ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PROCESO DE DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN: CASO FILIPINAS (MNLF/MILF) Y COLOMBIA (FARC-EP)

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DISARMAMENT, DEMOBILIZATION AND REINTEGRATION PROCESS: CASE OF THE PHILIPPINES (MNLF / MILF) AND COLOMBIA (FARC-EP)

Jorge Andrés Acosta Strobel
Institución Universitaria Esumer, Colombia
jorge.acosta@esumer.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-3801-418X

Recibido el 16 de agosto del 2023 Aceptado el 11 de diciembre del 2023

Páginas 1-24

Financiamiento: La investigación fue autofinanciada por los autores.

Conflictos de interés: Los autores declaran no presentar conflicto de interés.

Resumen

El proceso de posconflicto es una de las etapas más exigentes en la vida política de los Estados, pues exige un sólido sistema de medidas garantizadas para adelantar exitosamente este proceso. Tanto Colombia como Filipinas, han tratado de concluir décadas de largos conflictos internos armados mediante procesos de negociación con los actores armados ilegales, cuyas motivaciones han oscilado entre las diferencias religiosas y lucha por la autonomía en el caso de Filipinas, y acceso al poder para el pueblo en el caso de Colombia. Ambos países en el marco del proceso de paz, propusieron implementar mecanismos técnicos políticos y sociales de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). El objetivo del siguiente artículo es comparar dichos procesos de DDR que se han adelantado con los grupos armados internos en ambos países. Como hallazgo, se encontró que el carácter cambiante de la naturaleza de los conflictos y el creciente movimiento de las disidencias tanto en Filipinas como en Colombia, han puesto en algunos casos los procesos de DDR en cuestión.

Abstract

The post-conflict process is one of the most demanding stages in the political life of States, as it requires a solid system of guaranteed measures to successfully advance this process. Both Colombia and the Philippines have tried to conclude decades of long internal armed conflicts through negotiation processes with illegal armed actors, whose motivations have ranged from religious differences and struggle for autonomy in the case of the Philippines, to access to power for the people in the case of Colombia. Both countries, in the framework of the peace process, proposed to implement technical political and social mechanisms for disarmament, demobilization and reintegration (DDR). The objective of the following article is to compare these DDR processes that have been carried out with internal armed groups in both countries. As a finding, it was found that the changing nature of the nature of the conflicts and the growing movement of dissidents in both the Philippines and Colombia have, in some cases, called DDR processes into question.

Introducción

Colombia y Filipinas comparten, guardando las proporciones, una historia en común que va más allá de la herencia española y es el conflicto armado que los ha aquejado durante la segunda parte del siglo XX y parte del XXI, así como también, los procesos de negociación y acuerdos de paz que han suscrito con los distintos grupos armados al margen de la ley que han hecho presencia en el territorio.

Durante los más de 50 años del conflicto armado en Filipinas, se reconocen la presencia de grupos guerrilleros, como: New People Army (NPA), vinculado a la lucha por la tierra; Moro National Liberation Front (MNLF) en español, Frente Moro de la Liberación Nacional, cuyos ideales se basaban en la autonomía del pueblo moro; Abu Sayyaf, grupo radical islámico acusado de mantener relaciones con Al Qaeda; y el Moro Islamic Liberation Front (MILF), escisión del MNLF que reivindica el nacionalismo regional del sur, es decir, de la isla Mindanao y el archipiélago de Sulu para que ésta área se convirtiera en una sociedad manejada por las leyes religiosas islámicas, contrario a la sociedad mayoritaria en Filipinas que son cristianos. Es importante destacar que el MNLF y MILF adelantaron procesos de paz con el Estado filipino.

Filipinas es un país insular del continente asiático, predominantemente cristiano, pese a la alta influencia musulmana en la parte sur del archipiélago (Mindanao). Se podría señalar que el conflicto armado filipino data desde 1969 cuando inicia la lucha armada por un estado independiente y en oposición a la dictadura de Marcos; no obstante, se subraya que las tensiones entre los grupos minoritarios, musulmanes e indígenas han sido históricas. De acuerdo con Deinla (2018) desde 1970 hasta la fecha, 120.000 personas han muerto como resultado o incidencia del conflicto y el desplazamiento de dos millones de personas (Fisas V. , 2011).

El MNLF firmó la paz en 1996 pactando, en los acuerdos de Manila gobernar la región autónoma del Mindanao musulmán, reincorporarse a la vida civil e integrar las fuerzas de seguridad estatales; por consiguiente, en relación con este acuerdo se fijaron mecanismos para la rehabilitación social de los excombatientes en torno a oportunidades sociales y económicas así como también el ingreso a las fuerzas castrenses (policía y militares) (Alba Cuéllar, 2013); no obstante, facciones islámicas radicales se opusieron a los acuerdos de Manila, de modo que el conflicto armado continuó y emergió el MILF, que se consolidó como el principal oponente al gobierno filipino hasta el 2014, año en que firmó la paz bajo el Acuerdo Global de Bangsamoro.

En lo que refiere a Colombia, la violencia, se reconoce como el periodo histórico de mitad de siglo XX, donde hubo alta confrontación materializada, de acuerdo con Camacho Guizado (1988) en el ámbito socio-económico, socio-político, socio-cultural y territorial, por la distribución inequitativa de los recursos, la pugna armada por el poder del Estado, los pocos niveles de tolerancia social y la lucha por el territorio frente a quienes representan los modelos de acumulación capitalista.

Durante el periodo de la violencia vivido por Colombia se reconoció la presencia de grupos guerrilleros como el Ejército Popular de Liberación (EPL); la Corriente de Renovación Socialista (CRS); el Movimiento 19 de abril (M-19) (que entró en acción en 1970 con una orientación sandinista y un modelo guerrillero inicialmente urbano); el Movimiento armado Quintín Lame (MAQL) (organización guerrillera de orientación indígena enraizada en las comunidades del Cauca); el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (de corte foquista) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (de corte agrarista-comunista). De los movimientos aludidos, varios de ellos se desmovilizaron durante el periodo del Presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990) (Palacios, 2002); no obstante, también emergió una violencia intensiva propia del narcotráfico que trajo consigo el establecimiento de fuerzas del crimen organizado, además de grupos paramilitares. Se estima que las más de cinco décadas de conflicto armado colombiano, han dejado más de 8.493.100 víctimas por hechos derivados del conflicto armado (Unidad de Víctimas, 2019).

En lo que respecta a las FARC-EP, se señala que el 26 de agosto de 2012 inició bajo una agenda de seis puntos el "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", que finalizó el 24 de noviembre de 2016 con la firma del Acuerdo Final, resultado de la renegociación con los voceros del “No” luego de que éste triunfara (50.21%) frente al 49.78% de los que votaron por el “Sí a la paz” en el plebiscito adelantado para refrendar el acuerdo (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016).

Tomando en consideración el panorama anteriormente expuesto, esta investigación pretende comparar los procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) adelantados en Colombia (con las FARC-EP) y Filipinas (con el MNLF y MILF) a partir de la revisión de algunas categorías de análisis, tales como: proceso de dejación de armas, financiación, proceso de desmovilización, proceso de reintegración, disidencias, víctimas y vigencia del acuerdo.

Durante el siglo XX en varias locaciones a nivel global, se evidenció la emergencia de grupos armados que encontraron en esta forma de lucha, (alzamiento en armas) el medio para luchar contra las tiranías, regímenes políticos, fundamentalismos religiosos, injusticias, entre otras motivaciones. Lo anterior ha llevado a la emergencia de guerrillas y grupos paramilitares los cuales desataron una violencia propia de su accionar y producto de la confrontación entre ellos, que ha dejado como resultado, un número importante de víctimas al margen de la dinámica de los actores ilegales.

Lo anterior deriva en la violencia, que genera a su vez, muertes, secuestros, miedo, desplazamiento forzado, migración, deseos de venganza, xenofobia, y la fragmentación de un pueblo que clama por la paz o que, por el contrario, apuesta a la guerra como mecanismo de lucha contra grupos insurgentes.

En el ámbito del desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes (DDR) se puede establecer como un proceso que viene organizado de manera técnica posterior a la Segunda Guerra Mundial, se debe especificar que los procesos de DDR pueden estar vinculados a guerras civiles o guerras internas de baja intensidad (Rufer, 2006; Universidad Militar Nueva Granada, 2013; Contraloria General de la Nación, 2014). La ONU define el DDR como:

proceso que contribuye a la seguridad y la estabilidad en un contexto de recuperación posterior al conflicto al quitar las armas de las manos de los combatientes, sacar a los combatientes de las estructuras militares y ayudarlos a integrar social y económicamente en la sociedad mediante la búsqueda de medios de vida civil (ONU, 2021).

El DDR es un procedimiento complejo, multi-variable que contempla diversas dimensiones como la militar, política, de seguridad, socioeconómica y humanística (Moliner Moreno, 2015). El DDR no es sencillo en su aplicación, debido a que es una etapa intermedia entre el acuerdo de paz y el posconflicto, es de allí que estos procesos deben venir con elementos complementarios para consolidar los procesos de confianza de la sociedad civil y por ende promover la paz. Aun así, se debe especificar que el proceso de DDR no garantiza la paz duradera, sin embargo, es uno de los procesos para que contribuyen a ella.

Lo anterior de algún modo, permite comprender que el DDR busca una recuperación posterior al conflicto, donde se busca que la violencia no se recrudezca, si no, por el contrario, desaparezca, aun así, es de vital importancia establecer cada uno de las definiciones que engloban el acrónimo de DDR.

En primera instancia se tiene el concepto de desarme que, según las Organización de las Naciones Unidas para el Desarme, la Desmovilización y la Reintegración (también conocida por sus siglas en inglés como UNDDR), es la recolección, documentación, control y eliminación de armas pequeñas, municiones, explosivos, armas ligeras y pesadas de combatientes y, a menudo también de la población civil que se encuentre secuestrada. El desarme también incluye el desarrollo de programas responsables de manejo de armas, el cual es muy importante para los procesos de no reintegración de las armas (UNDDR, 2011). Si bien, este concepto es aportado por la UNDDR, la Contraloría General de la Nación de Colombia (2014), explica adicionalmente que este proceso debe ser observado por militares, países u organismos multilaterales que sean veedores del proceso de la recolección y municiones usadas.

Por su parte, el concepto de desmovilización es la asistencia ofrecida a los excombatientes durante esta etapa, la cual se da antes del proceso de reintegración que es de más largo plazo. Con base en lo anterior, es importante establecer que la desmovilización implica la reducción de excombatientes pertenecientes a un grupo armado, es por ello que desde la visión de la Contraloría General de la Nación (2014), se establece que el proceso de desmovilización debe contemplar seis etapas que son: (i) planificación, (ii) concentración de los combatientes en campamentos temporales, (iii) registro en bases de datos, (iv) entrega de armas, (v) orientación antes de la desmovilización, y (vi) licenciamiento absoluto de los excombatientes.

Lo anterior implica que la planificación es vital para el éxito de la desmovilización de los excombatientes a la vida civil, y más aún debe estar presente en el proceso de reintegración. Si bien, la ONU establece un año para el proceso de desmovilización, aun así, en estudios realizados por autores como Alonso Espinal & Valencia Agudelo (2008), Vicenç Fisas (2010; 2011) y Fundación ideas para la paz (2014), se evidencia que la desmovilización no necesariamente debe durar un año o menos, si no que dependiendo del caso se puede prolongar más tiempo, en aras de buscar mecanismos para una paz duradera, evitando que los grupos que se están desmovilizando se rearmen o creen disidencias.

La reintegración es una forma de auxilio de transición para ayudar a cubrir las necesidades básicas de los excombatientes y sus familias y puede incluir subsidios de seguridad de transición, alimentos, ropa, vivienda, servicios médicos, educación a corto plazo, capacitación, empleo y herramientas. Si bien, la reintegración es un proceso de desarrollo social y económico éste es continuo a largo plazo, en este caso la reintegración necesita asistencia material o financiera a corto plazo para satisfacer las necesidades inmediatas de los excombatientes (ONU, 2021).

el proceso por el cual los excombatientes adquieren estatus civil y obtienen empleo e ingresos sostenibles. La reintegración es esencialmente un proceso social y económico con un marco de tiempo abierto, que tiene lugar principalmente en las comunidades a nivel local. Es parte del desarrollo general de un país y una responsabilidad nacional, y a menudo requiere asistencia externa a largo plazo (2021, pág. 19).

En este caso es importante considerar que los ingresos a este tipo de población deben ser de manera regular, por lo cual se debe tener en cuenta una integración social y económica, en el caso de algunos grupos armados, también se puede negociar dentro de este punto la participación política, como es el caso de las FARC-EP en Colombia. Dentro de los aspectos para la ejecución de la reintegración se debe previamente tener los siguientes aspectos: 1. formulación de una política nacional, 2. apoyo estatal para fortalecer a los ejecutores regionales, 3. Atención humanitaria en las regiones, 4. transporte y reubicación de las personas hacia territorios seleccionados para su asentamiento, 5. pagos de subsidios y 6. programas específicos de atención psicológica, económica y social (Contraloria General de la Nación, 2014, pág. 6).

Dentro de los procesos de DDR se debe aclarar que no solo se le conoce como combatiente a aquel que ha estado vinculado a un grupo armado, sino que también a toda la población que está vinculado al mismo, sin empuñar un arma, como los transportistas, médicos y administradores. De igual manera según Gleichmann, Odenwald, Steenken, & Wilkinson (2004), se deben contemplar a los individuos que han sido secuestrados o que han sido violentados de alguna forma (sexual, física, psicológica, entre otras) y que posteriormente han pertenecido al grupo armado.

De igual forma, el proceso de DDR no se tiene que generar al inicio de un proceso de paz, éste se puede hacer durante otra fase, según la UNDDR (2011), los procesos de esta índole deben buscar que exista una voluntad entre las partes del conflicto y una perspectiva de una paz a largo plazo por lo que los programas deben ser flexibles para los implicados, así pues, un programa de DDR siempre deberá ser parte de la agenda de un proceso de paz puesto que el efecto es práctico para que exista un motivante más para la búsqueda de la paz, por ejemplo, en el caso colombiano se evidencia que en la agenda de negociación el programa de DDR se analizó en el tercer punto del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC que fue el “acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas” (Oficina de Altocomisionado para la Paz, 2018).

La investigación es de corte cualitativo dado que el objeto de estudio es un fenómeno social de interés nacional, como lo es en este caso el proceso de DDR en dos casos de estudio a saber: Filipinas y Colombia, países que adelantaron dicho proceso en el marco de sus procesos de paz. Adelantar una investigación que ayude a comprender y explicar el avance en relación con este acontecimiento resulta relevante y una asignatura pendiente.

La investigación también es documental, en tanto se basó exclusivamente en fuentes secundarias y a su vez oficiales para la comprensión y análisis del objeto de estudio en mención. En este orden de ideas se indagó información en el Instituto de Estudios sobre conflictos y Acción Humanitaria, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Unidad de Víctimas, Contraloría General de la República de Colombia, ONU además de consultar investigaciones en bases de datos académicas y repositorios de tesis doctorales. En aras de contrastar los datos recopilados se revisó información periodística de prensa como Mindanews, El Tiempo y The Diplomat.

Por ùltimo desde el tipo de conocimiento que esta investigación pretender brindar se señala que es de tipo comparativo en tanto busca establecer mediante un procedimiento ordenado, lógico y sistemático, diferencias y semejanzas en relación con un hecho comparable como lo es el proceso de DDR a partir de la comparación de varios atributos y aspectos históricos.

En lo que concierne a los grupos ilegales filipinos, se reconoce que MNLF firmó la paz en el año 1996 mientras que el MILF, disidencia que se apartó por casi dieciocho años del proceso inicial, hizo lo propio en el año 2014 bajo el Acuerdo Global de Bangsamoro. Según el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (2016) en lo que concierne a número de desplazamiento interno que ha dejado el conflicto se estima que “solo desde 2000, cuatro millones de personas desplazadas han tenido que abandonar por los enfrentamientos, de los cuales alrededor de 63.000, conforme a los datos recogidos por OCHA, siguen viviendo en centros de evacuación y asistencia”, la mayoría de estas personas proviene de la región autónoma de Mindanao, región que ha sido epicentro de disputa y conflicto.

En lo que refiere a las FARC-EP, se señala que esta agrupación firmó el acuerdo de paz en el año 2016; no obstante, tras casi cinco años de haber concluido el proceso de paz, también han surgido disidencias minoritarias que se marginaron del proceso en la Habana; aspecto sobre el cual se ahondará en los análisis sobre desmovilización y reintegración. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, -ACNUR- (2017), desde 1985 hasta la fecha, se registran 7,7 millones víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, como producto de la disputa y enfrentamiento entre grupos armados ilegales que han hecho presencia en el territorio nacional.

Ahora bien, teniendo en cuenta que los procesos de DDR son ante todo una etapa de alta complejidad, en tanto implican transitar hacia escenarios de construcción de paz, legalidad y confianza que no se agotan con la firma del acuerdo de paz, el proceso de desarme filipino y colombiano evidencia diferencias notorias, incluso entre los procesos llevados a cabo con grupos ilegales del mismo país (caso MNLF y MILF).

Para empezar, el proceso de desarme del MNLF tuvo sus matices, los cuales llevaron a considerar que no hubo un proceso de desarme en sentido estricto, teniendo en cuenta las fases de recolección, documentación, control y eliminación de armas ligeras y pesadas de los combatientes que comprometen este proceso. Los matices a los que se hace alusión, son:

1) Un gran número de integrantes del MNLF ingresaron a las filas de la Policía Nacional de Filipinas (PNP) y las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP), así quedó establecido en el acuerdo: “The Philippine Government shall allocate one thousand five hundred (1,500) PNP vacancies for this purpose to be filled up by MNLF elements during the transition period, and another two hundred fifty (250) items for special or auxiliary services” (United Nations Peacemaker, 1996, pág. 09). Por consiguiente, se podría señalar que hubo un proceso de unión, donde más de la mitad de los combatientes del MNLF fueron reclutados por la policía y el ejército nacional filipino.

2) La mitad de los integrantes entregó algunas armas a través del programa de recompra Balik-Baril (Return Gun) cuya pretensión era “bring a rifle and improve your livelihood”; sin embargo, el programa no tuvo el éxito esperado en tanto se recibieron 4874 armas de fuego de baja calidad según informe presentado por Stanford University (2015).

Por otro lado, el proceso de desarme del MILF fue un punto álgido en las negociaciones con esta agrupación, de hecho, implicó esfuerzos adicionales que vieron la luz en el año 2014 con el anexo de normalización del acuerdo. Siendo así, el desarme se concibió como un proceso paulatino, materializado en cuatro fases, e inició, con la entrega ceremonial de 20 armas servidas por la tripulación y 55 armas de fuego de alta potencia (Mindanews, 2019), esto es 75 armas confiscadas y guardadas bajo llave. Las fases debían iniciar inmediatamente después de la ratificación del acuerdo, con el desmantelamiento del 30% de sus armas y fuerzas. Las fases posteriores, debían continuar con el desarme paulatino de los porcentajes restantes hasta completar el 100%. Para la verificación de este proceso, el MILF accedió al monitoreo por parte de una comisión internacional denominada Independent Decommissioning Body (IDB) “The IDB shall be composed of three (3) foreingn experts including the chairperson, and four (4) local experts jointly nominated by the Parties. The Parties shall invite three (3) States to provide the foreign experts” (Independent Decommissioning Body, 2014), a la fecha, este proceso se sigue implementando.

El punto número 3 del acuerdo de paz, denominado “fin del conflicto” suscrito entre el Estado colombiano y las FARC-EP, contiene entre los sub-puntos, el proceso de dejación de armas y lo concibe como “un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la Organización de Naciones Unidas (ONU) recibe la totalidad del armamento de las FARC para destinarlo a la construcción de monumentos acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP” (Alto Comisionado para la Paz, 2016, pág. 66). El proceso contó con un componente internacional para el mecanismo de monitoreo y verificación integrado por observadores de la ONU, principalmente observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC).

Sin embargo, hay que mencionar también que las negociaciones de paz tanto en el caso colombiano como en los dos casos filipinos involucraron un amplio grupo de los actores externos tanto institucionales como estatales, en este último se pudo observar el papel dominante de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en tanto comenzó a participar en el proceso a partir del 2011 cuando estaba de Secretario general el señor Ban Ki-Moon (2007-2016) y fue la encargada de la coordinación del mecanismo, monitoreo y verificación (MMV) que se hizo para el acuerdo de cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitivo, asì también ocurrió lo propio, en el caso colombiano.

En lo que refiere al caso colombiano, se destaca la participación de Noruega, que jugó un papel importante como mediador, así como en la definición de las zonas más contaminadas de minas antipersonas, artefactos improvisados, municiones y material explosivo (Alto Comisionado para la Paz, 2017). También sobresale el apoyo de Federica Mogherini, comisionada para la política exterior de la Unión Europea, quien aseguró la importancia del proceso de paz para la UE y se comprometió a otorgar una ayuda económica de 575 millones de euros en el 2015, además de incentivar la creación de un fondo multidonante en el marco del Banco Mundial (Delegación de la Unión Europea en Colombia, 2016).

No se puede desconocer el papel de los actores estatales en el proceso de paz en Colombia que incluyó la participación de Cuba, Venezuela y Chile. El primero, como actor crucial, que se ofreció como lugar de negociaciones. Venezuela, el territorio de la cual han usado las FARC-EP como retaguardia logística entró al proceso en la situación de mejora de las relaciones bilaterales con Colombia. En el marco de esta situación Venezuela se mantuvo en la posición de garante de todo el proceso. Finalmente, Chile representado por oficiales de gobierno país que participó de manera contundente no solo en la fase de diagnóstico preliminar y pre-negociación, sino también activamente en fases de formulación, fase de detalles, fase de cierre del acuerdo y fase de evaluación (Guerrero & Matamoros, 2017).

Los actores externos en el caso de los procesos de paz en Filipinas abarcaron una amplia escala de actores. El conflicto con el MNLF creó, casi inmediato, el interés de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) que mantuvo el rol activo en las negociaciones hasta el acuerdo final con este grupo en 1996. El interés de la OCI en el conflicto de Mindanao, involucraba la minoría musulmana regional y el gobierno mayoritario cristiano, que buscaba asegurar la solución pacífica del conflicto evitando profundizar el conflicto por la línea religiosa. Entre los puntos más importantes para esta organización estaban promover la solidaridad pan-islámica y garantizar la posición de los musulmanes en Filipinas.

Japón, Noruega y la Unión Europea también aportaron una parte importante a este organismo de mediación, particularmente la participación de Japón en el proceso de paz se mostró como un aporte instrumental. Japón generalmente está visto por los participantes en el conflicto de Filipinas como un socio deseable no solo por ser uno de los países más ricos en Asia, sino también por su recurrente trayectoria en los procesos de paz y la vecindad con Malaysia y Filipinas. Además, Japón es el mayor donante de ayuda humanitaria de Filipinas a través de su agencia JICA. Todo eso subió la posición de Japón y su aceptabilidad para ambas partes del conflicto.

El conflicto en 2003 causó pérdidas de 2.6 millones euros a la infraestructura y está estimado que desde 2000 quedaron casi 3.5 millones de personas desplazadas. El conflicto tenía un gran impacto sobre los proyectos financiados por parte de Unión Europea y también afectó de manera grave la posibilidad de recibir la inversión extranjera directa como la herramienta de disminuir las disparidades sociales (Collier, 2006)

A diferencia de los procesos de dejación de armas adelantados con las dos agrupaciones ilegales de Filipinas, en Colombia, el proceso se adelantó en dos tiempos; 1) control de armamento; que involucra los procedimientos técnicos de registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, así como, 2) Dejación de armas; que contiene los procedimientos de recolección, almacenamiento, extracción y disposición final del armamento. El consolidado final de las actividades de dejación de armas de las FARC-EP supervisado por la ONU arrojó que se entregaron 8994 armas entre las que están: 1817 pistolas, 170 revólveres, 6177 fusiles de asalto, 28 armas de precisión, 6 escopetas, 13 submetralladoras y 274 ametralladoras, 12 lanzacohetes, 229 lanzagranadas así como 268 morteros, además de municiones, explosivos y granadas (Alto Comisionado para la Paz, 2017). De acuerdo con el acuerdo de paz de la Habana, la disposición final del armamento decomisado a este grupo guerrillero tenía como finalidad la construcción de tres monumentos ubicados en Bogotá, Nueva York y La Habana que representarían el fin de la guerra, de los cuales el 10 de diciembre de 2018 fue inaugurado en Bogotá el primer monumento a la paz titulado “Fragmentos” a cargo de la artista Doris Salcedo y el 29 de agosto de 2019 en el patio de esculturas de Nueva York el segundo monumento titulado “Kusikawsay” del artista Mario Opazo.

En síntesis, se podría decir que los procesos de dejación de armas adelantados con el MNLF, MILF y FARC-EP guardan matices y diferencias notables en su concepción y devenir, por lo que no existe una formula o ecuación exacta que estructure paso a paso los procedimientos y tiempos a cumplir. Incluso, el aspecto de dejación de armas, resulta ser muchas veces un elemento difícil de negociar y de establecer en un acuerdo (ver cuadro 1).

En el caso del proceso de dejación de armas de la guerrilla de las FARC-EP, se encontró que éste fue un procedimiento mucho más organizado y estructurado en relación con el proceso del MILF (disidencia) en tanto este último enfrentó dificultades en el proceso de negociación, razón por la cual no quedó estructurado en el acuerdo sino en un anexo complementario. En lo que refiere al proceso adelantado con el MNLF más que desarme hubo proceso de integración en las filas de la fuerza pública (policía y ejército filipino). Se destaca como un aspecto positivo, la participación de una comisión internacional en el monitoreo y verificación del proceso.

En lo que refiere al proceso adelantado con el MNLF en Filipinas, el ejército enfrentó durante mucho tiempo una serie de desafíos internos y externos incluyendo insurgencias, desastres naturales y las disputas territoriales con los países vecinos. Sin embargo, el gasto innecesario y la falta de continuidad afectó el presupuesto militar del país, hecho que se ha ido corrigiendo por medio de la planeación y la Ley de modernización de fuerzas militares armadas de la República de Filipinas planteada con horizonte hasta 2028 (Parameswaran, The Diplomatic Sitio web, 2019).

La composición del presupuesto está reflejando las realidades estructurales de Filipinas. Todas las partes, que componen el Ejército de Filipinas vieron un aumento de presupuesto. El presupuesto en total destinado a las fuerzas armadas filipinas es de 188.6 billones (3.6 billones USD) de pesos filipinos, el ejército tiene la mayor parte de éste con 91.5 billones de pesos filipinos, la Armada filipina 29 billones de pesos, las fuerzas aéreas 25.9 billones y el mando general 36.8 billones de pesos (GlobalData, 2020).

Hay que destacar que el presupuesto militar más grande de Filipinas alcanzó su punto más grande en el año 2016, parcialmente con aumento de las tensiones en el Mar del Sur de China, llegando el presupuesto militar a significar una participación del 1.2 % de PIB de Filipinas (Trading Economics, 2019); sin embargo, aunque se trata de aumento de recursos para todas las ramas de la fuerza pública filipina, hay que mencionar que el presupuesto militar no pudo alcanzar el presupuesto para la Policía, donde se contabilizó un aumento de 30%, dato que refleja claramente las prioridades de seguridad del presidente Rodrigo Duterte-, las cuales son: terrorismo, insurgencia, narcotráfico y criminalidad (Parameswaran, The Diplomatic Sitio web, 2019).

El acuerdo de Manila de 1996 especificó que en vez del proceso de desmovilización de los miembros del Frente Moro de la Liberación Nacional (MNLF), la mayor parte de sus combatientes iba a ser integrada en las Fuerzas Armadas de Filipinas. El acuerdo estaba contemplando que 5.750 miembros del MNLF estarían integrando en las fuerzas armadas directamente y otros 250 en las fuerzas auxiliares. Para el año 1998 más de la mitad de los ex combatientes de MNLF estaban integrados en las estructuras de Fuerzas armadas y Policía Nacional de Filipinas (Caramés Boada, 2009). El proceso finalizó en el año 2000 con 7500 ex miembros de MNLF integrados a esas estructuras (Bertrand, 2015).

Dentro del marco del acuerdo se contempló la contribución de gobierno filipino a los familiares de los excombatientes de MNLF mediante ayuda económica, inclusive la implementación de los proyectos del desarrollo de infraestructura, reeducación y desarrollo de programas económicos (Plank, 2015).

Con respeto al acuerdo de paz firmado en el 2014 con el Frente Moro Islámico de Liberación (MILF) se acordaron las siguientes condiciones: de los 12.000 combatientes, 30% se desmovilizaría después de la entrada del acuerdo en la vigencia, el restante 70% en dos fases siguientes cada una abarcando 35% del personal hasta el año 2022, fecha en la que la administración transicional de Bangsamoro iba a ser reemplazada por los resultados de las elecciones así como la autonomía de región en mención (Gómez, 2019).

Al igual que como sucedió con el MNLF, dentro del marco del acuerdo se contempló la integración de los excombatientes de MILF en las Fuerzas Armadas Filipina para la región autónoma de Bangsomoro. Durante el proceso de desmovilización se crearon territorios de concentración y normalización para los combatientes: Campo Bilal en Lanao del Norte and Lanao del Sur, Campo Omar ibn al-Kattab en Maguindanao, Campo Rajamudah en North Cotabato and Maguindanao, Campo Busrah Somiorang en Lanao del Sur y Campo Abubakar as-Siddique en Maguindanao (Sarmiento, 2019); sin embargo, en el caso de MILF se puede hablar de la desmovilización escalonada en 4 fases:

Primera fase: retirada de las fuerzas militares de filipinas de las zonas de combate con los rebeldes y la creación del cuerpo gubernamental para el desmembramiento de los grupos armados privados liderado por Turquía, Noruega, Brunei y representante de MILF y del gobierno filipino (IDB 2019).

Segunda fase: termina con la ratificación de la Ley básica de Bangsamoro y desmovilización del 30% de sus combatientes y armas.

Tercera fase: abarca la ratificación de la Ley 11054 RA (Acto de República), la cual establece la entidad política autónoma bajo el nombre “Región autónoma de Bangsamoro”, hasta el establecimiento y creación de bases operativas de la fuerza policial de Bangsamoro, lo que debe llevar a la desmovilización de un 35% de los miembros de MILF (Business World, 2015).

Cuarta fase: el proceso de desmovilización se extiende hasta las elecciones, los combatientes de MILF van deben entregar armas a cambio de una amplia autonomía para la provincia de Bangsamoro. Allí está contemplado el otro 35%.

Dentro de este proceso de desmovilización también se contempló la ayuda económica para los excombatientes de un paquete socioeconómico que abarca el valor de 1.000.000 de pesos filipinos equivalentes a 1925 USD, dividido en 100.000 pesos en efectivo y el resto en beneficios de salud, proyectos de vivienda, escolaridad de los hijos de los combatientes y los programas de educación y entrenamiento para los empleos en la esfera civil (Bangsamoro Information, 2019).

Ahora bien, en el caso de la desmovilización con el grupo de las FARC- EP y el gobierno de Colombia, hay que destacar el acuerdo del 2016, no fue el primer intento de firmar el tratado de paz ya que, desde la presidencia de Virgilio Barco en 1982, se conocen antecedentes de intentar normalizar las relaciones con los grupos guerrilleros a través de la firma de tratados de paz.

Previo a la negociación del 2016, se creó la Agencia para Reincorporación y la Normalización (ARN) cuyo objetivo es crear un plan de implementación pedagógico, firme y efectivo para acoger y poder reconciliar e incorporar a la sociedad a los excombatientes a la vida civil, y a la vida legal; en otras palabras, transformar las localidades en donde hacen presencia, a través de atender sus necesidades básicas, ya que sin este plan implementado junto con los acuerdos, no sería posible cumplir el efecto esperado. Para el fin del conflicto, según el acuerdo, están planeadas unas zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), éstas zonas son: Cesar: La Paz; Norte de Santander: Tibú; Antioquia: Remedios, Ituango y Dabeiba; Tolima: Planadas, y Villarica;Cauca: Buenos Aires y Caldono; Nariño: Policarpa y Tumaco; Putumayo: Puerto Asis; Caquetá: Montañita y Cartagena del Chairá; Arauca: Arauquita y Tame Meta: Macarena, Mapiripán, Mesetas y Vistahermosa; Vichada: Cumaribo; Guaviare: San José del Guaviare (este) y San José del Guaviare (oeste). Además, los ocho campamentos especiales que también fueron definidos por las partes en La Habana que son: Guajira: Fonseca; Antioquia: Vigía del Fuerte Chocó: Riosucio; Córdoba: Tierra Alta; Cauca: Corinto; Caquetá: San Vicente; Meta: Losada y Macarena así como Guainía: Puerto Colombia (Alto Comisionado para la Paz, 2016).

Mientras las ZVTN estén en funcionamiento, las FARC-EP se hacen responsables de sus combatientes dentro de dichas zonas, por lo tanto, la salida provisional de combatientes de las FARC-EP de los campamentos se hace sin armas y de civil. Las autoridades civiles no armadas pueden ingresar permanentemente a las ZVTN sin ninguna limitación, excepto al área de los campamentos donde están ubicadas las estructuras de las FARC-EP (Alto Comisionado para la Paz, 2016).

Por otra parte, hay que destacar que para los ex combatientes de las FARC-EP se ofrecieron garantías para la reincorporación económica y sostenible. Cada ex combatiente de las FARC- EP tiene derecho recibir la renta básica, la cual consiste en:

Cada uno (a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC-EP a partir de la terminación de las ZVTN y durante veinticuatro (24) meses, recibirán una renta básica mensual equivalente a 90% del SMMLV, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos. Con posterioridad a este término, se otorgará una asignación mensual de acuerdo con la normatividad que se expida para ese efecto y no menor a la que haya estado vigente siempre y cuando el beneficiario acredite que ha continuado su ruta educativa en función de los propósitos de reincorporación. Para lo anterior, el Gobierno constituirá un encargo fiduciario (Alto Comisionado para la Paz, 2016).

Sin embargo, al momento de la terminación de las ZVTN cada miembro de las FARC-EP recibirá una asignación de normalización de 2 millones de pesos colombianos (Alto Comisionado para la Paz, 2016).

En lo que refiere a las disidencias, se destaca la emergencia en la región del sur de Filipinas de “Luchadores por la Libertad Islámica del Bangsamoro”, que se constituyó como la disidencia del MILF en diciembre de 2010 (siendo el propio MILF la disidencia de Frente Nacional de la Liberación de Moro). Con la muerte del líder Salamat, los objetivos de los movimientos cambiaron y la demanda consensual por la autonomía prevaleció a las intenciones de la independencia total por parte de los grupos guerrilleros. Sin embargo, no todos los miembros de MILF, estaban de acuerdo con este cambio de programa y uno de ellos, el líder de frente 105 de esta organización Umbra Kato formó un nuevo grupo de disidencia, LLIB, con el objetivo de continuar la lucha y establecer el Estado islámico para los musulmanes en el sur de Filipinas (Chalk, 2013).

La existencia de este grupo está creando cierta incertidumbre sobre las prospectivas de una paz duradera en la región de Mindanao y está poniendo en cuestión el control de los líderes de MILF sobre sus propios guerrilleros (Cox, 2011). Además, los miembros de LLIB desataron una campaña de ataques y sabotaje contra las fuerzas armadas y policiales de Filipinas en el intento de sabotear el proceso de paz (International Crisis Group, 2012) de hecho para para poder reforzar su posición, el LLIB ha estado desarrollando lazos con otra organización disidente, el Grupo de Abu Sayáf, el cual se separó de Frente Nacional de Liberación de Moro en 1991, con la idea de crear un Estado islámico en Mindanao independiente, sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido en una organización criminal financiada con narcotráfico (Parameswaran, 2016).

En lo que refiere a las disidencias de las FARC-EP, es preciso señalar que también ha ido creciendo y se reconocen varios factores que contribuyeron a dichos procesos, a saber; uno es la relación estrecha con economías criminales, la alta presencia territorial en territorios donde el estado no ha podido copar espacios y de acuerdo con Fundación Ideas para la Paz (2018) la posición importante de los mandos medios con mucha influencia y capacidad de coordinación es uno de los más importantes.

Las disidencias de las FARC- EP se empezaron a organizar en el año 2016, a pesar de que la mayoría de este grupo armado optó por la transformación de la lucha armada en la lucha por el poder político dentro del sistema electoral colombiano, convirtiéndose en actores políticos (modelo implementado en Colombia también en otros procesos de desmovilización como los fue el de la guerrilla M-19 a finales de los años 1980s). Las disidencias de las FARC-EP, no están creando una estructura jerárquica, sino varias facciones cada una con características y motivaciones diferentes; sin embargo, las disidencias no son el único actor que ha emergido luego de la firma del pos-acuerdo, afirma Hernández Fernández (2018), que tampoco se pueden subestimar los denominados Grupos Delictivos Organizados (GDO) y los Grupos Armados Organizados- GAO, tal como los define la Directiva 015 de 2016.

El fenómeno de las disidencias se dio entre los miembros del Frente 1 Armando Ríos quienes decidieron no desmovilizarse y seguir en la lucha armada. El mando principal de las FARC- EP ha rechazado públicamente esta decisión, así como el uso del nombre advirtiendo que los disidentes van a estar perseguidos por las fuerzas oficiales del Estado colombiano (International Crisis Group, 2017). Según Johnson y Vélez (2020) han emergido 29 grupos de las disidencias de las FARC- EP en Colombia, algunos pequeños se agruparon en unidades más grandes, donde por ejemplo el Frente Jorge Briceño está juntando estructuras de los frentes 7, 40 y 62. Al mismo tiempo el proyecto “La Nueva Marquetalia” tiene 6 unidades en diferentes zonas del país.

Las estimaciones gubernamentales señalan que en el año 2020 entre 2500 y 2600 personas se cuentan entre las disidencias; no obstante, la concentración de estas fuerzas no está distribuida equitativamente. Grupos como frentes 28 y 18 cuentan con menos de 100 miembros mientras que otros con más de 300 (Papier & Johnson, 2020). Al mismo tiempo hay que añadir, que no todos los grupos disidentes ejercen el mismo nivel de violencia, pese a que la mayor actividad económica de estos grupos es la participación en el narcotráfico.

Uno de los puntos que más atención ha llamado internacionalmente es el regreso a las armas de antiguos miembros de las FARC-EP que gozaban ya de curules políticas en el congreso de la república, a las filas de la lucha armada, así como la creación del nuevo secretariado de dicha agrupación bajo el nombre de “La Dirección Nacional Segunda Marquetalia”, la cual sigue usando el nombre FARC-EP, con el objetivo de fortalecer su presencia inclusive en ciudades y deslegitimar la autoridad del Estado en el Cauca, Nariño y Chocó y zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador.

También, es importante señalar que no existe unificación de estos grupos por lo que sus capacidades están disminuidas por los conflictos internos entre ellas mismas. El gobierno de Colombia ha reaccionado frente a la organización de dichos grupos, ya que por un lado se aprobó la Directiva 37/ 2017 donde se reconoce el surgimiento de los grupos disidentes con una clara estructura de mando y control y participación en las hostilidades. Sin embargo, dicho documento no habla de ningún grupo en particular y las autoridades gubernamentales están ampliando estas caracterizaciones en la medida como están surgiendo (El Tiempo, 2019), pero también, a través de la táctica de combate, golpes aéreos contra la estructura militar y recompensa por la captura de sus integrantes (Semana, 2021).

Ambos procesos de paz a pesar de tener diferentes motivaciones para el conflicto armado, aplicaron los mecanismos DDR con aspectos similares como, por ejemplo: la concentración en las zonas rurales, la desmovilización gradual y la implementación de los programas económicos y sociales. En el caso de MNLF (Frente Nacional de Liberación de Moro) se aplicó la estrategia de ingresar a los ex miembros de esta guerrilla en las fuerzas armadas y fuerzas policiales de la República de Filipinas. El Frente Islámico de Liberación de Moro por otro lado, está en proceso de desmovilización y va de la mano con la creación de una zona autónoma en la región de Mindanao ya que depende tanto del cambio de constitución como de propuestas electorales, así como autonomía planeada para el año 2022.

Por otra parte, todos los grupos han mostrado interés en participar en procesos de paz, aunque durante el proceso, las filas radicales de cada grupo han creado sus disidencias, las cuáles han puesto en jaque u obstaculizado la etapa de pos-acuerdo; en el caso de Filipinas, a través de conexión con grupos radicales islamistas y en el caso colombiano, a través de la participación en el narcotráfico recurriendo además a prácticas cuestionadas de reclutamiento de menores debido a la poca base de personal combatiente.

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[1] A febrero de 2021, la última noticia que se conoció sobre el tema es que se propone crear una Comisión nacional de amnistía con el fin de acelerar el proceso de desarme de grupos armados en Filipinas (Anadolu Angency, 2021).

	MNLF	MILF	FARC-EP
Proceso de dejación de armas establecido:	Integrar filas de Fuerza Pública y recompra de armas	Paulatino escalonada (4 fases)	Organizado (2 tiempos)
Proceso de desarme o dejación de armas consagrado en:	Acuerdo de paz	Anexo de normalización del Acuerdo	Punto 3 del Acuerdo de paz
Supervisión:	No aplica	Independent Decommissioning Body (IDB)	Organización de Naciones Unidas (ONU)
Estado del proceso:	Culminado	En proceso^[1]	Culminado
Armas desmanteladas:	4874 armas	75 armas	8994 armas

Resumen

Abstract

Introducción

Marco teórico

Metodología

Resultados

Conclusiones

Referencias