PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA EN EL ESCENARIO DE POSCONFLICTO: CASO URABÁ ANTIOQUEÑO

SOCIO-POLITICAL PARTICIPATION IN THE POST-CONFLICT SCENARIO: THE CASE OF URABÁ ANTIOQUIA.

Recibido el 2 de septiembre del 2023 Aceptado el 11 de enero del 2024

Páginas 417-443
Financiamiento: La investigación fue autofinanciada por los autores.

Conflictos de interés: Los autores declaran no presentar conflicto de interés.

Este artículo es resultado del proyecto investigación denominado Valoración de la paz en un escenario de posconflicto en Colombia. ¿Qué impactos puede haber en un escenario de Paz en Colombia? Caso Urabá antioqueño. Investigación avalada por la Dirección de investigación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y su convocatoria de Investigación formativa.

El acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC suscitó la esperanza de la terminación del más largo conflicto armado en América. Se pretende indagar la incidencia de los acuerdos pactados con este grupo guerrillero en el ámbito sociopolítico del eje bananero de la subregión del Urabá antioqueño. Para esta investigación se dispuso del enfoque cualitativo y método inductivo mediante la recolección de información hemerográfica y aplicación de entrevistas semiestructuradas. Entre otras conclusiones, se tiene que con el acuerdo se observa un intento por retomar y fortalecer la participación y movilización, sin embargo, para algunos líderes sociales esta activación es muy lenta; así como que las manifestaciones entre los años 2008 y 2018 fueron esporádicas, en comparación con el fervor de las movilizaciones sindicales, de tierras y derechos sociales de los ochenta.

Palabras claves: Proceso de paz; Colombia; Participación Política; Movilización;

The agreement between the Colombian State and the FARC guerrilla raised the hope of ending the longest armed conflict in the Americas. The aim is to investigate the incidence of the agreements reached with this guerrilla group in the socio-political environment of the banana axis of the Urabá sub-region of Antioquia. For this research, the qualitative approach and inductive method were used through the collection of hemerographic information and the application of semi-structured interviews. Among other conclusions, we have that with the agreement there is an attempt to resume and strengthen participation and mobilization, however, for some social leaders this activation is very slow; as well as that the demonstrations between 2008 and 2018 were sporadic, compared to the fervor of the union, land and social rights mobilizations of the eighties.

El acuerdo de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), suscitó una esperanza en relación con la culminación del conflicto que por más de 50 años ha golpeado a Colombia. La evolución y análisis del conflicto armado ha estado centrado, en su mayoría, en los alcances, impactos, modos y accionar de los actores en conflicto, sumado a los efectos que se derivan de la confrontación entre los mismos.

La mayor complejidad e intensidad del conflicto, se presentará a finales del siglo XX e inicios del XXI, periodo en el cual el conflicto se vio recrudecido por dos factores fundamentales: i) el apogeo del narcotráfico, permitiendo el movimiento de cuantiosas sumas de dinero que les proporciona a los grupos en confrontación una fuente de financiación; y ii) la incursión de los grupos paramilitares o de autodefensas^[1] contrarias a las guerrillas que surgieron en connivencia con el Estado.

Durante este periodo, postrimerías del siglo XX y albores del XXI se observa un aumento en las acciones de guerrilla y grupos paramilitares, Restrepo et al (2006) plantea que la letalidad y fuerte actividad del conflicto en Colombia se presentó a finales de los años noventa y principios del siglo XXI. Se considera un periodo de fuertes convulsiones donde los grupos armados ilegales (GAI) estaban cada vez más fortalecidos^[2].

La subregión del Urabá Antioqueño no ha sido ajena a lo planteado anteriormente, pues ha tenido que enfrentar diferentes situaciones y escenarios marcados por la confrontación armada que han dejado una estela de dolor y muerte durante los últimos cincuenta años. En ese sentido, este artículo busca indagar la incidencia de los acuerdos pactados con las FARC en la participación sociopolítica de la subregión del eje bananero del Urabá.

Las FARC-EP llegaron en los años 70 al Urabá aprovechando su estratégica ubicación geográfica y el descontento de la población ante las condiciones de extrema pobreza, a pesar de existir allí importantes explotaciones bananeras. Por su parte, el fenómeno del paramilitarismo, se fortaleció a mediados de la década de los ochenta para proteger a los grandes empresarios de la zona. Un Estado débil olvidó la región por varias décadas desencadenándose una guerra por el dominio territorial y control sociopolítico de sus habitantes (Carroll, 2015).

En esta investigación se trabajaron los conceptos de participación, participación política, y movilización social, frente a los cuales se intentará presentar la discusión y fronteras conceptuales presentes en los mismos.

En lo que refiere a participación, ésta se concibe en su definición básica como “tomar parte personalmente, un tomar parte activo que verdaderamente sea mío, decidido y buscado libremente por mí” (Sartori, 1993), es decir, implica movilizarme de manera autónoma, espontánea y no esperar a ser puesto en movimiento por otros (movilización). La participación entonces, es el fundamento o pegamento base de la democracia, en tanto, se convierte en un valor imperativo para influir en la toma de decisiones, de hecho como señala Pateman (1970) citado por Arias Maldonado “se aprende a participar participando” (2016, pág. 152), por cuanto, incluso, los mecanismos de participación ciudadana tienen un papel secundario respecto al fomento del deseo participativo que nace desde abajo, desde los mismos ciudadanos. Es importante llamar la atención acerca de las actividades que involucra la participación ya que éstas pueden ser, de acuerdo con Mateos (2016), legales o ilegales, de apoyo o de represión, de iniciativa individual, colectiva o institucional, de forma esporádica o habitual.

Frente a la movilización social se destaca que es una expresión de acción colectiva o conjunta, que persigue intereses comunes y que para gestionar dicho interés común, desarrolla movilización para influir en los “modos de pensar, decidir, actuar, e imaginar un proyecto de sociedad garantizando la participación de sectores diferentes” (Marín, 2009).

En Colombia se llevó a cabo un proyecto de modernización democrática con la implementación de la Constitución Política de 1991 tal como lo plantea León (2017) teniendo en cuenta a Mejía Quintana (2011). Esta Carta es resultado de un acuerdo participativo entre múltiples sectores, que buscaban aumentar la legitimidad del Estado al instaurar una democracia incluyente, pluralista, con espacios de participación para todos los actores. La constitución de 1991 se presenta como una oportunidad de inclusión de las minorías políticas, étnicas y culturales, consagrando no solo los derechos fundamentales, sino los derechos de tercera generación; así como también, diferentes mecanismos de protección de los derechos como: la tutela y de participación ciudadana, como: la consulta popular, el plebiscito y el referendo.

De manera general, la participación política puede definirse como “toda actividad de los ciudadanos que está dirigida a intervenir en la designación de los gobernantes y/o a influir en las instituciones y actores encargadas del funcionamiento del sistema político” (Mateos, 2016, pág. 313). Esta definición hace hincapié en la acción política individual de influir en la selección de un gobierno, ciertamente, una acción muy vinculada al momento electoral mediante el voto; pero a su vez, reconoce la importancia de todo tipo de acción o comportamiento político, (no necesariamente electoral) activo o pasivo, promovido por organizaciones con carácter colectivo.

Existen diferentes dimensiones bajo las cuales se puede operacionalizar la participación política con el ánimo de hacer más factible su medición y análisis, esta investigación se apoyó en varios de las dimensiones expuestas en la taxonomía simple que toma en cuenta formas de participación de acuerdo con el tipo de actividad, a saber: votar, participar en campaña partidista, desarrollar actividad grupal, establecer contactos y protestar. Es importante aclarar que con la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación, han aparecido otras formas de participación online que vienen a reforzar las formas tradicionales, vale la pena aclarar que las nuevas que se dan el espacio de la web, no se tuvieron en cuenta en esta investigación por cuanto constituiría un foco importante para futuras investigaciones.

Algunos de los indicadores de las dimensiones 1) votar, 2) desarrollar actividad grupal y 3) protestar, considerados para medir la participación política utilizando la taxonomía simple de Parry, et al (1992) citado por (Mateos, 2016) fueron; en la primera dimensión; A) voto en elecciones locales/municipales y B) voto en elecciones parlamentarias/presidenciales. Frente a la segunda: A) participación en grupo organizado y B) utilización de un grupo para transmitir un issue o problema y en la tercera: A) participación en una manifestación.

Esta investigación se inscribe en el enfoque cualitativo en la que se analiza información a partir de la construcción de una base de datos hemerográfica desde el 2008 hasta el 2018 del periódico El Colombiano, que permitió recoger y sistematizar cuantitativa y cualitativamente el número de movilizaciones y la continuidad de dichos procesos que se presentaron en la región durante el periodo señalado; asimismo, frente al caso de estudio, se aplicó la entrevista semiestructurada, como técnica que permitió recoger información a profundidad de una muestra cualitativamente representativa, líderes y víctimas de la región.

Se utilizó el método inductivo en tanto la pretensión es estudiar la particularidad de la subregión del Urabá, en aras de explicar la participación sociopolítica en un escenario de pos-acuerdo para lo cual se revisó el contenido del punto dos del acuerdo, que atañe a la participación política para la apertura democrática. La investigación es de alcance exploratorio y de tipo documental, puesto que no existen estudios fácticos e investigaciones consolidadas sobre las consecuencias de una paz, como ausencia de guerra, y su impacto en las variables sociopolíticas.

La entrevista semiestructurada se adelantó mediante un cuestionario con cinco preguntas las cuales permitieron una profundización y diálogo abierto sobre el tema; para la validación del instrumento, se aplicó la evaluación inter-jueces, esto es, se seleccionaron dos expertos en el tema de conflictos, los cuales retroalimentaron con sugerencias el instrumento. La entrevista se aplicó a una muestra caracterizada por estar integrada por líderes sociales con experiencia y conocimiento de la situación en la subregión objeto de estudio (ver tabla 1).

La técnica de la entrevista se caracteriza por ser dirigida, por lo que la selección de los entrevistados no fue fortuita, obedece a personas con trayectoria como líderes sociales, trabajo con víctimas, desplazados y amplio conocimiento de la región. En un estudio cualitativo, de acuerdo con Monje (2011) “es difícil determinar a cuántas personas ha de entrevistarse” pues depende de la riqueza de cada caso; y no de su número, de la disposición de los entrevistados frente a la investigación, que para el caso, plantearon sus posturas, imaginarios y percepciones con total libertad frente a la movilización social y política, y también de la efectividad de las técnicas; en este punto es importante hacer hincapié, en que también se recogió información hemerográfica consignada en prensa.

La interpretación de las entrevistas se realizó mediante el análisis de contenido, en el que se revisaron las variables participación política, participación social, posconflicto y categorías como movilización social, votaciones y organizaciones.

El Urabá antioqueño es una subregión caracterizada por una posición geográfica privilegiada; con su salida al mar, las condiciones climáticas y tierras fértiles, se ha convertido en punto clave de desarrollo agroindustrial e importante acceso marítimo, lo cual ha motivado numerosos enfrentamientos de carácter bélico entre distintos actores a lo largo de cinco décadas por el control del territorio. Esta violencia perpetrada por diferentes bandos, con diversidad de intereses, ha dejado a su paso una estela de muerte y dolor para las comunidades que vivieron en medio del fuego cruzado.

El Urabá, y más exactamente el eje bananero, ha sido una región muy apetecida por los (GAI) debido a la riqueza de recursos naturales, lo cual también ha servido para que sus habitantes se reconstruyan una y otra vez pese a la violencia vivida por décadas. La región ha configurado una sociedad con un carácter contestatario, con alta participación en los conflictos sociales que ha manifestado su tendencia a la participación política y electoral histórica.

La historia de la violencia en el eje bananero se remonta a finales de la década del sesenta, cuando comenzaron a llegar grandes compañías con interés de invertir sus capitales en la producción bananera, generando trabajo y al mismo tiempo transformando el territorio y la dinámica en la relación de la población con el mismo, así lo señala Lombana Reyes (2012) cuando destaca que el paisaje de bosques naturales y pequeñas parcelas campesinas fueron convertidos en cultivos de banano; mediante un agresivo proceso de concentración de la tierra que proletarizó a la población campesina y la desplazó a la periferia.

Este impulso económico que trajo consigo la agroindustria bananera, no contó con un Estado regulador de las relaciones laborales ni garante de estos derechos, lo que sirvió para alimentar el descontento de los trabajadores, al ver cómo la producción y las ganancias para las compañías aumentaban, en detrimento, de sus condiciones laborales que se veían desmejoradas. No contar con prestaciones sociales legales, extensas jornadas que superaban las 16 horas, salarios por jornal, dormir y vivir en improvisados cambuches dentro de las fincas ante la negativa de los patrones de permitirles abandonarlas para visitar a sus familias, entre otros excesos en el manejo del personal, produjeron una sobreexplotación del obrero agrícola al tiempo que favoreció la posición de poder del empresariado bananero, gracias al amparo del Estado, en palabras de Bejarano:

Esta sobreexplotación fue posibilitada gracias al poder y la autonomía acumulados por el núcleo de empresarios que, organizados desde 1963 en un poderoso gremio de productores (AUGURA), lograron inhibir cualquier forma defensiva del salario frente a una masa trabajadora débil en su organización para la defensa de sus intereses (Bejarano, 1988, pág. 49).

La construcción de la vía al mar para el mejoramiento del transporte de carga, necesario para la industria bananera y para la disposición de la fuerza pública, buscaba mantener el orden y la seguridad en pro de los empresarios bananeros mediante intimidaciones, seguimientos e incluso asesinatos a sindicalistas que empezaron a organizarse de los setenta (Lombana Reyes, 2012) e integraban movimientos de ocupación de tierras.

Estas acciones produjeron un desequilibrio en la configuración de las relaciones entre las comunidades locales con los sectores económicos, inclinando la balanza a favor de estos últimos, lo cual forzó el surgimiento de los sindicatos. Para 1964, el primer sindicato en formarse fue SINTRABANANO, el cual fue fundado por integrantes de FEDETA (Federación de Trabajadores de Antioquia) con gran influencia del partido comunista colombiano (PCC) y, por consiguiente, de las FARC. Ocho años después, en 1972, seria creado SINTAGRO, más cercano con el Partido Comunista- Marxista Leninista (PC-ML) y el EPL (Celis Ospina, 2004).

La carretera al mar, que conecta el municipio de Turbo con Medellín, significó la apertura de la economía del eje bananero a todos aquellos que estaban en busca de mejores oportunidades. Esto representó un auge para el sector agrícola y para las familias campesinas que, paradójicamente, intentaba huir de la violencia en sus regiones (Bejarano, 1988), y vieron cómo una gran opción iniciar una nueva vida como trabajadores del sector bananero, pese a las condiciones laborales.

La masiva llegada de migrantes, proveniente de diferentes zonas del país, produjo una desordenada colonización de las tierras aledañas a los cultivos bananeros. Asentamientos precarios que no contaban con ningún tipo de plan de ordenamiento, así como la escasa presencia del Estado, fortaleció la aparición de actores políticos contestatarios como el PCC y PC-ML. El primero, “que no solo subordinaba la lucha armada a la lucha política, sino que defendía la lucha electoral y restringía la lucha armada a focos de defensa y resistencia” (Suárez, 2007, pág. 99), cuyo brazo armado, las FARC-EP, había iniciado un proceso ideológico en los pobladores; mientras que el segundo, el PC-ML, de carácter más beligerante “no solo defendía la prevalencia absoluta de la lucha armada, sino que rechazaba la participación electoral y la concepción de la lucha armada restringida a la autodefensa” (Suárez, 2007, pág. 99), representado en la lucha armada revolucionaria por el EPL.

En los setenta se acentúan con mayor fuerza las demandas sociales. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), emprendió una campaña de invasión y recuperación de tierras a través de una lucha agraria; que el EPL supo capitalizar para justificar su revolución política y militar, al igual que conseguir asentamientos que permitirían crear lazos necesarios para interactuar con las comunidades y obtener respaldo en torno a su posición ideológica.

El PC y las FARC-EP, por su parte, apoyaban a los campesinos a través del trabajo proselitista combinado con el uso de las armas; llevando a cabo la invasión y posterior distribución de hectáreas de terrenos entre las familias de migrantes y campesinos; como una forma de llenar el vacío dejado por el Estado; además de demostrar su capacidad militar con la realización del secuestro de empresarios bananeros (Gutiérrez Sanín, 2014). Esto se tradujo en una victoria política a través de su participación en las urnas, “a través de la Unión Nacional de Oposición (UNO) al lograr dos asientos en el concejo de Apartado y convertirse, a pesar de las hostilidades en contra, en la segunda fuerza política del municipio” (Ramirez Tobón, 1997, pág. 104).

En este punto, el tejido social ha sido transformado desde sus cimientos, pues a lo largo de los años, cada grupo, independientemente de su ideología, termina por cooptar la sociedad, ya sea desde el apoyo sindical, el trabajo comunitario o proselitismo. Este periodo se caracterizó por la represión emprendida por empresarios del gremio bananero, condenando cualquier forma de agrupación ciudadana, mediante despidos masivos, amenazas a sindicalistas y explotación laboral en el sector.

El creciente desarrollo productivo de la región logró su objetivo al llenar las arcas de los terratenientes. La prosperidad económica de la que gozaba la agroindustria era evidente; en contraste, la pobreza y las problemáticas sociales que padecían los habitantes iban en aumento. El acceso a servicios públicos, educación de calidad, salud, vivienda digna y mejores condiciones laborales, eran demandas que parecían no ser escuchadas, por el contrario, eran desconocidas tanto por empresarios como por la mirada esquiva del Estado, cuya obligación es la de garantizar los derechos, el bienestar y desarrollo de la región (Universidad de Antioquia. Instituto de Estudios Regionales, 2003).

Con este panorama de fondo, plantea Gutiérrez (2014) la sindicalización a principio de los 80 creció bruscamente y se crea el escenario perfecto para la demostración del desacuerdo social, por lo cual se llevaron a cabo huelgas y paros, en las que población de municipios de la región exigía la garantía a servicios públicos básicos y acceso a tierras mediante invasiones concentradas en el eje bananero (Lombana Reyes, 2012).

A inicios de 1980, el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) comenzó un accidentado proceso de paz con los GAI. Para 1984, se firmó una tregua bilateral con las FARC-EP, lo cual dio lugar al surgimiento y posterior fortalecimiento del partido político Unión Patriótica (UP). Pese a los hechos de violencia que se presentaron durante la tregua y los tropiezos en los diálogos con el gobierno, las FARC-EP buscaban mantener vivo el proceso, insistiendo en la necesidad de mantener el dialogo y el cese al fuego prolongado.

Por otra parte, el EPL, aunque también firmó un cese al fuego, tuvo varias acciones violentas; además, culpaba al gobierno y fuerzas militares de no tener voluntad para cumplir con los acuerdos, ya que varios dirigentes allegados, fueron asesinados en 1985. Para 1986 el EPL había roto la tregua con el gobierno y retomado sus acciones militares; no obstante, producto del proceso, aumentó el control territorial y fortalecimiento militar ya que dentro de las garantías figuraban que no podían ser detenidos (Garcés Albornoz, 2016, pág. 30). Si bien el gobierno y las FARC-EP insistían en el dialogo y cese al fuego, las acciones de las fuerzas militares, así como de grupos paramilitares en contra de la guerrilla y dirigentes de la UP terminaron por desvanecer cualquier ápice de paz (Villarraga Sarmiento, 2015).

La institucionalización de la elección popular de alcaldes en 1988, como una forma de descentralización del aparato estatal, permitió que el capital político acumulado por las FARC-EP, y ahora UP, encontrara la forma de materializarse y “controlar importantes espacios de decisión política, desde los cuales tuvieron la capacidad de impulsar políticas de apoyo a las clases subalternas de la región” (Lombana Reyes, 2012, pág. 58). Esto significó la participación política de los ciudadanos, permitiéndole, por ejemplo, a la UP ganar en repetidas ocasiones la alcaldía y obtener una representación significativa en los concejos municipales en Apartadó, Chigorodó y Mutatá, como se relaciona en las tablas 2 y 3

Fuente: Elaboración propia con base en Suárez (2007, pág. 181) y (Noches, 2013).

En 1989 nace SINTRAINAGRO, producto de la unificación de los sindicatos SITRABANANO y SINTAGRO y de la presión ejercida por el gobierno con la suspensión de la personería jurídica debido a las constantes huelgas y el paro de Urabá de 1988 promovidos por las FARC y el EPL (Celis Ospina, 2004). Acerca de los motivos que llevaron a la fusión de estas centrales sindicales, uno de los entrevistados menciona:

Se fusionaron precisamente después de grandes jornadas de lucha, después de haber realizado un paro contra una jefatura militar que fue una figura que se estableció en la zona en la cual se le entregaron grandes poderes al estatuto militar, no solo en temas de orden público sino también en temas administrativos; se les quitaban competencias a los alcaldes y al mismo gobernador de Antioquia. Se logró derrotar una especie de empadronamiento que se iba a establecer en la zona bananera con un paro de 15 días, se hizo un paro cívico beligerante allá en la zona donde pararon todo al 100%, salieron a las calles y hubo sabotajes y fue un intento de parte nuestra de hacer una pequeña insurrección; entonces a raíz de eso a los dos sindicatos le suspenden la personería jurídica y eso motiva que para evitar un vacío, y evitar tener la posibilidad de seguir negociando convenciones simplemente se unen a través de un sindicato que tenía personería jurídica pero estaba inactivo, entonces ahí nace SINTRAINAGRO en la región de Urabá, como representante de los bananeros (Agudelo, 2019).

Como reacción a la nueva reconfiguración de las fuerzas imperantes en el panorama regional, los empresarios de otros sectores agrarios buscaron la forma de contrarrestar las acciones armadas y la capacidad sindical de los actuales actores, con la financiación de grupos de autodefensas. Para tales fines, representantes de ganaderos y agroindustriales del banano, en asocio con agentes del ejército, buscaron la asesoría y el entrenamiento en defensa de grupos civiles quienes, después, serían los responsables de las más atroces masacres y asesinatos en varias regiones del país. (Valencia, 2007) (Duncan, 2007) (Behar & Ardila Behar, 2012) (Gutiérrez Sanín, 2014) (Vargas Reina, 2016) (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018).

Las acciones emprendidas por los grupos paramilitares en gestación, se enfocaron en las masacres de obreros del sector bananero como repercusiones a la guerrilla del EPL, los hechos sucedieron en fincas que habían sido invadidas por su movimiento de recuperación de tierras. Según Suarez (2007, pág. 118) “en menos de 40 días fueron asesinados más de 50 obreros bananeros en zonas contiguas geográficamente como Nueva Colonia, Currulao y el Tres”, en el municipio de Turbo entre marzo y abril de 1988.

Para inicios de los 90 la capacidad gremial de SINTRAINAGRO de entablar negociaciones fructíferas con los representantes bananeros se reafirma. Esto supone un cambio en las dinámicas regionales, alentando la necesidad de articular las relaciones laborales y la garantía de protección de los derechos humanos en el eje bananero.

El creciente debilitamiento del EPL y su ruptura con la ideología comunista, lleva a esta guerrilla a firmar la paz con el gobierno de Gaviria (1990-1994) en 1991 y posteriormente convertirse en el movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Lo cual los convirtió en un nuevo actor en el escenario electoral, obteniendo algunas curules en los concejos municipales, permitiéndoles gestionar proyectos y recursos para las comunidades.

Este cambio de dinámica en el juego de la izquierda trae consigo la arremetida paramilitar en búsqueda de la hegemonía y control total de las regiones fortín del EPL. Así lo manifiesta Espinoza: “el paramilitarismo es, desde entonces, el actor fundamental en la configuración regional desplazando para este efecto la confrontación entre las que fueron las guerrillas hegemónicas en la región” (2012, pág. 299).

La evolución del conflicto armado con la incursión de los paramilitares en el escenario de confrontación causa una transformación en las relaciones con la sociedad civil y las dinámicas sociales de la región (Medina Gallego, 2005), (Madariaga, 2006) (Barbosa Vargas, 2015) (Espinosa M, 2012) (Vargas Reina, 2016). Los paramilitares se encuentran con una sociedad que posee una alta participación y organización social y política, como resultado de décadas de lucha por sus derechos y condiciones de vida dignas a través de las organizaciones sindicales y la movilización social. Esto implicó un reto para los paramilitares y su proyecto de expansión y control; sólo el uso de tácticas de violencia indiscriminada (Ávila, 2019) fueron la herramienta a través de la cual fue posible la destrucción de las bases sociales de la oposición, dado que todo lo que fuera contrario a los “ideales” paramilitares era considerado objetivo militar.

Fue tal la guerra desatada por los paramilitares, en cabeza de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en contra de las FARC y el partido político de la (UP), los sindicalistas y líderes sociales, además de la persecución y asedio a los desmovilizados del EPL por parte de las FARC, que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, declaró a Urabá “Zona Especial de Orden Público” en 1996 (Suárez, 2007). La violencia desatada se produjo en el marco de la denominada “Pacificación del Urabá” (Romero (Edit), y otros, 2007) (Tenthoff, 2008) (Espinosa M, 2012), (Lombana Reyes, 2012) (Monroy Álvarez, 2013) (Gutiérrez Sanín, 2014) proyecto liderado por Carlos Castaño y apoyado por el Estado, empresarios bananeros, agricultores y dueños de fincas afectadas por el accionar de las guerrillas (Medina Gallego, 2005); en el cual se ejecutaron cientos de masacres so pretexto de aniquilar la “Izquierda” y al “sindicalismo militante y beligerante” (Lombana Reyes, 2012, pág. 63) (Vargas Reina, 2016).

No es casualidad que el aumento sostenido de asesinatos en contra de los sindicalistas en el Urabá coincida con la llegada de los paramilitares a la región. Desde 1988 a 1996 los homicidios de sindicalistas que se registraron en el eje bananero se distribuyen así: Turbo (53), Apartadó (30), Carepa (22) y Chigorodó (22) (Echandía Castilla, 2013, pág. 107). Así lo resalta el testimonio de la entrevistada quien menciona como una cantidad de líderes fueron asesinados en la arremetida paramilitar.

Usted podía estar acá en el Urabá si usted no se metía absolutamente en nada de la guerra, de resto, quien intervenía, por ejemplo, San José de Apartadó, donde era una población muy contestataria, una población que hizo reclamos, una población que exigió, pues esa población fue tildada de guerrillera y de esa población murieron la mayoría de los líderes. Todo líder que apareció aquí en la década del 90, tenga la absoluta seguridad, que esos líderes en este momento están bajo tierra. Entonces la participación política aquí fue ¿usted quiere vivir o quiere morir? Quiere vivir, cállese, quiere morir, exprésese (Entrevistado 3, 2019).

El nuevo orden regional impuesto por los paramilitares estaba más que consolidado para inicios de los 2000 a través de la estrategia de tierra arrasada, con la cual lograron acaparar grandes extensiones de tierra, que después servirían como fuente primaria de ingresos, gracias a los cultivos o la ganadería extensiva que predominó en estas zonas. Esta consolidación no hubiera sido posible, en una subregión con una histórica participación y organización social, sin la ejecución de tres tácticas determinantes. La primera, fue la acumulación de tierras, a través del despojo y el desplazamiento forzado, ocasionado en gran medida por las alianzas del sector agrícola y bananero de la región con los paramilitares, a los campesinos y mini latifundistas^[4] (Medina Gallego, 2005) (Tenthoff, 2008) (Lombana Reyes, 2012) (Barbosa Vargas, 2015) (Ávila, 2019). La segunda, fue el empoderamiento político, el cual se obtuvo a través del asesinato selectivo que logró sembrar el miedo eliminando los liderazgos de la población civil, mientras se llevaba a cabo el exterminio de militantes políticos de la UP (Suárez, 2007) (Ávila, 2019) (Echandía Castilla, 2013). La tercera, la aplicación de la violencia extrema a través de masacres en contra de la población civil desarmada; esta feroz táctica, era rápida y efectiva ya que les permitió crear una base social nueva y altamente confiable a partir de la destrucción de la base social preexistente.

Pese al alto grado de resistencia que mostraba la población civil, el interés paramilitar por desarticular la ya estructurada organización social dentro del eje bananero no tendría otro fin que el de cooptar el poder político de la región. Para el año 1996 la UP había sido diezmada en su totalidad, las FARC replegadas y los sindicatos doblegados, sumándole el hecho de que los desmovilizados de Esperanza, Paz y Libertad (EPL) ahora engrosaban las filas del paramilitarismo gracias al apoyo recibido por ellos durante la persecución de la que fueron víctimas por parte de las FARC y las disidencias del Ejército Popular de Liberación.

Tal situación significó la nueva configuración paramilitar en el eje bananero, con los desmovilizados de EPL retomando el mando de SINTRAINAGRO, reconfigurando así las relaciones obrero patronales a favor del empresariado bananero, perdiendo fuerza como agente crítico y demandante de mejores condiciones humano-laborales. Esto dio lugar al desmantelamiento de las garantías laborales y obligó a los obreros a trabajar sin hacer ningún tipo de demanda o solicitud de mejora de sus condiciones bajo todo tipo de amenazas (Lombana Reyes, 2012); y a su vez, robusteciendo su participación política, logrando hacerse con la administración de varios municipios para el año 1997, con la anuencia de los Hermanos Castaño y hasta de la misma Iglesia, en cabeza de Monseñor Isaías Duarte Cancino, obispo de la Diócesis de Apartadó (Valencia, 2007) (Barbosa Vargas, 2015).

El panorama expuesto coincide con la denominada pacificación de Urabá, que deja ver un papel más activo del Estado a través de la fuerza pública mediante la represión del conflicto, además, del apoyo táctico a las acciones paramilitares (Tenthoff, 2008). El papel del ejército no se limitó al ejercicio bélico, también contribuyó al resquebrajamiento de la organización social al señalar a las guerrillas como las causantes directas de la movilización social (Barbosa Vargas, 2015, pág. 50), deslegitimando el trabajo que durante años los habitantes de la región venían estructurando. La protesta social es prácticamente acallada en la región entre 1994-2004. Así lo señala una de las entrevistadas.

Las mismas mujeres preferían callar, mejor dicho, preferían no saber qué pasó, sabiéndolo y habiéndolo visto. Entonces esa es una década, ustedes la pueden anotar como “la década del silencio en Colombia’’ [de 1995 al 2006]. Toda esa década, la incursión la hacían, la participación era solamente de alguna manera, no había posibilidad de expresión, una expresión totalmente negada. Participábamos o trabajábamos quienes estábamos atendiendo a las víctimas con los programas que realizábamos, óigame bien, siempre y cuando no apareciera metido en política de ninguna clase (Entrevistado 3, 2019).

El aumento en la presencia de la fuerza pública es directamente proporcional al aumento de la presencia de los paramilitares en el territorio, por ejemplo, la Brigada XVII se crea el 14 de diciembre de 1993, lo que indudablemente significó mayor presencia institucional. En la gráfica 1 se aprecia cómo el aumento de las acciones violentas de la fuerza pública guarda una relación proporcional a las acciones violentas de los paramilitares.

Fuente: Elaboración propia con base en Suárez (2007) Banco de Datos Noche y Niebla del CINEP en Barbosa Vargas, (2015) y (Espinosa M, 2012)

Para el año 2003 la consolidación del proyecto paramilitar era substantiva, el fulgor de la protesta social, las marchas, manifestaciones y paros fueron cosa del pasado. El gobierno de la época entabla diálogos en busca de una posible desmovilización de las AUC, con lo cual se esperaría una reducción en las persecuciones, homicidios, desplazamientos forzados y despojo de tierras. Paradójicamente, lo que se dio en el territorio no fue la desaparición, sino la consolidación del orden territorial y económico mediante cultivos extensivos de palma de aceite, cacao y caucho y la reaparición de bandas emergentes (Lombana Reyes, 2012).

El afianzamiento del proyecto paramilitar en Urabá representa la fractura de una sociedad participativa y organizada que pasó de la amenaza e influencia de un grupo armado a otro, llevando a la continuidad de una espiral de violencia que parece nunca terminar (Ortíz Sarmiento, 2017). Lo que no permite consolidar un proyecto de desarrollo social y territorial alejado de las prácticas violentas.

El escenario que surge posterior a la desmovilización del paramilitarismo es un contexto de cooptación y temor, en el que las masivas movilizaciones, los intensos reclamos, voces y liderazgos alternativos se vieron diezmados de la escena sociopolítica. Esto afecta directamente la participación política y, por supuesto, la social; la cual, por una parte, pierde base con el desplazamiento forzado masivo y por otra, no se moviliza o manifiesta debido a las amenazas y terror que infunden los GAI, es decir, en su objetivo los violentos ganaron en aplacar el ánimo participativo.

La característica participación y movilización propia de esta subregión, si bien fue disminuida, aún insiste en ocupar un lugar en el escenario de la última década: las demandas sociales que persisten históricamente, el descontento con las administraciones municipales, la violencia y la corrupción, dan cuenta de las motivaciones que aumentaron la frecuencia de la protesta y movilización social entre 2008 y 2018 (Ver gráficos 2 y 3).

En cuanto a los niveles de participación ciudadana en las urnas, si bien para las elecciones de 2007 se tenía una participación en niveles del 50% del censo electoral; se observa un ligero aumento para las siguientes elecciones, similar para cada uno de los municipios que conforman el eje bananero (Gráfico 4). Este ligero aumento, coincide con hitos como la promulgación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras^[5] y los diálogos de paz con las FARC (mandato del presidente, Juan Manuel Santos 2010-2018).

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La bandera de la paz significó la carta de presentación del presidente Santos para lograr la reelección de su segundo mandato (Villarraga Sarmiento, 2015), hecho que se reflejó en las elecciones de 2014 donde Santos es elegido y en el eje bananero el apoyo fue notable (gráfico 5).

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El proceso de paz con las FARC ha sido importante en términos de disminución de víctimas y enfrentamientos; de acuerdo con Ávila (2019 p. 503) “entre 2012 y 2018 los homicidios se venían reduciendo en cerca de 10 puntos porcentuales, el desplazamiento era apenas del 10% de lo que fue esta victimización en las épocas más álgidas de la guerra”. Este proceso representó una oportunidad para que se abriera el espacio a nuevos procesos de participación y funcionara como catalizador de una conciencia ciudadana más activa.

Sin embargo, para algunos líderes esta activación es muy lenta. Hay intentos de movilización, no como antes, muy esporádicos que no se logran consolidar por diversas circunstancias, así lo manifiestan algunos entrevistados a la pregunta ¿cómo se ha fortalecido la participación en el eje bananero luego de negociación con las FARC?

Un elemento que puede exponer la tímida construcción de estructuras participativas sólidas, fue el poco apoyo que tuvo el plebiscito por la paz el 2 de octubre de 2016. El gráfico seis muestra el nivel de participación en el que se consultó ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Registraduría Nacional del Estado civil.

Como se observa fue una de las tasas más bajas de participación que ha tenido la ciudadanía en el eje bananero, que es la que más concentra los efectos del conflicto vivido en territorio urabaense. Tal vez años de intenso conflicto o la confianza en que “todos” queríamos la paz llevó a sosegarse y no salir a votar, así fuera para darle legitimidad simbólica a un arduo proceso que pretendía cerrar tantos años de enfrentamientos y muertes entre colombianos. Una líder social manifiesta la situación de la siguiente forma: “Urabá hace tiempo no protesta. Pero hay una cosa muy importante cuando el plebiscito, un solo municipio de Urabá ganó el No, en Carepa; pero donde estamos negros, paisas, ganó el Sí. Hasta en el norte gano el Sí” (Salazar, 2019).

Si bien la participación fue baja en comparación con otros eventos electorales, como la elección de alcaldes, es importante resaltar, como indica la líder social en entrevista, que el Sí fue el ganador en tres de los cuatro municipios que constituyen el eje bananero. Lo que deja de manifiesto el interés por alcanzar una terminación del conflicto de una forma diferente al exterminio del opositor.

Un acontecimiento que resalta el interés por dejar atrás todos esos años de conflicto, y tal vez como desagravio a la baja participación plebiscitaria registrada, fue una manifestación realizada 12 días después la cual el periódico El Colombiano registró como “Urabá saca la paz a la calle este viernes” (Isaza, 2016) en la que se reclama la implementación rápida de los acuerdos de paz entre gobierno y FARC.

Otro hecho que puede resaltar este apego a la búsqueda de la paz, y como efecto de los resultados positivos, así sean aún contados, pero significativos, es la votación alcanzada por el candidato de izquierda, Gustavo Petro que, entre otras propuestas, planteaba la implementación de los acuerdos resultantes de las negociaciones con las FARC, mientras que el candidato de derecha, Iván Duque, quien resultó ganador, proponía “revisión” profunda a estos acuerdos.

Sin duda que la elección, al menos en el eje bananero, estuvo reñida entre los dos candidatos, siendo ganador la izquierda en los dos municipios más grandes de la subregión en cuestión.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Registraduría Nacional del Estado civil.

La participación y movilización sociopolítica, ha venido tomando forma, no como se esperaría, pero al menos los espacios se vienen presentando, luego de salir del periodo más violento que se haya podido padecer. Los altibajos de la participación que se desprenden en los testimonios de líderes y datos estadísticos presentados, permiten dejar claro que es con el proceso que se presentan los espacios para que movimientos divergentes y alternativos, que después de la preponderancia paramilitar, se consideraban extintos, volvieran a tener alternativa de participación.

Para mí, desde el punto de vista político, es que quitó del medio un fantasma, un fantasma que impedía que el ciudadano votara por proyectos que en el fondo son los proyectos con los cuales se sienten identificados y yo creo que eso se vivió de una manera clara y para muchos sorprendentes con la votación que tuvo Gustavo Petro, en las elecciones presidenciales en el eje bananero, es decir, el hecho de que en primera vuelta, el que ganó en el eje bananero fue Petro, eso fue de mucho impacto y eso fue sin estructuras políticas, sin infraestructura económica, sin medios, sin logística, sin recursos y fue sorprendente porque a muchos se le había metido en la cabeza que los reyes de Urabá eran los paramilitares, que todo el mundo chorreaba las babas por los paramilitares y que entonces este fue el reinado de los paramilitares (Agudelo, 2019).

Para este líder, en lo político, hubo un reencuentro de las fuerzas de izquierda y alternativas que estaban anteriormente, las cuales quedaron en el ostracismo que, por circunstancias del conflicto, la penetración paramilitar los llevó a retroceder pero que el proceso con las FARC les ha permitido nuevamente oxigenarse y poder asomarse nuevamente, como señala el entrevistado “hay una reconfiguración de la política y se abre paso la posibilidad de que surja unas tendencias nuevas que puedan oxigenar la política regional, dado que en lo regional se degradó mucho”. De ahí que al preguntársele ¿Eso, se puede decir, que se le agradece al proceso de paz? responde

Claro, indudablemente!, es muy importante porque para mí es el efecto más grande que tiene el proceso de las FARC a nivel nacional, el efecto Petro es una posibilidad real que nunca la hubo, es todo eso, vea la gente tiene el fantasma de las FARC, la gente asociaba fuerza independiente, fuerza de izquierda, el verde, el que no fuera o estuviera de al lado de las políticas de las elites la gente la asociaba muy fácil con las FARC y con todos los odios que hay y con todas imágenes que hay como grupo armado, pues eso lo utilizaban y la gente así estuviera inconforme no votaba. Pensaban que de una u otra manera eran de las FARC o eran agentes de las FARC (Agudelo, 2019).

Tal vez no haya manifestaciones multitudinarias o los grandes paros de los años 70, pero sí una manera es la de la expresión por medio del voto, una forma que a veces se sale de la tendencia del departamento como fue en las presidenciales de 2014 y 2018. Una de las lideresas entrevistadas lo presenta así; “si, pongamos cuando las presidenciales, yo creo que ganar la Colombia Humana [Gustavo Petro] en Apartadó es un logro de la ciudadanía” (Salazar, 2019).

La violencia menoscabó la participación sociopolítica en la subregión de Urabá. El accionar violento generado por la guerrilla y los paramilitares durante los años ochenta y especialmente noventas aplacó la fulgurante movilización de sindicatos y movimientos sociales que lucharon por sus derechos. Un denominador común en las masacres, tanto de guerrillas como de paramilitares, fueron las personas que hacían parte de organizaciones sociales políticas, que tal vez no se inmiscuían en asuntos militares. Su trabajo o actividad eran la acción social, como lo sindical.

Todo el proceso vivido en la región demuestra el deterioro de la capacidad de participación, agremiación y movilización por parte de una población que en su momento fue bastante activa. Si bien fue cooptada por grupos armados, resalta la capacidad para defender su territorio y derechos. El eje bananero fue uno de los territorios que más se movilizó por la mejora de sus condiciones de vida; asimismo, el movimiento sindical fue uno de los más dinámicos en el país, a pesar de las condiciones en las que se tenía que realizar la labor.

El panorama cambió para inicios del siglo XXI y el accionar paramilitar tuvo sus consecuencias: la disminución de los sindicatos, en cuanto a importancia y capacidad de movilización social, aunados al miedo y temor que se generaba. Así, las manifestaciones entre el 2008 y 2018 son esporádicas, pero asoman, tal vez no con tanta fuerza en comparación con el fervor de las movilizaciones sindicales, de tierras y derechos sociales de los años setenta y ochenta.

El escenario del posconflicto, a pesar de no brindar la paz estable y duradera prometida por el reciente acuerdo de paz, ha brindado espacios de participación ciudadana importantes en el eje bananero, como lo son la formulación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales fortalecen las estructuras participativas locales e invitan a la retoma del poder público ostentado por el pueblo. Otro escenario identificado es el político, el cual se ha visto enriquecido por líderes y posturas no convencionales (centro y progresistas), evidentemente ha tomado fuerza e incrementado sustancialmente en las últimas décadas, esto debido al cambio de las fuerzas y estructuras políticas.

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[1] “El paramilitarismo como estrategia contrainsurgente en Colombia ha sido una política de Estado, no ha sido un hecho aislado o coyuntural, ha correspondido a una ideología de terrorismo de Estado con sus naturales variaciones dependiendo de las circunstancias”. Velásques Rivera, Edgar. “Historia del paramilitarismo en Colombia”. História, Sao Paulo, 26(1), (2007): 134-153.

[2] Es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (EPL) entre otros, en cuanto a las guerrillas; y Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) respecto a los paramilitares.

[4] Urabá fue la segunda subregión de Antioquia con mayor porcentaje de expulsados (54%), concentrados en Apartadó (21,4%), Turbo (19,2%) y Mutatá ( 13,4%); y la primera con mayor abandono forzado de tierras, (15,2%) del total departamental, donde sobresalen Mutatá (37,3%), Apartadó (18,5%) y Turbo (17,6%) lo que representa el 74% del total de Urabá. Gaviria, Carlos, & Muñoz, Juan Carlos. Desplazamiento forzado y propiedad de la tierra en Antioquia 1996- 2004. Lecturas de Economía(66), (2007): 9- 46.

[5] Ley 1448 de 2011 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

[6] Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que surgieron de los acuerdos con las FARC y que son implementados en los territorios donde hubo mayor incidencia del conflicto.

Actor	Sector	Importancia	Fecha	Tipo	Duración (minutos)	Locación
Ángela Salazar Murillo^[3]+	Social -victimas	Líder social que ha trabajado con víctimas: reinserción, reintegración, proceso de paz con EPL, AUC y FARC en la región de Urabá. Defensora de Derechos Humanos y una de las 11 Comisionadas de la Verdad.	24/05/2019	Presencial	28:33	Medellín
Carlos Páez	Social-víctimas	Líder social que ha trabajado con víctima, específicamente en lo concerniente a la restitución de tierras	24/05/2019	Presencial	17	Medellín
Entrevistado 3 (Solicitó no ser nombrado)	Religioso (católico) y social	Atención de personas en condición de desplazamiento y víctimas como consecuencia del conflicto armado desde hace más de 25 años.	06/06/2019	Video llamada (Skype)	35:14	Apartadó
Mario Agudelo	Político y social	Exalcalde de Apartadó, exconcejal de Apartadó y exdiputado de Antioquia. Desmovilizado del EPL.	28/05/2019	Presencial	45:37	Medellín

Municipio/ Año	1988	1990	1992	1994	1997	2000
Apartadó	UP	UP	UP	UP	AD M19-Esperanza, Paz y Libertad	Esperanza, Paz y Libertad (Coalición)
Carepa	Liberal	Liberal	Liberal	Liberal	Esperanza, Paz y Libertad	Liberal
Chigorodó	Liberal	Liberal	UP	Liberal	Liberal	Liberal
Turbo	Liberal	Liberal	UP	Liberal	Coalición	Coalición
Mutatá	UP	UP	UP	UP	Liberal	Liberal

Municipio	Partido/ movimiento	1988	1990	1992	1994	1997	2000
Apartadó	Liberal	5	4	4	3	5	5
	UP	6	6	6	4
	Esperanza, Paz y Libertad				5	6	5
	Conservador		1	1		1	1
Carepa	Liberal	8	8	5	7	6	9
	UP	3	2	2	2
	Esperanza, Paz y Libertad			1	2	5	4
	Conservador		1		1
Chigorodó	Liberal	7	7	5	7	9	13
	UP	5	5	5	3
	Esperanza, Paz y Libertad			1		1	2
	Conservador	1		1
Turbo	Liberal	8	7	7	8	11	7
	UP	4	4	3	3
	Esperanza, Paz y Libertad			2	2	4	3
	Conservador			1