Los desastres y el problema habitacional en Concepción metropolitano 1950-1989.

Disasters and the housing problem in metropolitan Concepción 1950-1992.

Financiamiento: La investigación fue autofinanciada por los autores.

Conflictos de interés: Los autores declaran no presentar conflicto de interés.

Madeleine Ramírez Belmar. Tesis para optar al grado académico de Licenciada en Historia. Facultad de comunicación, historia y ciencias sociales. Licenciatura en historia. Universidad Católica de la Santísima Concepción. Desde los Asentamientos Precarios a la Propiedad de la Vivienda Social Urbana. El problema Habitacional de los sin Casa en el Concepción Metropolitano: 1950-1989.

Este artículo examina la intersección entre la política habitacional, los desastres naturales y la evolución urbana en Chile, destacando la falta de decisiones estatales eficaces ante eventos geotectónicos recurrentes. A pesar del éxito cuantitativo en la producción de viviendas económicas, persisten críticas por la escasa superficie y calidad, así como la construcción en zonas de riesgo que genera segregación y marginalización. Aunque numerosos proyectos habitacionales han reducido el déficit de viviendas, la disconformidad persiste en aspectos cualitativos y en la sectorización de la pobreza. Las tomas de terreno actuales en sectores periféricos contrastan con las décadas anteriores, reflejando cambios en motivaciones y enfoques comunitarios. La participación popular ha disminuido debido a políticas de subsidio, relegando a la población a un rol pasivo. A pesar de avances cuantitativos, Chile enfrenta desafíos persistentes en gestión post desastre, calidad de vivienda, segregación y participación comunitaria. La falta de políticas públicas sólidas y atención insuficiente al riesgo de desastre destaca la necesidad de repensar y priorizar aspectos clave en la planificación y desarrollo del país.

This article examines the intricate intersection of housing policy, natural disasters, and urban evolution in Chile, highlighting the lack of effective state decisions in the face of recurrent geotectonic events. Despite quantitative success in producing affordable housing, criticisms persist regarding limited size and quality, as well as construction in high-risk areas leading to segregation and social marginalization. While numerous housing projects have reduced the housing deficit, dissatisfaction endures regarding qualitative aspects and the sectorization of poverty.

Current land takeovers in peripheral areas contrast with past decades, reflecting changes in community motivations and approaches. Popular participation has waned due to subsidy policies, relegating the population to a passive role. Despite quantitative advancements, Chile faces persistent challenges in post-disaster management, housing quality, segregation, and community involvement. The lack of robust public policies and insufficient attention to disaster risk underscore the need to reconsider and prioritize key aspects in the country's planning and development.

En la década de 1940, la administración de la Caja de la Habitación Popular impulsó la construcción de proyectos a gran escala en ciudades clave del país, un ejemplo de esto fue la creación de la Población Juan Antonio Ríos en Santiago, la cual no logró frenar la generación de campamentos y tomas de terreno en las zonas periféricas de la metrópoli en expansión^[1].

Con el propósito de mejorar estas condiciones, surgieron corporaciones que asumieron el papel de la Caja de la Habitación Popular a partir de 1952, principalmente la Corporación de la Vivienda (CORVI) y la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU)^[2]. Bajo este nuevo enfoque, se impulsó el Plan Habitacional de 1959, reinstaurando la política de la Casa Propia basada en el ahorro individual y el aporte fiscal. Además, se facilitaron hipotecas a través de fondos provenientes de cajas de ahorro profesionales, empleados particulares y públicos.

Estas medidas contribuyeron a establecer un perfil urbano de vivienda dirigido a las clases obreras y trabajadoras; sin embargo, no lograron abordar completamente las necesidades de las clases sociales marginadas en las ciudades chilenas. Las tomas de terreno facilitaron el acceso a la ciudad y sus servicios, convirtiéndose en propiedades consolidadas por sus habitantes e integradas en los sistemas barriales de cada municipio. Un ejemplo de este fenómeno ocurrió en Valdivia durante la década de 1960, donde la ciudad recibió aportes de CORVI destinados a la compra de materiales de construcción, saneamiento de títulos y pago de alquileres en sectores barriales como Teniente Merino, Gil de Castro y Regional.

De manera similar al caso mencionado, el Gran Concepción refleja los efectos de esta gestión insuficiente. Agravada por las consecuencias del terremoto de 1939^[3], la falta de cobertura más amplia para una política de vivienda adaptada al contexto territorial, y situada fuera de la hegemonía de Santiago, condujo al surgimiento de diversas formas de acceso a la vivienda por parte de los sectores sociales urbanos vulnerables.

El evento sísmico provocó la destrucción de viviendas precarias en las cercanías de ambas ciudades, desencadenando una migración rural-urbana que ocupó barrios de Concepción, en particular Cerro La Pólvora, Costanera del Biobío, Agüita de la Perdiz, Cerro Chepe y Laguna Redonda, entre otros^[4]. La sociedad penquista, que al principio de la década de 1950 se perfilaba mayoritariamente como urbana y proletaria, se fusionó con la población migrante rural ya establecida en la urbe, reflejándose en el aumento de la población de 85,873 a 282,189 habitantes entre 1940 y 1960^[5]. Estas acciones directas dieron origen a barrios centrales y periféricos, configurando la conurbación Concepción-Talcahuano.

La presión demográfica se manifestó de manera exponencial en las décadas siguientes. Durante la década de 1950, el impulso industrial dado por los complejos siderúrgicos de Talcahuano pertenecientes a la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), la Metalúrgica de Huachipato en el puerto de San Vicente y la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), llevó a cientos de familias a establecerse en habitaciones precarias cercanas a estas empresas^[6]. Sectores como cerros y lagunas adyacentes fueron ocupados, fomentando la construcción de complejos habitacionales para los trabajadores del parque industrial con la participación de aportes estatales. En consecuencia, las ciudades de Concepción, Coronel y Lota experimentaron un aumento significativo en su población en función del desarrollo de estructuras industriales. Sin embargo, la exposición y vulnerabilidad a eventos sísmicos persistieron.

El Gran Concepción experimentó procesos de reconstrucción tras los eventos sísmicos de 1939, 1960^[7] y 2010, cuyas hojas de ruta no siempre culminaron en los resultados esperados. Los dos primeros eventos son fundamentales en el análisis geo histórico propuesto en este manuscrito, ya que su proximidad temporal permite examinar los cambios en la forma urbana y los impactos en el problema central abordado: el acceso a la vivienda en contextos de riesgo por exposición a terremotos, incendios forestales o tsunamis, que, en el caso chileno y especialmente para el Gran Concepción, constituyen una preocupación constante.

Este trabajo se basa en un análisis de contenido de fuentes documentales y una revisión exhaustiva de la literatura relacionada con los procesos de reconstrucción en la zona de estudio, especialmente en respuesta a la creciente demanda de viviendas en un contexto complejo. Para lograr estos objetivos, se llevó a cabo la recuperación de relatos de individuos que sobrevivieron a la época bajo estudio, involucrando a líderes vecinales y miembros de organizaciones reivindicativas enfocadas en la lucha por la vivienda.

Este enfoque metodológico requirió la revisión y digitalización de mapas y planos reguladores comunales del Gran Concepción que estuvieran en vigencia durante la década de 1960.

El análisis documental fue complementado con trabajos de campo para localizar viviendas que aún existen como resultado de los procesos de reconstrucción. Este proceso se apoyó en fuentes orales y archivos personales proporcionados por residentes de las áreas de interés. Además, se exploraron poblaciones y antiguos barrios en el Gran Concepción los que se ilustran en el mapa (Figura 1). La revisión de fuentes incorporó material gráfico y periodístico disponible en la Biblioteca Municipal de Concepción, la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción, así como pequeñas bibliotecas comunitarias en Boca Sur, San Pedro de la Paz; y Barrio Norte en Concepción.

La organización y procesamiento de la información espacial siguieron un orden específico. En primer lugar, se jerarquizaron las normativas habitacionales vigentes durante el período de análisis (1950-1989), incluyendo leyes y decretos destinados a regularizar la vivienda obrera y establecer tipificaciones para su construcción, así como requisitos sanitarios básicos para considerarlas habitables.

En segundo lugar, se organizó la información sobre los planes de acción estatales orientados a promover la construcción de viviendas definitivas por parte de empresas privadas. En un tercer conjunto de datos, se procesaron los Censos de Población y Vivienda correspondientes a los ejercicios 1952, 1960, 1970, 1982 y 1992 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)^[8]. Finalmente, los resultados generales obtenidos en este componente se complementaron con entrevistas semi-estructuradas a pobladores directamente involucrados en los procesos analizados.

Durante la década de 1930, el notable aumento de la población en las áreas centrales de Concepción y Talcahuano llevó a condiciones de hacinamiento, promiscuidad y enfermedades relacionadas con la limitada accesibilidad a servicios urbanos básicos^[9], como agua potable, entre otros. La situación se vio agravada por el terremoto de 1939, que destruyó muchos de estos asentamientos.

Ante esta crisis, la Gobernación Provincial gestionó la reubicación de las poblaciones damnificadas hacia sectores periféricos de la época, como Laguna Tres Pascualas y Manuel Rodríguez. Se establecieron campamentos provisionales sin servicios urbanos, excepto el suministro de agua potable desde un pilón comunitario, en concordancia con el Plan para la Reconstrucción del Ministerio de Fomento. Este plan se focalizó en tres etapas: construcción de barracas para albergar a las familias damnificadas, creación de poblaciones de emergencia y edificación de casas en serie y edificios para servicios públicos, y finalmente, la construcción de ciudades definitivas con viviendas antisísmicas^[10].

Las construcciones de emergencia persistieron en estos sectores sin respuesta de la autoridad. Los esfuerzos del gobierno local se concentraron en la reconstrucción del patrimonio urbano e histórico de la ciudad, lo que propició el aumento de cités y conventillos en un mercado de arrendamiento que incluyó la renta de habitaciones individuales. Entre la década de 1950 y finales de los 1960, esta dinámica de ocupación dejó a un lado el interés político residencial, centrando el desarrollo en el impulso industrial acerero y textil, entre otras actividades económicas.

Las imágenes agrupadas en la Figura N°2 documentan los pabellones en la actualidad de la ciudad de Concepción, destinados ahora a vivienda.

Figura N°2. Pabellones de emergencia post-terremoto en Concepción: a) Pabellón de Orompello entre Ejército y Juan de Dios Ribera; b) Pabellón de Juan de Dios Ribera y Orompello; c) Fachada norte del pabellón de emergencia 1939.

No existen registros oficiales sobre el número de viviendas de emergencia construidas, su superficie ni la cantidad de familias que las habitaron. Los testimonios de los propietarios de estos conjuntos se convierten en información crucial para comprender las grietas del tiempo. Gutenberg Grandón Castillo relata cómo llegó a habitar uno de los pabellones ubicados en la calle Aníbal Pinto.

“Llegué aquí en abril del año 40, esto se entregó después del terremoto del año 60. Mucho más rápido que en este último terremoto (2010). Todo esto de aquí era antes una laguna, la Laguna Los Negros, y todos los escombros que quedaron del centro, los edificios que se cayeron y las casas, todas las piedras y escombros los vinieron a tirar acá para rellenar, y encima construyeron estas casas […]”

“Se pagaba un dividendo de 125 pesos, después del año 50 se estancaron los pagos de las casas, y fue el presidente Allende que nos traspasó a los propietarios, pagando un mínimo para acceder al derecho”.

“Estas casas [pabellones] no son como las de ahora, tienen cuatro habitaciones de 4x4 mts², más la galería afuera y la galería dentro, de madera buena, de pellín de coihue, tienen buena base, son otra cosa” (Gutenberg Grandón, 84 años).

Estas instalaciones se ubicaron en las proximidades de las industrias o en cualquier sector urbano periférico que permitiera el establecimiento de las numerosas familias que llegaban a Concepción desde sectores rurales o, mayoritariamente, desde otras comunas^[11]. Sin embargo, esta forma de ocupación no era la única disponible para estos pobladores; también tenían acceso a distintas formas de encontrar un lugar en la ciudad. Entre ellas se encuentran los conventillos y cités, relegando a un segundo plano las soluciones habitacionales estatales que, durante la década de 1950 a 1960, se enfocaron en la clase trabajadora en lugar de los grupos sociales más empobrecidos^[12]. Las viviendas en pabellón sostuvieron una parte de esta demanda insatisfecha y se han convertido en actuales zonas de valor histórico (Figura N°3).

Figura N°3. a) Última vivienda correspondiente al conjunto de pabellones de emergencia, calle Caupolicán con Manuel Rodríguez, que aún conserva intacta su fachada; b) Vista lateral de un pabellón instalado en 1940 a raíz del terremoto de 1939, ubicado en calle Aníbal Pinto, entre Bandera y Manuel Rodríguez. Aunque el resto de su estructura fue modificado tras un incendio provocado por el terremoto de 2010, actualmente funciona como restaurante.

El gran terremoto del 21 y 22 de mayo de 1960, que afectó a Concepción y otras ciudades del centro sur de Chile, exacerbó el déficit de vivienda en la ciudad^[13]. Numerosos conventillos y ranchas, construidos con materiales precarios, resultaron devastados, intensificando así la demanda de alojamientos para los trabajadores urbanos. Ante este escenario, surgió otro tipo de ocupación urbana en la periferia de las ciudades: los asentamientos espontáneos. Estos consistían en la ocupación de grupos de pobladores residentes o migrantes que, incapaces de pagar un alquiler, adquirir un terreno o acceder a una vivienda en la urbe, optaban por establecerse en sectores periféricos sin dueño conocido, o en áreas como carreteras, cerros, lagunas o vías férreas. Cientos de familias se asentaron en estos lugares, dando origen a poblaciones emblemáticas que se convirtieron en puntos críticos para la planificación urbana de Concepción después del terremoto.

Los conventillos, junto a los cuartos redondos, encarnan el surgimiento de la marginalidad urbana en los albores del siglo XX en Chile, su supervivencia atada a las coberturas ofrecidas por las políticas habitacionales en diversas ciudades del país.

La morfología característica de los conventillos revela estrechos pasillos o callejones donde se disponen habitaciones individuales o ranchas, cada una albergando la vida de una o más familias. Estas condiciones, bajo estándares higiénicos y de salubridad extremadamente precarios, generaron hacinamiento y dificultades laborales durante un tiempo en que aún no existía el primer código del trabajo en Chile^[14]. Documentos de la época señalan que estas condiciones fomentaban problemáticas contrarias a la moral modernizante, como el alcoholismo, desnutrición, prostitución, delincuencia y diversas enfermedades relacionadas con la falta de higiene (Revista de la habitación). Hacia 1930, aproximadamente el 30% de la población de Concepción residía en conventillos, abarcando prácticamente todas las manzanas y calles de la ciudad^[15]. Esta forma de ocupación alcanzó su punto máximo durante las décadas de 1930 y 1940, épocas en las que los grandes proyectos habitacionales, como la Población Juan Antonio Ríos, estaban dirigidos y financiados por la Caja de la Habitación Popular, nuevamente enfocada en las clases obrera y trabajadora^[16]. Esta dinámica representaba un nivel inverso de exclusión residencial, operando especialmente hacia los sectores socioeconómicamente más desfavorecidos.

Los conventillos ofrecían una imagen engañosa de la ciudad, ya que, a primera vista, parecían viviendas típicas de áreas centrales o barrios residenciales^[17]. Sin embargo, detrás de la fachada de casas unifamiliares se escondían docenas de familias sumidas en la pobreza. Según el censo de 1952, 20,597 personas habitaban en piezas de conventillo solo en Concepción, mientras que 27,959 lo hacían en ranchas, chozas o viviendas provisionales (Figura N°3). A estas cifras se sumaban los asentamientos establecidos por orden de las autoridades locales, como los pabellones de Manuel Rodríguez, Cruz, Mackenna y a los pies del Cerro Caracol, concebidos como medidas de emergencia a corto plazo. Con el tiempo, más pobladores y sus redes familiares sin techo se unieron a estos lugares, dando origen a nuevos campamentos marginales y ampliando los cordones de pobreza urbanos.

En la calle Cruz, se encuentra uno de los conglomerados periféricos más recordados del centro penquista: la población Colo Colo o Libertad. Su ubicación original abarcaba las calles Aníbal Pinto, Colo-Colo, Manuel Rodríguez y Cruz, extendiéndose hasta Rengo, Tucapel y Bulnes. Los habitantes ocuparon deterioradas viviendas y construyeron habitaciones precarias con materiales reciclados. Aunque las primeras familias se instalaron en la década de 1930, fue en los años 1940 cuando la población se consolidó y organizó en comités para obtener suministros básicos en sus hogares^[18]. Este terreno urbano privilegiado impidió los intentos repetidos de erradicación por parte de las autoridades, ya que las viviendas eran ocupadas una y otra vez por nuevas oleadas de pobladores. La población Libertad ganó notoriedad por su reputación de violencia constante, generando una mala reputación entre los vecindarios circundantes.

“Uno no podía ni acercarse a ese lado, porque era seguro que alguna cosa te iba a pasar. A la gente le daba miedo tener que pasar por ahí. Se veía de todo, siempre se sabía de algún conocido de alguien que aparecía muerto por alguna pelea o por cualquier cosa”. (Marcos Sepúlveda, 73 años)

A pesar de que los habitantes de la población Colo-Colo o Libertad tuvieron la oportunidad de acceder a conjuntos habitacionales proporcionados por el SERVIU en otros sectores, como Hualpencillo o Lorenzo Arenas, la población persistió en su lugar de origen. La llegada constante de nuevos pobladores solo se detuvo con la implementación de la política de erradicaciones de tomas y campamentos por parte de la dictadura militar en los años 1980.

Durante este periodo, la dictadura militar llevó a cabo la reubicación forzada de los habitantes de Libertad a nuevas poblaciones como Candelaria o Boca Sur. Esta medida, parte de la política de erradicaciones, buscaba reorganizar la distribución de la población y transformar la estructura urbana de Concepción. Aunque estas acciones generaron un cambio significativo en el paisaje urbano, la población Libertad dejó una marca indeleble en la historia de la ciudad, destacando la resistencia de sus habitantes frente a las políticas de reubicación.

El proceso de erradicación, si bien alteró la composición demográfica y la configuración espacial de la población, no pudo borrar por completo su legado. La población Libertad se convirtió en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda y la resistencia comunitaria en tiempos de cambios políticos y sociales drásticos. Aunque los habitantes fueron trasladados a nuevos lugares, el espíritu y la memoria de Libertad perduran, recordándonos la complejidad y las consecuencias de las intervenciones gubernamentales en la planificación urbana.

La población se mantuvo, a pesar de que sus habitantes lograron optar a conjuntos habitacionales entregados por el SERVIU en otros sectores como Hualpencillo o Lorenzo Arenas. La llegada constante de nuevos pobladores se detuvo solo con la implementación de la política de erradicaciones de tomas y campamentos por la dictadura militar en los años 1980, que trasladó a los vecinos de Libertad a nuevas poblaciones como Candelaria o Boca Sur.

Simultáneamente, la autoconstrucción se desarrolló como una iniciativa impulsada desde el Estado central y los gobiernos locales. El concepto de "Vivienda Autoconstruida" tuvo sus inicios en la política de Autoconstrucción y Ayuda Mutua implementada durante el mandato de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958). Esta estrategia consistía en la entrega de materiales y suministros por parte de la Corporación de Servicios Habitacionales, con el objetivo de frenar el déficit habitacional. Los beneficiarios, a su vez, asumían la responsabilidad de la mano de obra y producción, reduciendo así los costos totales^[19]. La Vivienda Autoconstruida se presentaba como una alternativa de corto y mediano plazo para abordar la creciente demanda de viviendas de los sectores más necesitados del país. Entre sus ventajas se destaca la capacidad de responder de manera positiva a las necesidades específicas de espacio de las familias en un periodo relativamente breve.

La autoconstrucción se define como la edificación, parcial o total, de una vivienda realizada por sus futuros habitantes, ya sea utilizando recursos propios o financiados por el Estado u otras organizaciones. Este enfoque busca ofrecer una solución inmediata a la carencia habitacional, permitiendo que los beneficiarios satisfagan los requerimientos específicos de sus grupos familiares. Este proceso se divide en hasta tres etapas: formativa, de expansión y densificación^[20]. La autoconstrucción no solo abordó las necesidades de vivienda, sino que también participó activamente en los procesos de reconstrucción, como ejemplifican los casos presentados en la Figura N°4.

Figura N°4. Viviendas autoconstruidas en madera: a) Calle Juan de Dios Ribera, Concepción; b) Vivienda autoconstruida en madera en calle Tucapel, Concepción; c) Vivienda autoconstruida en madera en calle Argentina, Concepción; d) Vivienda autoconstruida durante los años 1961-62 entre las calles Brasil y Fresia.

La práctica de autoconstrucción evolucionó hacia la consolidación de núcleos urbanos, integrándose con otras formas de ocupación, entre ellas los campamentos, definidos como áreas precarias de asentamiento en sectores colindantes a la ciudad o en su periferia^[21]. En Concepción, estos campamentos se concentraron en las riberas de los ríos Andalién y Biobío, las lagunas Redonda y Tres Pascualas, y las laderas de los cerros Chacabuco, la Pólvora y Caracol. Durante las décadas de 1960 y 1970, algunos campamentos emblemáticos fueron Campamento Lenin en la comuna de Hualpén, Teniente Merino, Agüita la Perdiz y "Lo Pequén" en Concepción. En sus primeros años, estos asentamientos carecían de servicios básicos^[22].

El apoyo mutuo y la cooperación de clase en el ámbito de la vivienda no eran novedosos en la primera mitad del siglo XX. Como se observa en el caso mencionado, la autoconstrucción también fue promovida por la Corporación de la Vivienda, que compraba materiales y los distribuía por barrios en situaciones críticas. Un ejemplo destacado de esta colaboración fue la reconstrucción de Valdivia después del terremoto de 1960.

Este fenómeno evidencia la interconexión de diversas estrategias y prácticas habitacionales utilizadas por la población en respuesta a la escasez de viviendas y a la falta de acción gubernamental. La autoconstrucción no solo abordó las necesidades individuales, sino que también se integró orgánicamente con otros modos de ocupación, como los campamentos, dando forma a la dinámica urbana de Concepción y sus alrededores durante ese periodo.

La Consolidación del Proyecto Subsidiario en la Reconstrucción Posterior a 1950

El Plan Habitacional de 1960 marca el origen contemporáneo de la actual estructura subsidiaria residencial. Antes de esto, los aportes fiscales se complementaron con el acceso a hipotecas proporcionadas por las cajas de ahorro previsional de diversos grupos empleados y profesionales en el país. Sin embargo, este modelo buscaba consolidar una clase trabajadora urbana capaz de articularse con los sectores medios, alineándose con el papel modernizador del Estado trazado desde 1940. Este contexto político-residencial se enfrentó a la reconstrucción después del terremoto de 1960.

Entre las características principales de este modelo se encuentra el diseño de fomento en el que el Estado asume un papel activo frente a la participación del sector privado en la producción de oferta habitacional. En 1948, el Ministerio de Hacienda promulgó la ley N°9135, que establecía la exención de impuestos a las viviendas económicas y proporcionaba otras reducciones tributarias a las empresas para incentivar la construcción de viviendas. Se incorporó a los empleadores como actores importantes, promulgando leyes destinadas a que parte de las ganancias de la empresa se destinara a la construcción de viviendas para sus trabajadores.

El DFL N°285 de 1953 estableció un impuesto a la renta del 5% de las utilidades totales de las industrias, destinado a la construcción de habitaciones obreras. Este impuesto permitía el empleo del monto total en la construcción directa de la vivienda para el trabajador o el aporte, por el mismo monto, a sociedades constructoras de viviendas de bajo costo. Asimismo, obligaba a los empleadores a adquirir y urbanizar terrenos destinados a villorrios agrícolas, construir escuelas y servicios comunes, y construir o adquirir viviendas en villorrios agrícolas para su personal.

Siguiendo este marco normativo, el DFL N°2 de 1959 ingresó a la materia residencial, regulando parcialmente lo mencionado anteriormente. Este decreto contribuyó a establecer un parámetro de responsabilidad social en las empresas privadas para la producción de viviendas para sus trabajadores. Promovió la construcción de conjuntos habitacionales junto con beneficios y subvenciones para el sector empresarial. Además, se introdujeron las cuotas de ahorro, destinadas a formar parte de un sistema nacional de cuotas para que los trabajadores industriales pudieran acceder a soluciones habitacionales. Estas cuotas debían ser descontadas del sueldo del trabajador y depositadas por el empleador en una cuenta de ahorro para la vivienda, con carácter irrenunciable e intransferible. La ley establecía fuertes sanciones a los empleadores que no cumplieran con estos requerimientos, incluyendo multas y acciones penales. El dinero recaudado por multas a las empresas se destinaba íntegramente al beneficio de la Corporación de la Vivienda.

El DFL N°2 allanó el camino para la urbanización de sectores cercanos a las industrias y puertos, especialmente en Talcahuano, y áreas actualmente administradas por la comuna de Hualpén. Numerosas empresas se sumaron a la producción residencial bajo este mandato. La Compañía de Acero del Pacífico (CAP) construyó, cerca de la planta siderúrgica de Huachipato y bajo el DFL N°2, la Villa Presidente Ríos, que albergaba aproximadamente a 22,000 personas. CAP también edificó "Villa CAP", en el sector de Barrio Norte, cerca del centro de Concepción y junto a la vía férrea para alojar a sus trabajadores. CAP llevó a cabo importantes y modernas construcciones destinadas a habitaciones obreras, fomentando la vida comunitaria y el desarrollo de vecindades de trabajadores. También respaldó la construcción de conjuntos residenciales y su venta directa a empleados y obreros, tanto de manera independiente como asociándose indirectamente con instituciones del Estado como la Corporación de Auxilio o la Caja de Habitación Popular^[23]. En el mismo período, la Corporación de la Vivienda realizó uno de los proyectos habitacionales más gigantescos en la región al expropiar el fundo de la familia Price en Talcahuano, proporcionando soluciones habitacionales definitivas a más de 4,000 familias, originando la población Armando Alarcón del Canto^[24]. Este período de consolidación del proyecto subsidiario refleja una transformación significativa en las políticas habitacionales y la participación activa del Estado y el sector privado en la provisión de viviendas a la clase trabajadora.

Las consecuencias devastadoras del terremoto de 1960 dejaron a cientos de personas sin hogar. En respuesta, la CORVI trasladó a un importante grupo de damnificados a un terreno arenoso ubicado en Talcahuano, actualmente parte de la comuna de Hualpén, marcando el surgimiento de la Población Emergencia, conocida hoy como 18 de septiembre. Aunque se prometió soluciones habitacionales a los damnificados, estas no se materializaron a lo largo de décadas, a pesar de la construcción de nuevas poblaciones y viviendas sociales en áreas cercanas como Armando Alarcón o Diego Portales. Ante el evidente abandono de las autoridades, la población Emergencia se consolidó mediante la autoconstrucción de viviendas y la autogestión de servicios básicos como agua potable y electricidad, así como equipamiento comunitario como escuelas, plazas y pavimentación de calles.

Llegamos con lo puesto después del terremoto, acá eran unos pabellones nada más, con el paso del tiempo nos fuimos arreglando y fuimos surgiendo. Acá era casi todo campo, solo había un camino de tierra que llegaba hasta el Club Hípico, no había ninguna de las poblaciones que hay ahora, fuimos los primeros (Héctor Godoy, Dirigente Vecinal, población 18 de septiembre-Emergencia).

Durante los años 1960 y 1970, el déficit habitacional siguió aumentando y concentrándose en asentamientos precarios, coincidiendo con el crecimiento de la población urbana. Las tomas de terreno se multiplicaron, especialmente en las cercanías de terrenos industriales. La población Libertad en Talcahuano es un ejemplo, emergiendo de manera espontánea en el sector de Huachipato, consolidándose como un ícono de la ciudad^[25]. Este asentamiento consistía en un loteo otorgado en arrendamiento por Miguel Maritano, dueño de una conocida industria de jabones en la zona. Con construcciones precarias en madera y material de desecho, estrechas calles y falta de servicios básicos, Libertad se convirtió en la población más poblada de Talcahuano.

Ante los efectos del terremoto, la CORVI implementó un Plan de Emergencia para proporcionar soluciones habitacionales básicas a las personas en los cordones de pobreza urbanos y reducir el déficit de viviendas provocado por el sismo de 1960. Estas medidas también beneficiaron a grupos de trabajadores industriales y sectores medios que buscaban proyectos habitacionales y contaban con capital para arriendos o cuotas hipotecarias. Surgieron así proyectos en Hualpencillo, Remodelación Paicaví, Lan A y B, Villa San Pedro y Camilo Olavarría. En 1966, la "Operación Emergencia" buscó higienizar y proveer suministros básicos a poblaciones en extrema pobreza en la ciudad, implementando condiciones sanitarias básicas y servicios como agua potable, letrinas y rellenos de calles, con la participación de los propios vecinos beneficiados.

La reconstrucción y planificación urbana propuestas por el nuevo Plano Regulador Comuna de Concepción de 1960 incluían la realización de conjuntos residenciales y modernización de espacios públicos^[26]. La CORVI proyectaba un proyecto habitacional en San Pedro, conocido como Remodelación Paicaví, que remodelaría y proporcionaría soluciones habitacionales en el centro de la ciudad. En Talcahuano, se planificaba la construcción de viviendas en los sectores de Hualpencillo e Higueras.

En las décadas posteriores de 1970 y 1980, se construyeron nuevos conjuntos habitacionales en San Pedro, lejos de los centros urbanos, como Candelaria y Boca Sur, como parte de las políticas de erradicación de asentamientos informales. Estas soluciones enfrentaron desafíos como el alejamiento de servicios urbanos, pérdida de empleo, quiebre de nexos familiares y desconfianza entre los nuevos pobladores, generando consecuencias inesperadas entre los residentes de proyectos sociales.

Figura N° 5. Total, de Viviendas Terminadas en las Comunas de Concepción y Talcahuano por unidades construidas, entre los años 1975 a 1989.

Fuente: Elaboración propia en base a las Memorias Anuales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Entre 1971 y 1978, la inversión promedio en vivienda en la Región del Biobío fue del 0,9%, significativamente por debajo del promedio nacional. A pesar de esto, entre 1974 y 1979, aproximadamente el 11% del presupuesto regional se destinó a la inversión en vivienda, marcando un avance lento pero constante en esta área. Durante este periodo, se construyeron conjuntos habitacionales de vivienda social como Chiguayante I y II, Carrera Pinto y Eleuterio Ramírez en Concepción, así como Críspulo Gándara I y II, Cabo Aroca y la cooperativa Fidecoop en Talcahuano.

En 1976, los proyectos inmobiliarios se concentraron en las comunas de San Carlos y Bulnes, mientras que en Concepción se entregaron 120 unidades de vivienda, ninguna destinada a fines sociales. En 1977, se contabilizaron 48 viviendas sociales, concentradas en Lan C y H-7 en Talcahuano, y continuó la construcción del conjunto habitacional Chiguayante Sur en Concepción. Este conjunto se expandió en 1978 con nuevas etapas, sumando 176 unidades. En Talcahuano, las poblaciones de Lan C 1 y 2 continuaron creciendo con la entrega de nuevas etapas y 196 viviendas. Además, las cooperativas de ahorro y vivienda construyeron 575 casas durante este año.

Tres años después de la disolución de la CORVI y la creación del SERVIU en 1979, de las 1.149 viviendas terminadas, solo 72 eran viviendas sociales. El proceso de postulación, impulsado por el ahorro previo y los créditos hipotecarios, permitió a la población acceder a condominios en Chiguayante Sur, Eleuterio Ramírez y Candelaria. Durante la década de 1980, se entregaron 108 unidades sociales en Hualpencillo, Concepción, mientras que Talcahuano continuó con la expansión de la población H-7 con 102 viviendas.

En el trienio 1981-1983, se consolidaron nuevos conjuntos habitacionales de vivienda social en Concepción (Laguna Redonda y Boca Sur) y Talcahuano (El Triángulo). En 1982, de las 398 viviendas construidas, 380 correspondieron a vivienda social, cifra que aumentó a 474 de 978 en 1983, concentrándose principalmente en Boca Sur, destino principal del proceso de erradicación en la comuna durante los años 80.

Entre 1984 y 1986, la inversión total de recursos destinados a vivienda en la región se centró en soluciones habitacionales de carácter social. En 1984 se construyeron 1.340 viviendas económicas, en 1985 se alcanzaron 1.861 unidades, y en 1986 se edificaron 2.926 casas, principalmente en Boca Sur y Candelaria, con el objetivo de erradicar poblaciones periféricas e insalubres desde el centro de la ciudad.

En 1986, se implementó el sistema de postulación, asignación y venta de unidades para atender situaciones de marginalidad habitacional. Este sistema se sumó al subsidio dirigido, ambos diseñados para beneficiar a personas en situación de marginalidad urbana sin capacidad de ahorro ni pago, diferenciándose por la radicación o erradicación de las familias. La implementación de este sistema permitió la construcción y entrega de viviendas mediante licitaciones públicas y adjudicación basada en la ficha CAS, que estratifica socialmente al grupo familiar. El subsidio alcanza hasta un 75% del valor total de la vivienda, con un tope máximo de 180 U.F., y el saldo restante se cubre con el ahorro del postulante y, si es necesario, un crédito hipotecario a largo plazo.

Entre 1987 y 1989, se concluyó el proceso de erradicación de campamentos y se inició la construcción dirigida a la demanda de postulantes con capacidad de ahorro y endeudamiento. Se consolidaron nuevos conjuntos en poblaciones ya existentes, como Chiguayate Sur, Candelaria y Boca Sur, siendo este último el que concentró la mayor cantidad de unidades con 658 de las 739 viviendas terminadas en Talcahuano para 1989.

Chile ha enfrentado históricamente, grandes eventos geotectónicos, debido a su ubicación en la zona de subducción entre placas activas, con sismos, erupciones y tsunamis recurrentes. Generándose asociado a estos eventos situaciones de desastres de gran envergadura. La falta de decisiones estatales eficientes y políticas públicas sólidas ha llevado a respuestas retardadas y a la autogestión comunitaria para la reconstrucción post desastre.

Esto se traduce en una crisis en la Política de Reconstrucción, asociada a la falta de políticas públicas efectivas para la reconstrucción post desastre, evidenciada por catástrofes anteriores, refleja la necesidad urgente de una gestión integrada del riesgo de desastre en la planificación gubernamental.

Así mismo se observa una transformación Urbana Desconectada ya que la transformación de soluciones de emergencia en paisajes urbanos eternos revela una desconexión y descalificación de los aparatos del Estado. Esto refleja un desarrollo urbano sin considerar adecuadamente la realidad geodinámica del país. En este sentido, aunque la política habitacional ha tenido éxito en responder a demandas sociales, persisten problemas como la escasa superficie y calidad de las viviendas. La segregación residencial y marginalización social resultante de la construcción de viviendas sociales en zonas de riesgo es evidente.

Por lo demás se evidencia que las tomas de actuales terrenos difieren de las de las décadas de 1960 y 1970, ahora ubicándose en sectores periféricos con conjuntos habitacionales ya existentes. Este cambio refleja una evolución en las motivaciones y enfoques de las comunidades afectadas.

Finalmente, a pesar del éxito cuantitativo en la producción de viviendas económicas, la política habitacional ha fracasado en aspectos cualitativos. La falta de respuesta a las necesidades reales de las familias se manifiesta en la calidad de viviendas, la falta de equipamiento urbano y la sectorización de la pobreza. A lo largo de las décadas, la participación popular en la construcción de la vivienda ha disminuido debido a políticas de subsidio y postulación. La población se ha convertido en espectadora, perdiendo poder de decisión sobre dónde y cómo vivir.

En conclusión, la vivienda en la Región del Biobío ha sido moldeada por una combinación de factores históricos, desastres naturales, políticas gubernamentales y la participación activa de la comunidad. Aunque se observan avances en la construcción de viviendas sociales, persisten desafíos en la atención a poblaciones vulnerables y la reducción del déficit habitacional. La comprensión de esta historia proporciona insights valiosos para abordar futuros desafíos en el ámbito de la vivienda.

A pesar de los avances cuantitativos en la construcción de viviendas, Chile enfrenta desafíos persistentes en la gestión post desastre, la calidad de vivienda, la segregación social y la participación comunitaria. La falta de políticas públicas sólidas y una atención insuficiente a la gestión del riesgo de desastre plantean la necesidad de repensar y priorizar aspectos clave en la planificación y desarrollo del país.

Madeleine Ramírez Belmar. Desde los Asentamientos Precarios a la Propiedad de la Vivienda Social Urbana. El problema Habitacional de los sin Casa en el Concepción Metropolitano: 1950-1989. Tesis para optar al grado académico de Licenciada en Historia. Facultad de comunicación, historia y ciencias sociales. Licenciatura en historia. Universidad Católica de la Santísima Concepción.

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