (bienes muebles) fueron el foco de atención de casi todas las deliberaciones, proyectos e iniciativas realizadas por Colcultura y canalizadas desde el CMN. El conjunto de sus miembros reconocía que los valores culturales transmitidos por la materialidad constituían la base de un legado histórico que había que conservar, toda vez que en ellos era posible hacer una lectura testimonial del desarrollo de la cultura nacional.

La importancia dada a la materialidad del patrimonio puede radicar en el hecho de que su gestión, es decir la conservación como tal, se apoyaba no sólo en el contexto inmediato que se estaba viviendo, sino también en el acumulado histórico legislativo, en el tema y en la experiencia que se había desencadenado de él y que, en conjunto, llevaron a valorar con mayor fuerza las obras escultóricas, a los objetos y en especial a los edificios, en tanto monumentos. Todos ellos cargados de un valor de historia que remitía a la edificación del Estado colombiano desde sus inicios en el periodo de la República hasta su pasado próximo, (la Colonia) y que había quedado registrado en una serie de leyes que se crearon desde el siglo XIX hasta su momento actual.^[5]

Las diferentes leyes ayudaron a consolidar la idea de que lo tangible y relacionado con la experiencia sensorial (visible y tangible) de las personas era la evidencia irrefutable del desarrollo cultural del territorio nacional. La diferencia radicó en que, en ese momento, el marco normativo internacional del patrimonio y la identidad cultural abrió el espacio para la inscripción de los bienes de una cultura diversa como la colombiana en el discurso identitario del país. Sin embargo, la realidad fue otra, puesto que en la práctica la herencia material del pasado colonial, católico y republicano se mantuvo como vestigio de la historia y la cultura nacional.^[6]

En este marco de interpretación, la cultura como desarrollo histórico en el que intervienen todos los periodos poseía una materialidad que le permitía ingresar en el espectro de lo patrimonial y ser, a su vez, referente de identidad nacional. De allí la denominación de bien, que se asocia a la corporeidad y a la evidencia y los considera “acreedores a la consideración especial, oficial o particular, por su vinculación al patrimonio cultural de la nación”^[7]. Así, los bienes tangibles serían valorados como portadores de valores nacionales anclados en un pasado hecho presente: “los monumentos históricos constituyen parte de los valores nacionales pues contribuyen a revivir nuestro pasado y reflejan los sueños y aspiraciones del pueblo que los erigió. Por esta razón hay que detener su deterioro o destrucción. De lo contrario, reduciremos a escombros nuestra identidad”^[8].

Como consecuencia, el patrimonio intangible quedó relegado a ser parte de una tradición cultural en la cual se encontraban diferentes manifestaciones y expresiones, tales como las danzas, los cantos, los títeres y demás prácticas que alimentaban a la cultura popular, desarrollada a una escala pequeña y comunitaria. Las comunidades eran su epicentro y eran ellas las que debían promover su propia cultura, puesto que esta les serviría para generar desarrollo social

Así, en el patrimonio inmaterial, la cultura incorpórea era reflejo de una vida comunitaria que se desarrollaba a una escala pequeña que, con sus diferencias y distancias geográficas, acentuaba la diversidad de un país centralista pero fragmentado en regiones. Por lo tanto, era incapaz de crear una narrativa aglutinante que forjara una identidad nacional, como sí lo podía hacer el patrimonio material con sus bienes inmuebles y muebles de los periodos colonial y republicano. En torno a estos, se constituyó una comunidad imaginada, como la entiende Benedict Anderson^[9] , a partir de la cual se construyeron narrativas sobre el pasado colombiano y su importancia para el presente de la nación.

A parte de los inmuebles, los bienes muebles adquirieron gran valor como portadores de mensajes del pasado. Los objetos de orfebrería católica y colonial se protegieron, y los libros y documentos que reposaban en la Biblioteca Nacional como parte del archivo de la nación fueron objeto de análisis y valoración en tanto documentos - monumentos, receptáculos de la memoria del país. En torno a ellos se llevó a cabo un proyecto grande de recuperación que inició en los años 70, en el marco de la conformación de un sistema de información global en el que debía participar el país. Esta iniciativa siguió las directrices de la Unesco que, para incentivar la reconstitución de la Identidad Cultural de sus países miembros, estructuró una serie de propuestas y estrategias para que los libros, bibliotecas y archivos, portadores de información cultural e histórica, sostuvieran un sistema de información nacional, cuyos cimientos debían ser la cooperación internacional y el entendimiento global^[10].

Con la historicidad del patrimonio cultural colombiano establecida en los periodos coloniales y de la república, para 1977 el Archivo Nacional resguardaba en una totalidad de 24.280 unidades documentales que se encontraban distribuidas entre libros de registro de la Real Hacienda (2.889), leyes y decretos originales de diversos ministerios (13.545) y documentos varios referentes al periodo colonial y republicano (7.846)^[11]. Considerados como acervo documental de valor patrimonial fueron declarados Monumento Nacional en 1974^[12]. A partir de ese momento estuvieron entre las principales preocupaciones de Colcultura y del CMN, para garantizar la conservación de cada uno de los fondos documentales, pero también para dotarlos de un edificio propio en donde pudiera funcionar.

Ambas intenciones respondieron a la necesidad de consolidar en el Archivo Nacional una institución patrimonial que resguardaba los vestigios documentales del desarrollo histórico de la nación. En este sentido, la intención no era únicamente contribuir a consolidar la historia nacional, lo era también construir una memoria de la nación, toda vez que la relación entre el pasado y el presente, entre la información y su uso, soportaba dicha continuidad histórica.

Esta idea, o por lo menos su trasfondo, se encontraba en los argumentos esgrimidos por la Unesco desde de la década de 1960 cuando defendió en el marco de los procesos de descolonización de África y Asia, la importancia de los archivos como base de la historia de las sociedades que estaban independizándose, así como de aquellas sobre las que se ejerció algún tipo de dominio colonial^[13]. Para las nuevas naciones y para aquellas que en el pasado fueron colonias, esa mirada renovada sobre los archivos permitió que se activara el valor histórico de los documentos que pasaron a pensarse como parte integrante de una continuidad histórica fracturada que, por medio de la “repatriación” y/o buena gestión, podría sanarse.

En este contexto, Colombia venía participando activamente en los proyectos y disposiciones de la Unesco, llevando a que se generara y asumiera una mayor conciencia del valor de su Archivo Nacional que, hasta el momento, tenía una única función: ser depositario de la documentación institucional que el Estado había producido a lo largo de los años. Si bien el archivo tenía un componente histórico, su valor de historia y el valor patrimonial se definieron con la elaboración tanto del inventario como de unas políticas un poco limitadas en materia de gestión y conservación de archivos. Estas políticas contemplaban la consolidación de una infraestructura física y de servicios.

En lo que se refiere a la parte operacional del Archivo, la cercanía con la Unesco, así como con otros países, ayudó a que se consolidaran mecanismos de gestión en los que se contemplaba la conservación de los documentos. Entre los años de 1976 y 1977, Colcultura fue partícipe de dos eventos internacionales: la reunión regional de expertos para el desarrollo de los archivos nacionales en América Latina, que tenía como objetivo la creación de sistemas nacionales de información (NATIS); y la reunión consultativa para la elaboración de un informe en el que se contemplaba la posibilidad de transferir documentos provenientes de archivos constituidos sobre el territorio de otros países.^[14]

Ambos eventos compartían el objetivo común de integrar a todos los países adscritos a Unesco en un sistema internacional de información, operado desde las escalas nacionales y locales: “El [sistema] NATIS, tal y como él está definido en sus objetivos, es concebido como el cuadro de una acción concertada a nivel nacional; él ofrece a los gobiernos un conjunto de principios directores que les permitirán dar una orientación única y un objetivo común a las diversas actividades de información llevadas a cabo en las disciplinas determinadas. Gracias a la coordinación, en el marco de una planificación global, de las actividades de los organismos nacionales participantes de los programas internacionales, todos los elementos constitutivos de NATIS serán reagrupados en un programa equilibrado que permitirá a cada país, sin importar su nivel de desarrollo, no solo hacer parte al máximo de los sistemas mundiales, sino también de participar en la circulación en un doble sentido de la información que dispone la comunidad mundial^[15].

Por lo tanto, las naciones miembros de la Unesco debían establecer una política nacional de información que integrara las bibliotecas y los archivos del país, en aras de fomentar la organización de las colecciones bibliográficas y fondos documentales. La premisa era que la información corría el riesgo de perderse o ser insuficiente para un público que no sabría cómo llegar a ella si no había un sistema de ordenamiento en las instituciones que guardaban parte del patrimonio documental. Esto considerando que esa audiencia ya no se limitaba a los ámbitos nacional y local, sino que se expandía hacia escenarios globales.

Si la comparamos con otros países que habían implementado políticas para articular y consolidar sus sistemas de información, incluyendo los archivos, Colombia se encontraba muy rezagada en este aspecto. En tres países de América Latina, Perú, Venezuela y México, se estaba trabajando en la creación de sistemas de información nacionales enfocados en ese propósito, teniendo en cuenta las técnicas de adquisición y acceso a los documentos. Se trataba de una situación completamente diferente a lo que ocurría en Colombia donde sólo se habían creado unos reglamentos de funcionamiento del Archivo Nacional, y nada más.^[16]

Un espacio aparte merece la segunda reunión realizada por Unesco que, enfocada en los contentieux archivistiques,^[17] defendió la transferencia de archivos que sirvieran como fuentes para la historia nacional, especialmente desde los antiguos imperios hacia las nuevas naciones, toda vez que la información contenida en los documentos era considerada esencial para la construcción y reconstrucción de una identidad cultural fracturada por el colonialismo. Esta medida se encaminaba a garantizar la continuidad histórica de cada cultura. De esta forma se consolidó la noción de que los archivos y los fondos bibliográficos son patrimoniales debido a que, al estar incluidos en la categoría de bienes culturales, ayudaban significativamente al enriquecimiento del patrimonio de los Estados.

La presencia de Alberto Lee López, quien en ese momento desempeñaba la labor de jefe de la división de archivos de Colcultura y uno de los consultores en la reunión,^[18] muestra la proximidad del gobierno colombiano con la Unesco en este ámbito. En su calidad de experto, trabajó con otros participantes en la construcción del informe que detallaría las normas y reglamentaciones a seguir en los casos de litigios internacionales en los que sería solicitada la devolución de archivos y documentos. De allí que las discusiones y propuestas que se presentaron en la reunión tuvieron un impacto en la manera en de concebir al Archivo Nacional en el país, especialmente en su función.

Entre los argumentos más importantes presentados en la reunión, la Unesco destacó la noción de que la información es una creación histórica que se desarrolla a lo largo del tiempo, que condensa el trabajo del hombre en sociedad y refleja sus acciones institucionales en el contexto de la nación. De la misma manera, sostenían que los documentos, como fuentes de información, eran la representación del desarrollo histórico de una comunidad nacional o local. Por ejemplo, desde el sistema NATIS se afirmó: “el hombre se distingue del resto de la creación por su capacidad para registrar sus pensamientos y observaciones en documentos y poner tales documentos al alcance de otros hombres alejados en el tiempo y en el espacio”. Esta idea puso el acento en la transferencia documental como continuidad histórica. Por su parte, en la sesión número 20 de la Conferencia General de la Unesco, celebrada en París en 1978, se hizo énfasis en el hecho de que “los archivos constituyen una parte esencial del patrimonio de toda comunidad nacional. Como ellos son indispensables al desarrollo de una conciencia y de una identidad, son parte integrante de los bienes culturales de los estados”^[19].

Estos planteamientos estaban en línea con la perspectiva patrimonial del Archivo Nacional. En primer lugar, en cuanto a la conservación de los fondos documentales, se prestó gran atención a la microfilmación. Según Colcultura, se asignó un laboratorio para el proceso de restauración.^[20] En segundo lugar, surgió la discusión sobre si era necesario otorgar a los archivos un edificio propio para garantizar la preservación de los fondos documentales, debido a que el Archivo Nacional carecía de un espacio adecuado para el tratamiento de los documentos.

Tal vez este debate reflejó mejor el enfoque patrimonial que se le dio al Archivo, pues, como mencionamos anteriormente, no había una política de información y las regulaciones se enfocaban en la estructura y funcionamiento interno de la institución y la preservación de los fondos documentales. Por eso, después de comprender la relevancia del espacio físico para la preservación del archivo, se decidió adquirir una propiedad propia para realizar las tareas requeridas y que al mismo tiempo sirviera para consolidar la imagen del Archivo como una institución a la altura de un Estado moderno. En este sentido, Colcultura afirmaría que: “[…] el Archivo contará con una nueva sede que facilitará el trabajo de este, proporcionándole el espacio físico necesario para el desarrollo de sus funciones. Esta área, oscilará entre los diez y quince mil metros cuadrados, de un lote ya adquirido en la carrera 3a con calle 18, al lado de la Academia Colombiana de la Lengua, que permitirá reformular la concepción tradicional que se le ha dado al archivo, convirtiéndolo en elemento vital de un Estado moderno”^[21].

Sin embargo, la búsqueda de una nueva ubicación para el Archivo Nacional fue un proceso bastante extenso en el que participaron tanto Colcultura como el CMN. De acuerdo con las fuentes consultadas, se presentaron varias propuestas para la adquisición de una infraestructura, que incluían la restauración y adaptación de edificios con valor patrimonial o la construcción de una infraestructura completamente nueva.

La intención de Colcultura de otorgar al Archivo Nacional una estructura física adecuada se ajustaba a las discusiones sobre el patrimonio cultural y estaba directamente relacionada con la preservación de los bienes documentales. La Unesco estaba promoviendo esta idea y varios países ya habían comenzado a trabajar para lograrlo. Por ejemplo, algunos países habían adoptado leyes para proteger los archivos nacionales, como Francia, que en 1979 aprobó una ley que consideraba a los archivos como bienes en los que se guardaba la historia y la memoria del país. ^[22].

Como colección de documentos, el patrimonio del Archivo Nacional destacaba por su valor histórico. En tanto que testimonios del pasado, ellos, los documentos, eran considerados poseedores de un valor de antigüedad que también les proporcionaba autenticidad debido a su conservación en el tiempo.^[23] Así, hasta la fecha no había sido necesario equipar el Archivo con una infraestructura física, ya que lo más importante era mantener los fondos documentales, que hasta inicios de los años 90 se trasladaban de unas oficinas a otras Sin embargo, debido al peligro de deterioro y a la "presión" de la comunidad internacional que trabajaba en la organización de sus archivos nacionales y en la implementación de políticas de sistemas de información, ya en la década de los 80, Colcultura y el CMN gestionaron la adquisición de un inmueble para el Archivo Nacional. Siendo una institución del Estado, el Archivo debía tener su sede física propia.

Al principio, el propósito de este proyecto fue fomentar el rescate y preservación del patrimonio cultural, por lo que se sugirió la restauración de un edificio y su adaptación para el uso del Archivo Nacional. La construcción se encontraba en la zona que constituía lo que sería la primera división del sector histórico de la ciudad de Bogotá, según la selección de inmuebles realizada por el CMN en 1971 (Figura 1). Para ese entonces el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se encontraba funcionando en dicho edificio, el cual se encontraba en un lamentable estado de deterioro. En un esfuerzo por revitalizar el sector, en marzo de 1981 Colcultura se dirigió al CMN y solicitó permiso para comenzar los estudios necesarios para la recuperación del inmueble.^[24]

Fig. 1. Área que comprende la zona histórica de Bogotá en 1971 y ubicación del antiguo edificio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Elaboración de los autores a partir de Acta No.1 del 12 de marzo de 1981, AGN, Ministerio de Cultura y Plano de Bogotá, 1968. En: Frederic R. Harris Engineering Corp. Guía de Bogotá. Bogotá: Italgraf, 1968. Colección particular, obtenido de https://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa

En un entorno de más de 70 inmuebles de valor histórico, el antiguo edificio del DAS resultaba ideal para resguardar al Archivo Nacional, tanto que, entre 1981 y 1983 se llevaron a cabo los estudios correspondientes a los análisis estructurales y de suelos. Ambos arrojaron que era necesario reforzar la estructura que estaba en pie para alcanzar el objetivo previsto, lo cual se traducía en unos costos elevados, considerando las inversiones previas y los pocos resultados obtenidos. En consecuencia, ciertos miembros del CMN se mostraron en desacuerdo con la ubicación del Archivo Nacional en ese edificio, y pensaron que Colcultura no estaba realizando un buen trabajo en el tema. Según un miembro del Consejo, esta idea provenía de la Unesco. Además, tal vez esta perspectiva se debió a que algunos participantes del proceso creían que una nueva infraestructura podría satisfacer mejor las necesidades del Archivo Nacional.

De esta manera, en 1983, durante la tercera reunión del CMN, Iván Posada, quien era subdirector de patrimonio cultural de Colcultura, expresó que: “[…] el Instituto [Colombiano de Cultura] ha sido acusado de tener mala voluntad para definir la realización del edificio y en este sentido se han recibido notas de la UNESCO (sic), pero estas apreciaciones o acusaciones se han hecho con un conocimiento real, puesto que se había propuesto una nueva estructura sin haber elaborado un estudio de suelos, lo que implicó un rediseño de las estructura, puesto que dio un terreno fangoso que no garantiza la estabilidad de la construcción con las nuevas cargas que le serán aplicadas. Además de que nunca se podría dar la solución arquitectónica funcional ideal, como si se podía dar en una nueva construcción”^[25].

Aunque los miembros del CMN estaban de acuerdo en que el proyecto propuesto por Colcultura no era viable, parece que no se tomó ninguna medida en los años siguientes, pues en 1985 fue presentada nuevamente la propuesta de restauración y rehabilitación de la antigua sede del DAS. La propuesta "nueva" consistía en "recuperar la edificación y habilitar los espacios existentes para nuevos usos, sin cambios significativos en la estructura original, revitalizando y poniendo en valor el edificio y, por lo tanto, el sector.”^[26] Continuar con esta iniciativa era recalcar la conciencia patrimonial que se tenía en ese momento, la cual estaba concentrada en la restauración de edificios ubicados en la zona histórica de Bogotá.

Aparte de lo anterior, se podría entender que, al ser una "fuente de la historia y la memoria del país", el proyecto del Archivo Nacional parecía lograr su objetivo al poder ubicar todos los documentos en una estructura que ya tenía su propia historia, lo que ayudaba a fortalecer los lazos patrimoniales entre los documentos portadores de valor de historia y la infraestructura, evidencia del paso del tiempo y del desarrollo histórico del sector en el que estaba emplazada. En un principio, esto se evidenció al ser aprobada la propuesta de intervención que indicaba que la construcción sería adecuada para los nuevos usos a los que sería destinada.

En este punto, es importante destacar que la aceptación en segunda instancia de la propuesta de intervención del edificio donde funcionó el DAS respondió, al menos en parte, a un enfoque puramente arquitectónico del uso del inmueble, condicionado por la urgencia de consolidar el proyecto. En páginas anteriores mencionamos que Colombia, a diferencia de otros países adscritos a la Unesco, no había implementado una política nacional de archivos, lo cual se convirtió en una necesidad para mediados de la década de los 80. El Archivo Nacional era el ente rector de esta política, por lo que no disponer de un espacio adecuado, así como de la tecnología y la fuerza humana necesaria para implementarla, era un desafío importante. Así, en representación de Colcultura, Juan Luis Mejía, nuevo Subdirector de Patrimonio de Colcultura, diría que: “[…] dado que el sistema nacional de Archivo propuesto inicialmente implica la creación de un Centro Coordinador con grandes requerimientos en infraestructura física y tecnológica, que COLCULTURA ni el país están en condiciones de implementar en la actualidad y dadas las precarias condiciones en que se encuentra funcionando el Archivo Histórico Nacional es absolutamente necesario el traslado para evitar que se siga afectando los documentos que allí reposan, condición ésta, que obliga al replanteamiento de la propuesta inicial”^[27].

Aunque se decidió continuar con los estudios de intervención en la antigua sede del DAS, para finales de los años 80 se consideraba la construcción de un inmueble nuevo. En 1988, el CMN debatió sobre el anteproyecto de construcción de un nuevo edificio, que había sido comisionado a los arquitectos Rogelio Salmona y Claudia Rodríguez. En aquel entonces, la arquitecta estaba a cargo de la Fundación para el Desarrollo y Financiación de la Cultura, la cual era responsable de distribuir los fondos para la elaboración de la obra.^[28]. En este caso la posición del Consejo frente al proyecto de Salmona y Rodríguez fue plenamente favorable, argumentando que la construcción del inmueble era un hecho de “vital importancia y prioritario dentro de las acciones nacionales de rescate y conservación del patrimonio documental del país”^[29].

Este nuevo proyecto avanzó más rápido que el anterior, tal vez, y debido a que, en 1986, el presidente Virgilio Barco expresó su interés en dotar al Archivo de una identidad institucional y nacional, que fuera más allá de crear un depósito para la custodia de los fondos documentales o de obtener un terreno adecuado para la implantación del Archivo.^[30]La importancia del proyecto radicaba en la creación de una imagen positiva de una institución estatal. El Archivo Nacional representaba la memoria de la Nación, su pasado y su desarrollo, más que simplemente un conjunto de documentos.

En este sentido, el presidente Virgilio Barco visionó al proyecto del Archivo como una combinación del cuerpo (infraestructura) y el alma (archivos documentales). La historia y la memoria de la Nación se encontraban en él, por lo que debía brindarle un "soplo de vida" a su esencia, que estaba en un alto riesgo de perderse.. Detrás de esta visión se encontraba la idea del Archivo como monumento, así como la contempló Krzystof Pomian en su disertación sobre los archivos para el proyecto de Los Lugares de Memoria dirigido por Pierre Nora^[31]. Pomian demuestra la conexión entre los archivos y la creación de una historia nacional, al equiparar a los documentos que lo conforman con los monumentos que sustentan la continuidad e identidad histórica del país. De esta manera, les otorga a los documentos una categoría de apoyo tanto para la memoria del Estado como para su historia.

En este sentido, el archivo cumple una doble función de relacionamiento con el pasado: es memoria y es historia. Esta última se presenta cuando los documentos sirven como instrumentos que establecen una continuidad histórica^[32]. No obstante, en ambos casos se destaca que la colección de documentos que sustenta el Archivo como institución, funge de evidencia completa de las acciones de los hombres a lo largo del tiempo y, por lo tanto, es también evidencia de su cultura.

Una idea similar parece argumentar Le Goff, para quien los documentos son monumentos en los que se inscribe la memoria colectiva de un grupo humano o comunidad, pero, al mismo tiempo son la evidencia de su transcurrir en el tiempo.^[33] En lugar de referirse al Archivo como un conjunto, como lo hace Pomian, enfatiza el valor de cada documento, ya sea individual o colectivo, en tanto fuente de conciencia histórica. El punto en común entre Le Goff y Pomian es que tanto el documento como el Archivo adquieren el valor y el criterio de un monumento: ambos son la prueba y los cimientos de las relaciones con el pasado nacional sobre las que se construye la identidad. En otras palabras, son la piedra angular de la continuidad histórica de una nación.

Esta idea se evidenció en el “proyecto nuevo” del Archivo Nacional. Sujeto a unas interpretaciones sobre el valor del pasado, el proyecto destacaba la importancia del patrimonio documental como soporte de la continuación de la historia del país. Se trataba de una idea de especial significación, porque la construcción y la dotación del inmueble se proyectaron también como estructura de una política en materia de archivos. Por lo tanto, una vez asegurada la construcción del edificio con la asesoría de Danièle Neirinck, quien se desempañaba como directora de los servicios técnicos de los Archivos de Francia^[34], se elaboró la Ley 80 del año 1989 que dio vida tanto al Archivo General de la Nación como al Sistema Nacional de Archivos.

De esta manera, hubo luz verde para la erección de una nueva edificación y para la consolidación de una política nacional de archivos. La construcción del edificio demoró seis años y en 1992 se abrió al público su ala norte que, en conjunto con el ala sur, sumó un área de 21.000 metros cuadrados. El bloque norte contiene el acceso principal al conjunto, la dirección administrativa, servicios técnicos y salas de investigadores, resueltos en dos pisos. El bloque sur alberga las dependencias para la conservación y depósito de los archivos documentales y áreas de servicios complementarios. La primera parte del proyecto se inauguró en el mes de noviembre de ese año^[35], mientras que la segunda fue puesta a consideración al CMN para su aprobación^[36].

En ese momento, el archivo contenía documentos cuya fecha más antigua era 1548 y la más reciente 1963, año en que los fondos documentales dejaron de ser alimentados.^[37] Las colecciones contenían producciones de gran valor histórico, como mapas y manuscritos. Además, se implementó una política de transferencia para recolectar los documentos creados desde la década de 1960.^[38]

El lugar en el que finalmente quedó ubicado el inmueble es uno de los epicentros del Centro Histórico de la ciudad de Bogotá, que está rodeado de una serie de edificaciones de valor patrimonial (por su pasado y presente institucional y religioso), tales como la iglesia del Carmen, la iglesia y el claustro de San Agustín, así como los edificios de los Ministerios y la Casa de Nariño (el palacio presidencial). Igualmente, el edificio no solo se relaciona con las construcciones adyacentes a él, entre ellas la inconclusa y polémica renovación urbana del conjunto residencial Nueva Santafé, promovido en la década de 1980 por el Banco Central Hipotecario (BCH); también se vincula de manera directa con el paisaje natural que lo rodea, en este caso, el cerro de Monserrate y el centro histórico de Bogotá. Esto nos habla de la sensibilidad del lugar que fue desarrollada por Salmona en sus proyectos, y que, en el caso del Archivo General de la Nación, adquiere su importancia en la relación que se establece con el contexto urbano inmediato del centro histórico.

El diseño final fue fiel al principio de evitar poner barreras y obstáculos al tránsito de los ciudadanos, y más tratándose de la “casa de la memoria de los colombianos”. La materialidad de la edificación, y la estructura misma que posee el complejo archivístico, son testimonios de dicha sensibilidad por el lugar, y dan cuenta de esa preocupación presente en el pensamiento del arquitecto Salmona. El ladrillo de arcilla, material escogido que recubre y envuelve prácticamente toda la estructura, constituyéndose como una unidad del complejo arquitectónico,^[39] remite a uno de los pasados de la nación, a la época colonial española, cuando el ladrillo era uno de los principales materiales de construcción, y que con su mensaje de solidez resaltaba la prestancia de quienes lo usaban. Hacia la calle, el edificio es más bien cerrado, con ventanas rehundidas para controlar la luz solar. Los calados en las fachadas, tradicionales de la arquitectura islámica, son los principales protagonistas del juego de luces y sombras y también fueron incorporados en los muros como una especie de zócalo decorativo; además, buscan garantizar la ventilación natural del complejo archivístico, especialmente en el bloque que almacena los documentos.

La espacialidad y los recorridos exteriores experimentados en el inmueble evocan a la arquitectura militar, cuidadosamente estudiada por Salmona para el desarrollo de dos proyectos precedentes: La Casa de Huéspedes Ilustres de Colombia en Cartagena y el Museo Quimbaya en Armenia, ambos galardonados con el Premio Nacional de Arquitectura. Al respecto, la centralidad del patio circular que sirve de vestíbulo al inmueble organiza muy bien el espacio del complejo, permitiendo disponer de un piso transitable ricamente decorado, sobre el cual los usuarios pueden deambular libremente mientras acceden al edificio o cuando salen de él, cumpliendo una función similar a la de los espacios abiertos en los complejos ceremoniales de las culturas indígenas mesoamericanas.^[40]

De esta manera, con los materiales y con la distribución espacial el arquitecto Salmona logró fusionar en la edificación pasados que no siempre dialogaban entre sí, justamente en el momento en el que sus herencias y legados estaban reconciliándose con el reconocimiento de la diversidad y pluralidad cultural del país.^[41] Esto sin dejar de lado la racionalidad que le ofrece las formas geométricas, intrínsecas a su formación como arquitecto,^[42] pues en el inmueble prevalecen el cuadrado y el círculo. Dos formas que organizan el espacio y la estructura (Figura No. 2).

Fig. 2. Archivo General de la Nación. Santa Fé de Bogotá. Proyecto: Rogelio Salmona. Revista Proa, No. 430 (julio – agosto 1996), p. 34. Biblioteca del Archivo General de la Nación.

Aparte de lo anterior, hay que anotar que para algunos estudiosos de la obra de Rogelio Salmona, las experiencias de vida que éste tuvo a lo largo de su formación como arquitecto, tuvieron un rol predominante en la proyección del inmueble del Archivo General de la Nación.^[43] De esta manera, los viajes de Salmona por África y Europa, y las observaciones de la arquitectura en estos dos continentes, aterrizan en la materialidad del edificio y se fusionan con ella, prestando especial atención, por ejemplo, a los elementos islámicos que se manifiestan en el mosaico que adorna un espacio circular abierto, cuya función es servir de tránsito y entrada al inmueble. Adicionalmente, entre los análisis que se han hecho al edificio, se argumenta que dicho espacio circular sobre una planta cuadrada responde al interés del arquitecto por el Palacio de Carlos V en la Alhambra, que se menciona como tema de inspiración del diseño para la sede del Archivo.^[44]

Así, variopinta parece ser la influencia de las herencias culturales sobre Salmona, y diversas las manifestaciones arquitectónicas y culturales que encontramos en el Archivo General de la Nación. Pero al mismo tiempo, variopinto es el entorno en el que se encuentra emplazada la edificación, constituido por múltiples estilos arquitectónicos que, como mencionamos más arriba, van desde lo colonial hasta lo contemporáneo. Y, sin embargo, en ese entorno variado el inmueble se mimetiza y se fusiona muy bien, consolidándose como una edificación que se conecta con el paisaje histórico, sin aparentar mucho esfuerzo en su articulación. Muy a pesar de encontrarse al lado del edificio para la extinta Secretaría Nacional de Asistencia Social (SENDAS), una modesta edificación sin mayores pretensiones arquitectónicas que, según algunos críticos, impide una fusión natural del edificio del Archivo General de la Nación con la iglesia y el claustro de San Agustín, una de las construcciones más antiguas y emblemáticas del Sector.^[45]

Es así como en el inmueble del Archivo General de la Nación hay una relación entre lo nuevo y lo viejo (el entorno urbano), lo contemporáneo, lo moderno y lo antiguo, sin que ninguno supere al otro: por el contrario, se establece un respeto y un diálogo afable. Hay en el sector un cúmulo de estratos del tiempo^[46] que logran integrarse muy bien, a pesar de ser históricamente distantes, y entre los cuales se genera una sensación de continuidad histórica, de cohesión del contexto urbano. Es decir, en esa fusión natural del inmueble del Archivo con su entorno inmediato se mantiene el relato de la historia y, adicionalmente, se refuerza la percepción del tiempo histórico que, aunque no es puro^[47], apela a la sensibilidad del observador quien alcanza a envolverse en el pasado de un lugar que es histórico, simbólico y relacional.^[48]

Conclusiones

La constitución del Archivo General de la Nación en tanto institución que resguarda el patrimonio documental de Colombia pasó, como hemos visto en este texto, por una serie de etapas y procesos que estuvieron enmarcados en la política cultural estructurada durante los años setenta y consolidada a mediados de los noventa del siglo pasado. Parte de esa política se sostuvo en los planteamientos esgrimidos por la Unesco, organismo que ejerció gran influencia en el país en materia cultural, pues los planteamientos y postulados sobre la importancia del patrimonio cultural calaron con bastante fuerza y fueron tomados como brújula que guio a Colcultura y al CMN en el diseño e implementación de las directrices y estrategias para la protección de los bienes patrimoniales.

De dichos bienes patrimoniales, aquellos que poseían una materialidad, ocuparon un lugar principal en la política de protección del patrimonio cultural, y los bienes muebles, en este caso los documentos que conformaron al Archivo fueron objeto de una protección especial que, en algunos casos, ha pasado desapercibida. Especialmente porque los trabajos e investigaciones sobre el patrimonio documental de Colombia se han concentrado principalmente en el análisis del inmueble de autoría del arquitecto Rogelio Salmona y, además, poco ha sido abordado el tema (el patrimonio cultural en general) desde la historiografía; es decir, como un fenómeno histórico que posee una historicidad propia.

En este sentido, el artículo ha demostrado que la política en materia de archivos en Colombia, y con esta la organización y protección del patrimonio documental, fue el resultado de una serie de estrategias, consensos y visiones sobre los bienes materiales heredados del pasado y conjugados como portadores de identidad en el presente, que fueron agenciadas por organismos nacionales en el marco de unos discursos y disposiciones internacionales. A su vez, han podido evidenciarse las formas de evocación y percepción del pasado nacional a partir de los bienes muebles documentales, y la manera en que éstos configuraron unas narrativas que no solo llenaron de sentido a la política que estaba constituyéndose, también contribuyeron a la transformación de parte del paisaje urbano del centro histórico de Bogotá.

De esta manera, en el artículo también hemos podido entender cómo la búsqueda de un inmueble para el archivo, en tanto “cuerpo físico”, ocupó un lugar esencial en el desarrollo la política de protección del patrimonio documental, permitiéndonos integrar las discusiones arquitectónicas de los dos inmuebles en los que se proyectó ubicar al Archivo al análisis histórico. Así, “alma” y “cuerpo” del Archivo General de la Nación se configuran y se comprenden como el resultado natural de una política cultural iniciada en un contexto internacional de apertura cultural y concluido en un contexto nacional de apertura democrática. Dos contextos que, en vez de estudiarse independientemente, deben ser vistos como parte de una continuidad histórica en la que tomó fuerza la política cultural y la protección del patrimonio colombiano.

En consecuencia, y a modo de cierre, se puede afirmar que el inmueble del Archivo General de la Nación, con su preocupación y respeto por el lugar, vino a constituirse como la última etapa de una política de protección del patrimonio documental que inició el Estado colombiano a mediados de los años setenta del siglo XX. Con su forma y materialidad logró constituirse como el “templo” receptor y cuidador de la memoria histórica del país, abriendo el camino para que desde las regiones se iniciara un proceso similar de rescate y conservación del patrimonio documental regional, tan importante en un país como Colombia, un país de regiones.

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[1] En este artículo entendemos al Archivo como una institución que resguardaba la memoria y la historia documental del país, en la que se inscribieron discursos y visiones sobre el pasado nacional. En este sentido, el Archivo no es cúmulo de documentos o un inmueble que los resguarde, es un organismo portador de valor de pasado, de historia y de memoria. Los adjetivos que con el tiempo lo han acompañado, responden a los mismos discursos y visiones que son producidos en el contexto de su historicidad.

[2] Consideramos importante resaltar que la mayoría de los estudios que hay sobre el Archivo General de la Nación se concentran en el análisis arquitectónico del inmueble, por ser obra de uno de los arquitectos más prolíficos e importantes que ha tenido Colombia. En este sentido, los abordajes realizados han sido hechos desde la arquitectura, prestando atención a los elementos arquitectónicos del edificio, y poco ha sido abordado al archivo como proyecto político cultural que posee una historicidad.

[3] Sandra Patricia Rodríguez Ávila, , Memoria y olvido: usos públicos del pasado en Colombia, 1930- 1960, (Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2017) 1-522.

[4] Néstor García Cancliní, , Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, (México D.F., Editorial Grijalbo, S.A., 1990), 1-363.

[5] Entre 1881 y 1983 el Estado colombiano promulgó una serie de leyes centradas en la conformación de comisiones para la recopilación y estudio de objetos de valor histórico, la protección puntual de algunos monumentos asociados al pasado colonial y la inscripción del país a algunos tratados o pactos internacionales en defensa del patrimonio histórico. Para profundizar al respecto, se remite a Manuel Serge Ferro, El principio arcóntico del patrimonio. Origen, transformaciones y desafíos de los procesos de patrimonialización en Colombia, (Bogotá, Ediciones Uniandes, 2018), 1-209.

[6] Este tema ha sido abordado a detalle en otra publicación a la que remitimos. Christian Javier Maldonado Badrán, “No todo pasado puede protegerse: la diferenciación del patrimonio cultural colombiano entre los años setenta y noventa del siglo XX”, Anuario de historia regional y de las fronteras, 28.1 (diciembre 2022):175-206.

[7] Archivo Del Ministerio de Cultura, (Colombia: anexo en Consejo de Monumentos Nacionales,1979), Acta No. 03 del 15 de febrero, Proyecto de reforma a la ley 163 de 1959, por la cual se dictan medidas sobre el Patrimonio Cultural Nacional, (Colombia: Archivo Ministerio de Cultura, 1979), Acta N°. 03.

[8] Esta revista se encuentra en la Biblioteca del Archivo General de la Nación “Salvemos nuestro patrimonio, No haga polvo nuestra historia”, Hagamos Cultura 2.1, (enero 1981), 13-15.

[9]BENEDICT ANDERSON, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo (México, Fondo de Cultura Económica, 1993), 1-314.

[10] Es importante anotar que, desde su constitución, la Unesco promovió el entendimiento global como paso y objetivo obligado a la conformación de una sociedad universal en donde todos los países se comprendieran y cooperan conjuntamente, para evitar un nuevo estallido bélico. Desde distintas estrategias educativas, culturales y sociales, se instó a todos los países miembros a entenderse y a coordinar labores de cooperación. Se remite a las publicaciones oficiales de Unesco. Léopold Sédar Senghor, “La memoria del hombre” El Correo de la UNESCO 5, (mayo 1989): 4.

[11]Esta revista puede consultarse en el Archivo General de la Nación: Instituto Colombiano de Antropología, "Subdirección de patrimonio cultural”, Gaceta Colcultura, mayo 1977, 1, 10.

[12] AMC, (Colombia: Instituto Colombiano de Cultura, 1974,) Resolución No. 0003, del 21 de Mayo, por la cual se propone al Gobierno Nacional la declaratoria de monumento nacional del Archivo Nacional, (Colombia: AMC, 1974).

[13] En el contexto de impulsar la identidad cultural en los países descolonizados, la Unesco llevó a cabo diversas convenciones entre sus países miembros para incentivar la transferencia de archivos, al considerar que éstos eran importantes para la historia de cada uno de ellos, en especial de los que habían estado en situación dominación. De esta forma, los países colonizadores se verían en la obligación de transferir a las naciones que habían colonizado documentos que contuvieran información sobre su pasado y su historia, lo que ayudaría a la reconstrucción de su identidad cultural. Se remite a Réunion consultative pour la préparation du rapport sur le poassibilité de transférer les documents provenant d’archives constituées sur le territoire d’autres pays, AGN, Ministerio de cultura, Ff 4.

[15] UNESCO “Communiqué de l’Unesco”, La Gazette des archives, 89, (septiembre 1975): 142 – 143.

[16] Unesco: París, Programa general de información y Uniset, Legislación y reglamentos en materia de archivos y gestión de documentos: estudio RAMP con principios rectores 1985, (Francia: Programa general de información y Uniset, Legislación y reglamentos en materia de archivos y gestión de documentos: estudio RAMP con principios rectores, 1985), 18.

[18] “Telegrama enviado por la Unesco a Alberto Lee López, jefe de la División de Archivos Nacionales, invitándolo a participar en calidad de consultor a la reunión celebrada en parís entre el 16 y 18 de marzo de 1976 para la elaboración de un reporte sobre la posibilidad de transferir documentos provenientes de archivos constituidos en territorios de otros países”, Telegrama de respuesta a Madame Zahar por parte de Alberto Lee López, agradeciendo y aceptando invitación, febrero 10 de 1976, AGN, Ministerio de Cultura.

[19] UNESCO, Rapport du directeur géneral sur l’étude des problèmes relatifs aux transferts vers les pays d’origine des documents provenant d’archives constituées sur le territoire d’autres pays, (Conférence générale de l’Unesco en sa vingtième sesión, París, 27 de noviembre de 1978).

[23] Para un acercamiento a la noción de valoración patrimonial y del valor de antigüedad de los bienes patrimoniales, se remite a Ignacio González -Varas, Patrimonio cultural. Conceptos, debates y problemas, (Madrid, Ediciones Cátedra, 2015), 1-246. Igualmente, si se quiere profundizar en la idea de temporalidad que subyace en los objetos, se recomienda ver a Jean Baudrillard, El sistema de Objetos, (México, Siglo XXI, 1969), 1-225.

[28] Emilio Sanmiguel, “Casa para la memoria”, El Tiempo, 10 de enero de 1993.Igualmente se direcciona al Ley 80 del 22 de diciembre de 1989, (Colombia: Congreso de la República, 1989), artículo 10.

[31] Se recomienda ver Dominique Pety, “La fabrication des archives. Le rôle des collectionneurs au XXe siècle” en Nouveaux partages, nouveaux usages, (Paris: Centre Jacques-Seebacher, 2017): 1 - 12.

[32] Para profundizar en este tema se recomienda ver dos artículos de la historiografía francesa sobre el patrimonio, ambos con análisis que giran en torno a las disertaciones de Odile Pomian Krakovitch, “Les archives d’après les Lieux de mémoire: passage obligé de l’Histoire à la mémoire”, La Gazzete des archives 164 (marzo 1994): 5-23; y el texto antes citado de Pety, Dominique, “La fabrication des archives. Le rôle des collectionneurs au XXe siècle”

[34] Carol Couture y Louise Gagnon-Arguin, “Direction des Archives de France, la pratique archivistique francaise, sous la direction de Jean Favier, assisté de Danièle Neirinck, 1993”, La Gazette des archives, 172 (enero 1996): 137- 141.

[39] Josep M Adell,“Rogelio Salmona y la arquitectura con ladrillo en Colombia”, Informes de la construcción, 56. 495 (enero – febrero de 2005): 73 – 80.

[41] Para el momento de la proyección y construcción del inmueble, Colombia estaba atravesando por una serie de cambios políticos y sociales que desencadenaron en el reconocimiento de la diversidad y pluralidad del país, y que fueron materializados en la Constitución Política de 1991, durante el gobierno del expresidente Cesar Gaviria. En dicha Constitución, por primera vez se les reconocieron derechos culturales y territoriales a los pueblos indígenas.

[42] Hay que anotar que Rogelio Salmona hizo parte de su formación en el taller de Le Corbusier en París, de quien aprendió los elementos de la racionalidad en la arquitectura. Si bien en su momento llegó a tener una mirada crítica frente a esos planteamientos, estos lo acompañaron durante su práctica profesional. Para una mirada más profunda a este tema, se remite a Silvia Arango, “Rogelio Salmona en su contexto”, Nómadas, 9 (septiembre de 1998):153 – 163.

[43] En diversos abordajes a la obra de Rogeliio Salmona se hace referencia a la influencia que ejerció en él el conocimiento de otras realidades y culturales. Ver a Silvia Arango, “Rogelio Salmona en su contexto”; Cristancho Gómez, Claudia Patricia, Travesía por el viaje como determinante en la obra de Rogelio Salmona (Tesis de maestría Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2016), 1-88.

[47] Para Marc Augé, el paisaje urbano, con este los inmuebles y todos los elementos que lo acompañan, son capaces de evocar y activar la percepción del tiempo. Este tiempo se manifiesta de dos formas: un tiempo puro y un tiempo histórico. El primero se percibe en la ruina, en aquel inmueble o vestigio material sobre el territorio que no ha sido intervenido por la mano del hombre (ya sea que se restaure o se conserve), mientras que el segundo es latente en los edificios y bienes materiales que han sido objeto de intervenciones, especialmente de la restauración. En este sentido, todo edificio patrimonial o todo centro histórico sobre el que se han realizado intervenciones (como es el caso del centro histórico de Bogotá) evoca un tiempo no puro, del paso natural del tiempo, de un tiempo de la historia. Para profundizar en estos argumentos se remite a Marc Augé, El tiempo en ruinas, (Barcelona: Editorial Gedisa, S.A. 2003) 1-78.

[48] Contrario al no lugar en el que no se establecen relaciones de ningún tipo, Marc Augé reconoce en el lugar antropológico tres dimensiones sobre las que se funda el sentimiento de pertenencia de las personas y de los colectivos sociales: las relaciones que se construyen, el reconocimiento simbólico (y las representaciones que se generan), y la carga histórica que posee dicho lugar. A partir del planteamiento de Augé, argumentamos que todo entorno o paisaje patrimonial debe cumplir las características de un lugar antropológico. Ver, Marc Augé, Los no lugares espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, (Barcelona, Editorial Gedisa S.A., 2000) 1-123.

Christian Maldonado Badrán

Mirada a una cultura patrimonial tangible

El Archivo Nacional, historia y patrimonio del Estado

Dotar al Archivo Nacional de una nueva infraestructura

Un inmueble contemporáneo integrado a un centro histórico

Conclusiones

Bibliografía.