POLÍTICA AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. ESTRATEGIAS DE UN CONSENSO POST-POLÍTICO

Recibido el 24 de noviembre del 2023 Aceptado el 6 de marzo del 2024

Páginas 89-111

Financiamiento: La investigación fue autofinanciada por los autores.

Conflictos de interés: Los autores declaran no presentar conflicto de interés.

En este trabajo se analiza la política climática de la Ciudad de México de 2002 a 2021 con el objetivo de conocer la manera en la que la misma, forma parte de la construcción de un discurso post-político internacional. A partir de una revisión de fuentes de información cualitativas y cuantitativas, se argumenta que las acciones puestas en marcha obedecen a la agenda global manifiestas en el Protocolo de Kyoto y la Agenda de París, centrándose en la disminución de Gases de Efecto Invernadero, evadiendo con ello una discusión política que podría cuestionar la perspectiva mercantilista adoptada.

Palabras clave: post-política, desarrollo sustentable, consenso, Ciudad de México

This paper analyzes the climate policy of Mexico City from 2002 to 2021 with the aim of knowing the way in which it is part of the construction of an international post-political discourse. Based on a review of qualitative and quantitative information sources, it is argued that the actions implemented obey the global agenda expressed in the Kyoto Protocol and the Paris Agenda, focusing on the reduction of Greenhouse Gases, avoiding with it a political discussion that could question the mercantilist perspective adopted.

Introducción
El desarrollo sustentable es una estrategia internacional que ha logrado posicionarse dentro de los ámbitos económicos, políticos y académicos porque, frente a los problemas socioambientales, ofrece soluciones que declaran buscar la transformación de la actividad humana en una social y ambientalmente justa y racional (Foladori y Pierri, 2005). Derivado de ello, los análisis que tienden a hacerse sobre el tema son aquellos que enfatizan la necesidad y urgencia de su implementación, los casos exitosos y los diversos efectos positivos, ya sean sociales, económicos o ambientales que produce (Delgado, 2018; Moreno, 2017). Sin embargo, los trabajos científicos y académicos que hacen una crítica de la cientificidad, la implementación y los resultados territoriales y económicos que ha generado el desarrollo sustentable, son menores (Gasca, 2005; Harvey, 2014; Oꞌ Connor, 2001).

El presente trabajo pretende contribuir al debate teórico en torno al desarrollo sustentable desde una perspectiva crítica. Para ello, se rescata el concepto de post-política que discute Erik Swyngedouw desde la geografía, el cual se refiere a la conformación de un gobierno tecnocrático e internacional a partir de la construcción de consensos en el diseño de políticas públicas (2007b, 2009 y 2011a). A lo largo del texto se pretende responder a las preguntas: ¿de qué manera el desarrollo sustentable construye un consenso post-político mundial?, ¿cómo dicha relación puede verificarse en la estrategia climática de la Ciudad de México? El objetivo es analizar la forma conceptual y política en la que el desarrollo sustentable es parte de la post-política global y la manera en la que dicha relación se materializa en la agenda climática de la Ciudad de México durante el período 2002-2021.

El período en cuestión fue seleccionado debido a que, en 2002, se diseñó y puso en marcha la primera estrategia local de acción climática de la Ciudad de México, la cual se convirtió en la política pública encargada de formular y ejecutar las acciones encaminadas a disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y aumentar la resiliencia de la urbe. A partir de entonces, cada administración local se ha encargado de elaborar sus propias estrategias climáticas, lo que ha resultado en tres agendas correspondientes a los períodos gubernamentales 2000-2006, 2006-20012 y 2012-2018, más una agenda correspondiente a la actual administración 2018-2024.

Para dicho análisis, el manuscrito se encuentra dividido de la siguiente manera. Después de un apartado introductorio y de la metodología desarrollada, se realiza un análisis epistemológico del concepto de post-política, destacando su constructo como política única y global. Posteriormente se analiza la construcción histórica del concepto de desarrollo sustentable y su relación con la post-política mundial y el libre mercado. Por último, se examina la política climática implementada en diferentes administraciones en la Ciudad de México para mostrar como la misma es una expresión urbana de un gobierno tecnocrático e internacional.

Metodología
La metodología que se utilizó fue de carácter cualitativo consistente en dos momentos. En primer lugar, se llevó a cabo una revisión detallada de los análisis sobre post-política y su relación funcional y operativa con el desarrollo sustentable realizados por Erik Swyngedouw. Para ello, se estudió la literatura diversa que el autor tiene al respecto y que detallan los rasgos característicos, tanto discursivos como prácticos, de la post-política, el desarrollo sustentable y de la relación política y discursiva entre los mismos: 2007a, 2007b, 2009, 2011a, 2011b y 2014.

En segundo lugar, se aplicaron los análisis de Swyngedouw a la estrategia climática mundial y a la agenda climática de la Ciudad de México en el período 2002-2021 con el objetivo de establecer un vínculo entre la post-política global y las agendas climáticas mencionadas, y, de este modo, poder mostrar como las segundas son funcionales y son expresiones de la primera. Para lo anterior, se examinaron documentos estratégicos de Naciones Unidas entorno a la política de cambio climático (1988, 2002, 2015, 2016, 2018 y 2021; GOP, 2018). Además de los programas de desarrollo y las agendas en política climática de la Ciudad de México (GDF, 2004, 2007, 2013, 2022; Sedema, 2008, 2013, 2014, 2018, 2019 y 2021). Por último, se realizó una serie de búsquedas tanto en sitios académicos como en sitios especializados que se aproximara al tema de investigación y que fuera institucional, arbitrada o especializada.

Post-política: una política única
Según los postulados neoliberales, la crisis económica de los setenta reveló el fracaso del intervencionismo del Estado de bienestar en la economía, por lo que la desregulación de los mercados y de la actividad económica se mostró como la única vía posible para recuperar el crecimiento y lograr el desarrollo social. Así, el mercado y sus instrumentos se convirtieron en la única política posible para el bienestar y la resolución de los graves problemas globales (Chosmky, 2000; Stiglitz, 2002).

El mercado como único camino para el bienestar universal es, por ejemplo, una estrategia a lo que Swyngedouw denomina como post-política (2011b). La post-política, no solo toma forma en la hegemonía del mercado y la tecnocracia, sino también en la despolitización generaliza de los gobiernos y la ciudadanía. Esto quiere decir que las naciones y sus gobiernos, ya sean de izquierda o derecha, tenderán a actuar y resolver conforme a las fórmulas e instrumentos hegemónicos, gestionando tecnocráticamente el territorio y la economía nacional (Swyngedouw, 2009).

Dicha gestión hegemónica intenta eliminar o eludir el disenso y la discusión, y consensa “el deber ser”, estableciendo que no hay alternativa a la política hegemónica. Este consenso anuncia, en consecuencia, el fin de la historia y con éste el fin de la política (Swyngedouw, 2007a; Ranciere, 2003). Margaret Thatcher solía decir: “There´s no alternative” (no hay alternativa), haciendo alusión a que la economía de libre mercado es el único sistema que funciona (Bateman, 2009), por lo que la necesidad de discutir su pertinencia ha pasado a la historia. De aquí la razón del término post-política.

La imposición de la economía de libre mercado a escala global significó, más que nunca, la conformación de un gobierno más allá del Estado (Swyngedouw, 2007a). En dicho gobierno global, los Estados perdieron, cada vez más, autonomía y soberanía pues quedaron sujetos a la política única de redes transnacionales conformadas por potencias occidentales como los Estados Unidos o la Unión Europea, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como a instituciones financieras y corporaciones globales. De tal modo que los gobiernos nacionales tendieron a encargarse de transformar en agenda nacional la política emanada de dichas redes transnacionales de gobierno (Harvey, 2007; Stiglitz, 2002).

El desarrollo sustentable se presenta como un discurso y una práctica en continuo diseño y construcción a nivel internacional, y en el que todas las naciones participan de forma horizontal y democrática en dicho proceso (Sobrino et al. 2015; Gasca, 2015). Sin embargo, ¿qué de democrático y horizontal tiene implementar soluciones técnicas y de mercado en las zonas urbanas?

Conceptualmente, la definición de desarrollo sustentable: “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, es un espacio sin contenido y abierto a muchos significados y prácticas posibles (Žižek, 2003; Swyngedouw, 2011a). En este sentido, Hopwood, Mellor y O´Brien (2005) indican que la sustentabilidad puede dividirse en tres grandes visiones: la que aboga por mantener el statu quo, la que demanda la reforma del sistema económico-político actual y aquella que aboga por una transformación de este.

En las últimas décadas el desarrollo sustentable se ha aproximado a las dos primeras visiones al adoptar un contenido técnico y mercantil, avocado más a construir una economía verde que a solucionar la problemática ambiental (Brand y Görg, 2003; Rodríguez, 2011). Ello posibilitado por un Estado permanente de emergencia, el cual suspende los procedimientos democráticos con el fin de actuar lo antes posible y resolver la crisis climática (Swyngedouw, 2007b, 2009 y 2011b). Este último punto consiste en presentar soluciones rápidas para suspender la actividad política de la ciudadanía y mantener la cotidianidad sin cambios.

El consenso en torno a la aceptación del desarrollo sustentable se origina en presentar al cambio climático como un fenómeno que afecta a todos por igual y que pone en riesgo la continuidad de la vida si no se toman acciones inmediatamente en conjunto y a escala global. De este modo, la post-política de la “batalla” contra el cambio climático es una serie de respuestas inmediatas y del consenso de la humanidad en torno a estas prontas respuestas que, al mismo tiempo, suspenden la actividad democrática (Gasca, 2005; Swyngedouw, 2007b; Žižek, 2003).

Históricamente, el consenso post-político en torno al desarrollo sustentable se va construyendo desde la segunda mitad del siglo XX, con la publicación del libro Los límites del crecimiento, en el cual se plantea una conclusión, aparentemente, irrefutable: la crisis medioambiental es un hecho que, de no atenderse oportunamente, resultará en una catástrofe para la vida humana (Meadows, 1972). Dicho enunciado científico pasó a ser consenso político, porque para resolverlo se requieren acciones inmediatas, anulando así el disenso y la discusión (Swyngedouw, 2009 y 2007b).

Naciones Unidas fue la encargada de producir y difundir el nuevo consenso en torno a la problemática ambiental y su solución (De Alba, 2004). Este organismo internacional ha sido fundamental para: i) sostener, fortalecer, difundir e introyectar la idea de que vivimos en una crisis medioambiental que pone en jaque la existencia humana; y ii) producir e implementar respuestas dirigidas para evitar la tan anunciada catástrofe. De este modo, aceptada la idea de que vivimos a la sombra de una crisis ecológica, se pasó, desde diversos enfoques académicos e institucionales, a proponer y poner en marcha múltiples respuestas, impulsadas desde la ONU.

La publicación del informe Nuestro futuro en común en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) de la ONU, estableció que el desarrollo provoca altos costos ambientales, por lo que hizo un llamado a transformarlo de tal manera que permita la recuperación y conservación de los ecosistemas para el usufructo de las generaciones futuras, esto es, que se vuelva sustentable (CMMAD, 1988).

Así, el consenso en torno al desarrollo sustentable consiste en explotar el discurso de la crisis ambiental para condicionar o lograr que se apliquen políticas ambientales diseñadas desde instituciones internacionales (como a ONU). El discurso de la crisis ambiental se estructura en el temor, recurriendo constantemente a la posible aniquilación socioecologica a través de una serie de ideas e imágenes que ilustran un futuro apocalíptico. Asimismo, se presenta a la problemática ambiental desligada de la estructura del sistema económico y de las relaciones asimétricas de clase, es decir, como una amenaza externa y universal y no como un resultado inherente a la dinámica económica moderna. Esto permite llamar a la unión de la humanidad para hacer frente a la amenaza del cambio climático (Žižek, 2003), “…invocando la necesidad de una acción colectiva unitaria, la colaboración mutua y la cooperación de toda la humanidad” (Swyngedouw, 2011a).

El temor y la condición, el cambio deseado y la interpelación a la unidad universal, toma consistencia en una solución despolitizada: la del desarrollo sustentable, de tal modo que la continuidad de la vida humana queda condicionada al despliegue del mismo. A partir de ello, el desarrollo sustentable se vuelve la única política posible para resolver las problemáticas medioambientales y sociales que aquejan al mundo, especialmente a los países dependientes (Foladori y Pierri, 2005; Gasca, 2005).

¿Qué contenido operativo ha adoptado el desarrollo sustentable? Al externalizar la problemática ambiental de la estructura económica, dejando de lado la posibilidad de cambiar las relaciones asimétricas de clase, las soluciones que el enfoque de la sustentabilidad puede proponer son técnicas y de mercado (Swyngedouw, 2007b). Es decir, son soluciones técnico-gerenciales, operativas y viables en el marco del capitalismo-neoliberal. El desarrollo sustentable, diseñado desde la ONU, no está interesado en resolver las problemáticas sociales y ambientales sino en mantener el estado de cosas actual (Swyngedouw, 2011a)

Gases de efecto invernadero: vía fundamental para enfrentar el cambio climático

A inicios de la década de los noventa en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), representantes de 155 países consensaron que el cambio climático es una amenaza real para la humanidad y el problema medioambiental más relevante (Linés en Ponce, Cantú y Puente, 2013:18). Derivado de ello, se firmó un acuerdo multilateral para disminuir las emisiones de GEI, las cuales son consideradas como el elemento central que causa los aumentos de la temperatura global y el cambio climático (Fawzy et al., 2020; Yepes-Mayorga, 2012).

El Protocolo de Kyoto (PK), formalizado en 1997 en la tercera Conferencia de las Partes (COP), fue el documento técnico que condensó el acuerdo y orientó, desde ese momento, las acciones internacionales en la materia de mitigación^[1], particularmente, en las ciudades.

Asimismo, estableció un eje fundamental, poniendo el énfasis en la reducción de las emisiones de los países desarrollados, así como en la obligación de estos últimos de asistir técnica y financieramente a los países subdesarrollados (Ponce, Cantú y Puente, 2013; Yepes-Mayorga, 2012). Esto último bajo el argumento de que el cambio en el clima afecta de manera diferenciada a cada país como resultado de su ubicación geográfica, su grado de desarrollo y su capacidad de respuesta institucional (Quiroz, 2013).

Para lograr las metas propuestas, el Protocolo de Kyoto introdujo el mecanismo inédito del mercado de carbono o comercio de emisiones, que se desarrolló en tres instrumentos económicos denominados Mecanismos de Flexibilidad, cuyo objetivo central era comprar y vender derechos de emisión de gases contaminantes (Fawzy et. al., 2020; Yepes-Mayorga, 2012).

Una vez que el Protocolo de Kyoto perdió vigencia en 2020, entró en vigor el Acuerdo de Paris, el cual es la continuación del primerio y, a los objetivos de reducir las emisiones de GEI y de apoyar a los países en desarrollo a mitigar y adaptarse al cambio climático, añadió que los países miembros deben enviar, cada cinco años, una Contribución Determinada a Nivel Nacional, en la que comuniquen las acciones a realizar para disminuir las emisiones y reporten las metas logradas.

Como parte del compromiso de promover el desarrollo sustentable que adquirieron las partes, las naciones tradujeron la agenda establecida por el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de Paris en políticas nacionales, regionales y locales para fomentar modelos de eficiencia energética y economías con menor dependencia de energías fósiles.

En el caso mexicano, la post-política climática toma fuerza en la agenda nacional cuando, en 1997 atendiendo lo establecido en la CMNUCC, el gobierno de México publicó La primera comunicación nacional ante la CMNUCC. Posteriormente, en 1999, el combate al cambio climático adquirió dimensión constitucional en el artículo 25, el que se estableció que el Estado debe garantizar la sustentabilidad del desarrollo, por lo que los Programas Nacionales de Desarrollo (PND) subsecuentes incluirán esta dimensión como un eje de la política pública (Ponce, Cantú y Puente, 2013; GDF, 2004).

En 2001, el gobierno de México se incorpora al Protocolo de Kyoto sin compromisos para disminuir sus emisiones de GEI, pero sí para inventariar y generar acciones y programas que mantengan, disminuyan o prevengan dichas emisiones. En 2005, se creó la Comisión Intersectorial de Cambio Climático con el objetivo de promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática encaminado a cumplir los compromisos suscritos por México en la CMNUCC (DOF en Ponce, Cantú y Puente, 2013).

Durante el sexenio 2007-2012 se presentó la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENACC), se creó el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), 2009-2012, y se promulgó la Ley General de Cambio Climático, que tenían como un objetivo principal reducir la emisión de GEI (Quiroz, 2013).

La política de cambio climático en la Ciudad de México no ha sido distinta y ha retomado los principios y acciones establecidas por el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París, en este aspecto, más allá de construir una ciudad democrática en materia climática, se ha dedicado a construir una ciudad que ejecuta una agenda internacional a través de mecanismos técnicos y de mercado.

La Ciudad de México, según Moran et al. (2018), ocupa el lugar 37 a nivel global respecto de la emisión de CO2, y ocupa el primer lugar a nivel nacional seguido de Monterrey y Guadalajara, como se muestra en la Figura 1. Tan solo en 2016 aportó 27 millones de toneladas de GEI. Esta emisión sistemática de gases ha dado lugar al incremento de la temperatura anual de la urbe, pues la misma pasó de 14°C a 18°C en 100 años (GDF, 2004; SEDEMA, 2008 y 2021).

Asimismo, la Ciudad de México es altamente vulnerable^[2] ante el cambio climático. Las variaciones de la temperatura y precipitación han resultado en más incendios, períodos de sequía más intensos, un incremento en la temperatura urbana o más períodos de bajas temperaturas, así como aumentos de episodios de lluvias torrenciales, tormentas, granizadas, lo que ha causado un mayor número de inundaciones y deslaves (CENAPRED y SSPC, 2021; SEDEMA, 2021). Además, todo ello tiene repercusiones en la salud, particularmente de la población de menos recursos, causando aumentos en la incidencia de asma, mayor transmisibilidad de enfermedades infecciosas y víricas, incremento de la morbilidad ligada al calor y la deshidratación, así como de enfermedades digestivas, entre otras.

Respecto a la pérdida de biodiversidad y recursos naturales, la Ciudad de México está constituida en más del 50% por suelo de conservación (PAOT, 2012), además se considera que el mismo es un importante reservorio de carbono por lo que su deforestación y deterioro implica la disminución de la capacidad de captura y la emisión de este (GDF, 2004). Otra consecuencia del deterioro del suelo de conservación es el aumento de la vulnerabilidad de las especies en esta zona, así como de su reducción y pérdida.

Ante dicho escenario, el gobierno de la ciudad suscribió, antes que cualquier otro estado de la república, los acuerdos de la CMNUCC y el Protocolo de Kyoto. En 1997 se creó la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) y desde 2002, la SEDEMA ha publicado y puesto en marcha cuatro programas o estrategias locales en acción climática: 1) Estrategia Local de Acción Climática del Distrito Federal 2004, 2) Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2008-2012, 3) Programa de Acción Climática Ciudad de México 2014-2020, así como el 4) Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2030. Estos planes fueron acompañados por dos leyes locales sobre cambio climático. La primera, la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal, promulgada en 2011, y su posterior abrogación y promulgación de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México en 2020.

De esta manera, desde 2002 hasta la actualidad la política de la Ciudad de México en torno al cambio climático ha sido regida por cuatro documentos y dos leyes locales como se muestra en la Figura 2, dichas leyes han tenido dos metas centrales: 1) descarbonizar a la ciudad y 2) desarrollar capacidades de adaptación al cambio climático.

Línea de tiempo de la política de cambio climático en la Ciudad de México, 2000-2021

Elaboración con base en GDF, 2002; SEDEMA, 2008; SEDEMA, 2014; SEDEMA, 2018 y SEDEMA, 2021.

La Estrategia Local de Acción Climática del Distrito Federal 2002-2006 fue el primer programa de su tipo a nivel nacional y se desarrolló atendiendo los acuerdos internacionales de la CMNUCC, bajo las directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) y del Protocolo de Kioto (GFD, 2004). Tuvo por objetivo:

Establecer un marco institucional que promueva la mitigación de las emisiones de los gases de efectos invernadero en el Distrito Federal, a través de la implantación de medidas para el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales; de la regulación y el uso eficiente de equipos, de la sustitución de combustibles de mayor uso y la promoción de combustibles alternos; de la utilización de nuevas tecnologías, y el desarrollo de acciones en el sector forestal para la captura de carbono (GDF, 2004: 20).

En cuanto que los sectores que más emiten GEI en la ciudad son el transporte, la industria, la vivienda, y los residuos sólidos, mientras que son cuatro los energéticos que más gases lanzan: la gasolina, el gas natural, el GLP y el Diesel, los programas se concentraron en dichos sectores y fuentes de energía.

Las acciones que se pusieron en marcha fueron, por un lado, las destinadas a reducir las emisiones de GEI como la sustitución de combustibles con menor cantidad de carbono, así como medidas de eficiencia de energías fósiles y el ahorro de energía, así como el fomento de fuentes renovables de energía. Por otro lado, las destinadas a capturar CO2 como la reforestación y las plantaciones forestales o evitar el cambio de uso de suelo. Para ello, se pusieron en marcha varios programas, como:

Las acciones climáticas emprendidas en esta primera etapa se centraron en la disminución de las emisiones de GEI a través, fundamentalmente, de mecanismos técnicos y de mercado, tales como la compra y uso de vehículos, tecnologías o dispositivos eficientes o ahorradores (microbuses, taxis, alumbrado público, lámparas). Otras acciones, igualmente técnicas, se enfocaron a fomentar conductas y prácticas ambientales, como en el caso de la Guía de las Buenas Prácticas y la eficiencia de la actividad pública-administrativa. Por último, cabe destacar que en esta primera estrategia local se dejó de lado la atención de la vulnerabilidad de la urbe.

En 2008 el gobierno local presentó el segundo Programa de Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM), como parte de la Agenda Ambiental de la Ciudad de México y fundamentada en el Programa General de Desarrollo, 2007-2012, cuyas metas se detallan en la Tabla 1.

Como se describe en el cuadro, el objetivo central fue, nuevamente, la reducción de emisiones particularmente en la movilidad, el consumo energético de las industrias y hogares, así como en la extracción, transporte, distribución y desalojo del agua, la generación y gestión de residuos y la deforestación o el cambio de uso de suelo en el suelo de conservación.

Los instrumentos que se utilizaron para avanzar en los objetivos fueron: 1) las inversiones directas del GDF, 2) la regulación (leyes, reglamentos y normas), 3) los incentivos económicos y financieros (subsidios, deducciones y financiamiento), 4) los MDL, 5) la educación y capacitación, 6) la información, 7) la gestión (articulación de actores), y 8) la cooperación técnica internacional (aprovechamiento de ofertas de cooperación internacional).

A partir de estos instrumentos se ejecutaron diversas acciones tales como: el aprovechamiento de la energía solar, el establecimiento de certificaciones ambientales, el fomento de sistemas ahorradores en las viviendas y edificio, el incremento del transporte eléctrico, el uso de tecnologías menos contaminantes en el sistema de transporte, la construcción de corredores de transporte público (Metrobús), la sustitución de taxis y vehículos de transporte por unidades nuevas, el desarrollo de ciclovías, el uso de muebles sanitarios de bajo consumo y accesorios ahorradores de agua, el mantenimiento a la infraestructura del sistema de aguas de la CDMX, así como varias acciones para preservar el suelo de conservación, entre otras.

Algunas de actividades estuvieron pensadas, para que proporcionaran precios reales o implícitos del carbono con el fin de incentivar al mercado a invertir en productos, tecnologías y procesos bajos en emisiones de GEI:

El apoyo del gobierno a través de contribuciones financieras, créditos fiscales, establecimiento de normas y creación de mercados es importante para el desarrollo de tecnología e innovación y para la implantación que reduzcan las emisiones (SEDEMA, 2008: 17).

Del mismo modo que en la estrategia de 2002, las acciones se concentraron en disminuir las emisiones de GEI tal como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París establecieron, sin embargo, en este segundo programa, se comienza a atender la vulnerabilidad de la ciudad a través de establecer medidas de adaptación de la población local al cambio climático.

Por otro lado, las acciones puestas en marcha son, nuevamente, técnicas y de mercado tales como el fomento, la compra y el uso de tecnologías y dispositivos ahorradores o que eficientizan el gasto energético, la sustitución y compra de vehículos nuevos (taxis, microbuses) o tecnologías menos contaminantes para el sistema de transporte público, así como la construcción del Metrobús financiado por bonos de carbono y dejado a la industria privada su operación y rentabilidad (Zapata y Mélendez, 2011).

Es interesante observar que, de la misma manera que en la primera agenda, no hay una atención a las causas estructurales de la emisión de GEI, tales como la urbanización o la actividad económica, es decir, podemos decir que no hay alguna intención de regular y transformar los procesos de expansión urbana, de actividad industrial o comercial o pública que pudieran afectar los intereses de estos sectores.

El Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020, fue la tercera agenda encaminada a proponer acciones en torno a la mitigación y adaptación de la urbe al cambio climático. Se propusieron 7 ejes con sus respectivas acciones, la Tabla 2 muestra a los mismos con sus acciones principales.

Ejes y acciones centrales del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020

Las acciones que se implementaron para lograr las metas planteadas fueron: modernización y eficiencia del Sistema de Transporte Colectivo, la eficiencia energética en los servicios públicos, los programas de ahorro energético en diversos sectores, la renovación del alumbrado público, el alumbrado público solar, el incremento y rehabilitación de áreas verdes intraurbanas, programas de ahorro de agua, la ampliación de la línea 12 de metro, la implementación de nuevos corredores del Metrobús, las obras de conservación del suelo y agua en el suelo de conservación, la Creación de la Ley para la Protección, Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Distrito Federal, las campañas de educación y comunicación ambiental, la regulación del transporte privado y público, entre otras.

En esta tercera estrategia climática, se observa que las acciones siguen dando mayor importancia a la disminución de emisiones de GEI que a atender la vulnerabilidad de la ciudad ante el cambio climático, particularmente de las personas en situación de pobreza o con menores recursos. Ello se puede constatar en el hecho de que, de los 7 ejes propuestos, solo uno está encaminado a atender la vulnerabilidad. Por otra parte, las acciones propuestas fueron, de nuevo, técnicas y de mercado como lo muestra los ejes uno, tres y siete encaminado a la compra y uso de tecnología y dispositivos nuevos o que son eficientes energéticamente.

La actual agenda climática de la Ciudad de México está divida en tres grandes objetivos conforme al Acuerdo de París: 1) metas de corto plazo que plantean la reducción del 10% de las emisiones en la urbe, 2) metas de mediano y largo plazo que buscan mitigar con el 83% de las emisiones de GEI para el año 2040, y 3) metas para incrementar la resiliencia de la ciudad. Para lograr dichos objetivos y metas, la administración actual planteó ocho ejes estratégicos con sus respectivas acciones como muestra en la Tabla 3.

Ejes y acciones centrales de la Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050

En general, como se aprecia en el cuadro que sintetiza la política climática vigente de la Ciudad de México, la actual agenda tiene objetivos que continúan fomentando acciones emprendidas anteriormente.

Discursivamente, la estrategia 2021-2050 se diferencia de las tres agendas anteriores porque postula que la política climática incorporará transversalmente el uso sustentable de los recursos, la economía solidaria, circular y local, la perspectiva de género y la inclusión social, así como el desarrollo urbano ordenado y la creación de empleos verdes.

La política en torno al cambio climático es un claro ejemplo de post-política de acuerdo con Swyngedouw, porque muestra que a partir de que se estableció la crisis climática (con argumentos científicos) se adoptó, automáticamente y sin una participación democrática, una agenda política mundial, consistente en un programa internacional de reducción de GEI (Protocolo de Kyoto y Acuerdo de Paris). Al ser de consenso internacional, dicha política se tradujo en agendas nacionales y locales.

Es de reconocer que existen diferentes manifestaciones que evidencían problemas ambientales, no obstante, la política climática adoptada está sostenida desde un perspectiva mercantil, tecnológica y cuantitativa, dejando de lado aspectos centrales como la estructura y las dinámicas económicas y territoriales de las ciudades. En este sentido, se pusieron en marcha una serie de agendas, instrumentos y acciones tales como los mercados verdes de tecnologías y dispositivos de mayor eficiencia o ahorro energético, los mercados de fuentes renovables de energía y de productos de consumo minoritario, así como los instrumentos políticos, económicos y financieros que incentivan prácticas verdes o los programas de conservación o restauración ambiental, entre otros.

En el caso de la Ciudad de México, se han implementado cuatro estrategias locales de acción climática durante el período que va de 2002 a 2021. Dichas estrategias obedecen a los principios establecidos por el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París y, en consecuencia, tuvieron como objetivo central disminuir las emisiones de GEI a través de acciones de carácter técnico y de mercado: compra y uso de tecnologías, dispositivos y energías verdes, la construcción de sistemas de transporte (Metrobús) con base en los MDL y dejados al sector privado para su operación y usufructo, así como el fomento de conductas verdes tales como la separación de los residuos sólidos, el ahorro de luz o agua o la compra de dispositivos ahorradores. Otras acciones tuvieron un carácter más cualitativo y dirigido a regular la expansión urbana o la actividad económica, tal como en las agendas locales 2014-2020 y 2021-2050, en las que se establecieron acciones para contener la mancha urbana, conservar y restaurar las áreas verdes de la ciudad o planificar el territorio para favorecer el bienestar social y ambiental. Sin embargo, hasta el momento, la extensión de la ciudad, particularmente, a las áreas verdes como el suelo de conservación no ha sido regulada y los procesos de especulación y gentrificación continúan en auge.

Un elemento central a destacar es que las distintas estrategias implementadas en las agendas locales de la CDMX obedecen a una estrategia internacional, en donde se establece un “consenso” sobre una problemática y la forma de cómo afrontarla. Al respecto se elude una discusión política que podría cuestionar la perspectiva mercantilista adoptada, en donde surgieran diferentes medidas para cuestiones ambientales, más allá de solo reproducir en el ámbito local el consenso post-político internacional.

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[1] La política del cambio climático de Naciones Unidas está dividida en dos formas principales de acción: mitigación y adaptación. La mitigación busca la reducción de las emisiones, mientras que la adaptación procura disminuir localmente la vulnerabilidad de las comunidades humanas.

[2] La vulnerabilidad se entiende como “propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación” (IPCC, 2018).

Meta global	Objetivo	Acción
Reducir en 12 millones de toneladas de CO2 para 2012, así como lograr implementar un programa de adaptación	Reducir las emisiones de CO2	Elaboración del Plan de Acción Climática del Distrito Federal.
	Impulsar y fortalecer el mercado de las energías renovables	Apoyo de las acciones de los planes de movilidad, agua, aire, espacio público, residuos y energía que reditúan en la disminución de emisiones de GEI.
	Realizar acciones de adaptación para la población.	Establecimiento de medidas de adaptación para la población en general.

Eje	Acciones
Transición energética urbana y rural	1. Modernización y eficiencia energética en el Sistema de Transporte Colectivo (STC). 2. Programa de ahorro de energía en hogares, edificios y en la extracción, transporte y distribución del agua.
Contención de la mancha urbana	1. Programa de Planeación Territorial que integre políticas ambientales y urbanas. 2. Programa de aprovechamiento de predios o inmuebles subutilizados. 3. Incremento y rehabilitación de áreas verdes intraurbanas.
Mejoramiento ambiental	1. Chatarrización de microbuses y creación de corredores concesionados. 2. Implementación de nuevos corredores de Metrobús. 3. Implementación de esquemas para la movilidad intermodal en zonas estratégicas de la ciudad. 4. Uso de tecnologías para aprovechar los residuos dentro del DF. 5. Programa de supresión de fugas y rehabilitación de tuberías.
Manejo sostenible de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad.	1. Creación de la Ley para la Protección, Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Distrito Federal. 2. Obras de conservación de suelo y agua en el suelo de conservación.
Construcción de la resiliencia de la ciudad.	1. Actualización del Atlas de Peligros y Riesgos del Distrito Federal. 2. Programa de Prevención de riesgos hidrometeorológicos. 3. Diseño de un Fondo Ambiental de Cambio Climático para el D.F.
Educación y comunicación	1. Homologación de conceptos educativos en el tema ambiental. 2. Desarrollar catálogo de educación ambiental.
Investigación y desarrollo	1. Reducir la circulación de transporte de carga. 2. Mejora de indicadores de adaptación. 3. Construcción de indicadores para la mitigación indirecta.

Eje	Acciones
Movilidad integrada y sustentabilidad.	1. Promover el cambio hacia modelos limpios y públicos de transporte. 2. Impulsar la transición tecnológica de cero emisiones. 3. Consolidar un sistema de movilidad integrada y accesible.
Ciudad solar	1. Fomentar hogares solares. 2. Impulsar la eficiencia, digitalización y uso de energías renovables. 3. Descarbonizar la matriz energética de la ciudad.
Basura cero	1. Prevención de la generación de residuos y rediseñar bienes y servicios. 2. Gestión sustentable de los residuos sólidos. 3. Aprovechamiento energético de los residuos. 4. Mejora del tratamiento de las aguas residuales.
Manejo sustentable del agua y rescate de ríos y cuerpos de agua	1. Mejorar el sistema de suministro de agua. 2. Promover la recarga y uso sustentable del acuífero y restaurar y conservar las cuencas hidrológicas, los ríos y cuerpos de agua. 3. Reducir los riesgos hídricos asociados al cambio climático.
Revegetación de la urbe	1. Conservar y restaurar el suelo de conservación, así como las áreas de valor ambiental. 2. Fomentar y fortalecer los sistemas agroalimentarios. 3. Revegetar las zonas urbanas y recuperar las áreas verdes
Capacidad adaptativa y resiliencia urbana	1. Impulsar un ordenamiento territorial equitativo e incluyente. 2. Implementar sistemas de alerta temprana y protocolos de prevención frente a peligros hidrometeorológicos, epidemiológicos y climáticos.
Calidad del aire	1. Ejecutar acciones conjuntas para maximizar sinergias entre cambio climático, calidad del aire y salud. 2. Desarrollar la investigación, fortalecimiento de capacidades e intercambio técnico y tecnológico para objetivos compartidos entre el cambio climático y la calidad del aire.
Cultura climática	1. Fomentar y consolidar la educación ambiental y la investigación sobre cambio climático. 2. Impulsar patrones de producción y consumo sustentables.